El polémico financiamiento de los partidos
Oscar A. Bottinelli

Un año atrás se preveía que uno de los cuatro o cinco temas centrales de la campaña electoral, de los puntos conflictivos en la terminología de Budge y Farley, sería el de la ética de los hombres públicos y su contracara, la corrupción. Tras el famoso casete digno de una serial policial o una telenovela argentina, con oscuros personajes que discuten sobornos en la penumbra, el tema se instaló definitivamente en primer plano y abrió un subtema de singular relevancia: el financiamiento de los partidos y las campañas electorales.

En Uruguay nunca existió el financiamiento estatal directo de los partidos políticos, es decir, el destinado a cubrir su funcionamiento permanente; en cambio tiene larga data una contribución estatal para solventar parcialmente gastos electorales. Pero no hay un régimen permanente de contribución estatal, sino que se ha generado la costumbre de votar una ley más o menos parecida en vísperas de cada elección. Inicialmente el destino de la ley fue compensar los gastos de impresión de las hojas de votación (papel e imprenta), mediante el pago del valor de cien hojas de votación por cada voto efectivamente obtenido por el lema, la agrupación nacional o la agrupación departamental, según los casos y proporciones diversas entre sí. Décadas posteriores no hubo relación alguna entre el costo de las cien hojas y el valor de la compensación. Y en los últimos años se pasó directamente a un sistema de contribución destinado directamente a solventar parcialmente los gastos electorales, no relacionados con la impresión de hojas de votación. Desde 1984 hasta 1994 las tres leyes dictadas establecieron un régimen de media Unidad Reajustable por voto, lo que hoy equivale a poco menos de nueve dólares cada uno. No hay investigaciones académicas sobre lo que invierte el país en el proceso electoral, gasto que es muy variado y se efectúa a través de múltiples actores (Corte Electoral, Poder Ejecutivo, candidaturas presidenciales, listas senatoriales, listas parlamentarias, candidaturas a intendente y a veces algunas sublistas o subcandidaturas); sin embargo, puede asumirse que el financiamiento estatal cubre un tercio de los gastos en el viejo sistema, de elección única.

La reforma constitucional trajo una casi triplicación del proceso electoral: tres elecciones para la competencia presidencial, dos para las competencias senatoriales, tres para los actores departamentales (si se toma en cuenta que en general compiten en las elecciones preliminares, en las parlamentarias y en las municipales). La necesidad de gasto se multiplica por tres. Y con todas las restricciones del caso (incluida la ley que limita la publicidad radial y televisiva), por lo menos duplica el gasto.

Para las elecciones preliminares de abril no se dictó ley alguna, lo cual genera un problema nada menor para solventar por lo menos la impresión de las hojas de votación. Si bien no hubo un debate público sobre el tema, la razón más esgrimida es que se trata de elecciones internas. Ese argumento eses llanamente incoherente y sólo sustentable por la magia de las palabras, porque no son elecciones internas ni desde el punto del vista del votante ni desde el punto de vista de partidos y candidatos, tesis que hemos sostenida en forma porfiada desde que se diseñó la reforma constitucional y que hoy tiene cada día mayores adeptos. Sin repetir toda la argumentación: el Estado convoca a todo el Cuerpo Electoral a sufragar en mesas de votación oficiales, y los partidos tienen la obligación de concurrir a las mismas como pre-requisito para continuar en el proceso electoral. Por tanto, la conveniencia o inconveniencia del financiamiento debe basarse en otro eje argumental y no en la falsa caracterización de un proceso electoral interno de los partidos y ajenos al Estado.

Pero además sigue faltando el otro debate. Más allá de la existencia o no de ayuda estatal, hasta ahora la misma no cubre más de la mitad del gasto electoral y nada del funcionamiento permanente de los partidos. Y los partidos requieren financiamiento si se parte del supuesto que son agentes necesarios del proceso democrático. Todos los proyectos manejados desde el régimen militar hasta ahora se movieron en una misma línea: el establecimiento de prohibiciones al financiamiento de los partidos. Dichas propuestas tienen en común el pretender asegurar la trasparencia e independencia de los partidos y actores políticos respecto a empresarios, Estados, partidos e instituciones extranjeras, sindicatos y organizaciones sociales, grupos de presión, poder económico, iglesias y entidades religiosas; y también surgió una postura contraria al financiamiento estatal de los partidos, en el entendido que es más importante gastar en comida para los pobres que en propaganda para los políticos. Cada una de dichas posturas contó con el respaldo de una argumentación lógica, sólida e inteligente. Inclusive se propuso prohibir recibir contribuciones anónimas, vender bonos y realizar colectas y rifas, pues habilitaban trampear las prohibiciones a través del anonimato. Como señalamos dos años atrás en una conferencia en el Edificio Libertad, la suma de todas las prohibiciones se resumía en una sola: prohíbese a estados, personas jurídicas y físicas, nacionales y extranjeras, contribuir a los partidos políticos. Es decir, no hay financiamiento posible. Inclusive el restringir el financiamiento a los aportes individuales de los ciudadanos, con límite de monto y registro del nombre del aportante, generó rechazos basados en que el conocimiento de dichos registros podría en algún momento generar represalias contra los aportantes, como ocurrió en algún período contra todo el que hubiese sido delegado de mesa de votación de determinado partido político.

Así planteadas las cosas es hora de que el sistema político comience a discutir en serio un sistema de financiamiento de los partidos, de las limitaciones a los financiamiento en aras de la trasparencia y la independencia, pero también de que exista un financiamiento que permita a los mismos financiar un funcionamiento permanente y afrontar cómodamente las instancias electorales

Publicado en El Observador
Febrero 28 - 1999