¿Qué se quiere de los entes?
Oscar A. Bottinelli

El sistema político y más genéricamente el círculo de gente informada vive una profunda contradicción en relación a las empresas del Estado, de los entes autónomos y sus primos los servicios descentralizados. Una de las controversias y dudas tiene que ver con la dirección de estas empresas u organismos, sobre el perfil de sus directores. Sin son cargos políticos o son cargos técnicos, y cuánto son de cada cosa.

En las definiciones en materia constitucional el sistema político ha sido por demás desprolijo. Comenzaron siendo cargos sin ningún tipo de limitación política, hasta que se les incluyó en el numeral cuarto del artículo 77, que preceptúa que los directores de entes autónomos "deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de Partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto" Y en la misma categoría figuran funcionarios cuya ajenidad política parece consustancial a la naturaleza de la función: magistrados, militares, policías. Tras tan draconiana prohibición se añade: "No se considerará incluida en estas prohibiciones, la concurrencia de los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados a los organismos de los Partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración". Pero además la Constitución de 1952 estableció que tres de los cinco miembros de los Directorios serían designados por el partido mayoritario y los dos restantes por el segundo partido. Como se ve, comenzó la contradicción entre un ser apolítico similar a un magistrado y un hombre de confianza de mayoría y minoría, autorizado a concurrir a

las autoridades partidarias cuyo cometido específico fuere el estudio de problemas de gobierno o administración. Lo cual es muy lato, dado que el fin mismo de un partido político es ocuparse de los problemas de gobierno y administración.

Paralelamente vinieron las prohibiciones electorales: primero fue no poder ser candidato a diputado salvo renuncia con diez meses de anticipación a las elecciones; luego la prohibición se extendió al Senado y el plazo a doce meses; ahora se pretende incluir en las limitaciones las candidaturas presidencial y municipales y extender el plazo a cinco años. El recorrido constitucional parece ser una medición del crecimiento político de los directores de entes autónomos: primero fueron bravos competidores para diputado, básicamente por el uso del clientelismo (dar empleos, otorgar teléfonos, conceder jubilaciones); luego su poder fue temido por los propios senadores o aspirantes a senadores; y en los últimos cinco años, pasaron a ser catapultas presidenciales, en ancas de una población más dispuesta a valorar logros concretos que grandes programas o declaraciones ideológicas, y al formidable poder económico y comunicacional de las empresas estatales. Cada modificación constitucional obedeció no a una discusión teórica sobre cómo deben dirigirse y gestionarse estas entidades, ni tampoco tuvieron demasiado que ver las competencias interpartidarias, sino que esencialmente cada una pretendió regular la competencia personal, la mar de las veces al interior de cada partido.

Además aparecen reiteradamente argumentos a favor de dotar a las empresas de directores o con visión empresaria o con visión técnica, o técnico-empresaria. Inclusive cuando se discutió la Carta Orgánica del Banco Central desde senadores de izquierda se pretendió que dichos cargos tuviesen formas de designación y tiempos de ejercicio que lo desvinculase de las mayorías políticas. Tesis que sería congruente con esta creciente tendencia manuscrita a la despartidización de dichas funciones, tendencia manuscrita que va en sentido contrario de la praxis.

Pero hete aquí que la última reforma constitucional introduce una novedad. Los directores de entes autónomos y servicios descentralizados pasar a ser cargos removibles simultáneamente con el gabinete, en caso de crisis de gobierno. En esos tintes parlamentaristas que tiene el sistema constitucional uruguayo, la nueva Constitución creó la figura (o más bien remodeló la figura) del respaldo parlamentario; la falta del mismo posibilita al presidente rebarajar la integración de los entes autónomos. En buen romance: el presidente adquiere la potestad política de formar nuevas coaliciones, de realinear el gobierno, y como producto de la coalición de gobierno surge la conformación del gabinete y la de los Directorios de los entes autónomos. A contrario pues de todo el desarrollo manuscrito reseñado anteriormente, la nueva Constitución claramente identifica a los directos de entes como cargos de particularísima confianza política, susceptibles a saltar como fusibles en la primer crisis política. Producida esta reforma, ahora se auspicia que estos cargos tan particularmente partidarios sean integrados por personas a las cuales se les prohibe ser candidatos a cualquier cargo electivo por cinco años. Parece pues que no queda claro qué quiere el sistema político de los entes y sus directores.

Publicado en El Observador
Setiembre 26 - 1999