Los entes o la inserción al sistema
Oscar A. Bottinelli

En estos días comenzaron los primeros escarceos sobre la integración de los entes autónomos y servicios descentralizados. El asunto es bastante complejo y cabe diferenciar dentro suyo varios temas:

Uno, si la dirección de estos organismos es asimilable a la conducción de una empresa privada cuyo propietario es el Estado o son organismos que en su ámbito aplican políticas de gobierno

Dos, si una integración política debe privilegiar la representación partidaria y sectorial sobre la calidad funcional de los miembros, o debe hacer predominar la calidad funcional aún a costas de la representatividad política.

Tres, si el número de directores debe ser lo más amplio posible para permitir una mayor representatividad, o por el contrario debe reducirse su número y consiguientemente acotarse la representación política y las posibilidades de control político directo.

Cuatro, si una integración política debe ser exclusiva de los partidos que compongan la mayoría de gobierno, o debe ser abarcativa de la la mayor parte del sistema político, en un juego de mayorías y minorías, de mayoría que gobierno y minoría que controla.

Recordemos que en la Constitución de 1952 los directorios se integraban con cinco miembros, elegidos tres por la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno y dos por la minoría, lo cual supuso que los tres primeros miembros respondían a la totalidad del partido mayoritario, y los dos restantes a la fracción mayoritario del segundo partido. La Constitución de 1967 (inmodificada en este punto) establece que los designa el Poder Ejecutiva previa venia del Senado otorgada por 18 votos en primera instancia, o por 16 votos sesenta días después. En otras palabras, requiere como mínimo mayoría senatorial y como normal algo más que la mayoría absoluta aunque menos de los tres quintos.

El concepto de integración de los entes en forma de mayoría y minoría se aplicó por acuerdo político en la segunda mitad de los años cuarenta, luego (ya con el formato de tres y dos en los directorios de cinco miembros, y de dos y uno en los de tres) por imperio constitucional en los cincuenta y segunda mitad de los sesenta, y por la necesidad de acuerdos políticos que conjugasen las mayorías requeridas constitucionalmente, a partir de la restauración institucional.

Los cambios de la composición del electorado y consecuentemente del Parlamento suponen un cambio cualitativo en la forma de ver la integración de los entes autónomos. En forma inequívoca hasta 1984, la presencia de colorados y blancos supuso la presencia de dos partidos con representación de no menos de las tres cuartas partes del electorado y del Parlamento. Hoy, por el contrario, la conjunción del Partido Colorado y del Partido Nacional representan poco más de la mitad del electorado y del Parlamento. En otras palabras, una integración de los entes con la presencia de representantes solamente de los partidos tradicionales supone la integración exclusivamente con miembros de la mayoría política del país, con exclusión de la minoría. Partido Colorado más Partido Nacional no son más la mayoría y la minoría, o la principal minoría, sino que son dos componentes, dos partes, de una misma mayoría.

Discutir la presencia del Frente Amplio en los entes es discutir si en el país se mantiene un esquema de mayorías y minorías (como el que se aplicó de mediados de los cuarenta a mediados de los sesenta, y desde mediados de los ochenta) o se vuelve a un esquema de exclusiva presencia de la mayoría, como ocurrió en la segunda mitad de los sesenta hasta el quiebre institucional. En otras palabras, si hay cabida para representantes de una fuerza a la que se pide esencialmente que cumpla potestades de contralor, y no necesariamente que comulgue con la política de gobierno.

Pero otro ángulo del análisis tiene que ver con la relación del sistema político con el Frente Amplio. En sus orígenes el sistema y el Frente aparecerían como extraños y enfrentados entre sí. De la mano de la necesidad política del país, de la existencia de enemigos externos al conjunto del esquema político, de la política de transición delineada por Sanguinetti y de la política para el frente Amplio ideada por Seregni, de todas esas manos se caminó hacia una inserción del Frente Amplio en el sistema político, cuyo elementos más emblemáticos fueron el Club Naval, la presencia en los entes y la integración de las delegaciones y comitivas al exterior. El primer elemento se agotó en sí mismo, y los otros dos desaparecieron en la siguiente administración. La tesis de Lacalle fue vincular la integración de los entes a la composición de las mayorías de gobierno, pese a la voluntad del Frente Amplio (todavía de la mano de Seregni) de continuar con su política de inserción en el sistema. En el actual gobierno se mantuvo la exclusión, aunque en líneas generales coincidiendo el hambre con las ganas de comer, la voluntad excluyente de los partidos tradicionales con la voluntad de autoexclusión de la conducción frenteamplista. Ahora hay que esperar señales concretas y finales de ambas partes. Del lado del Frente Amplio parece caminarse hacia una voluntad integradora, lo que parece la contrapartida lógica de su decisión de perseverar en la disputa de la Presidencia de la República; difícilmente se puede superar esa barrera del 45%, desde posiciones de ajenidad al sistema político. Del lado de los partidos tradicionales las señales aparecen difusas, aunque refractarias, y aquí cabe analizar si no es muy riesgoso para el sistema político todo, y para los partidos tradicionales, practicar una política de exclusión, de generación de polos enfrentados, en lugar de buscar lo opuesto, la mayor y más rápida inserción del Frente Amplio en el sistema. En definitiva, más un puñado de cargos en una veintena o menos de organismos, lo que está en juego es la relación dentro del sistema político.

Publicado en El Observador
Diciembre 19 - 1999