Entre lo antiético y lo delictivo
Oscar A. Bottinelli

A nivel parlamentario finalmente se formó la mayoría necesaria para realizar una investigación política sobre las licitaciones de la Administración Nacional de Puertos. La decisión es trascendente, pues implica un significativo giro en la conducta del sistema político en materia de denuncias de irregularidades o corrupción. Cómo puede caracterizarse lo ocurrido en los últimos tiempos: Uno, una actitud predominante de los gobernantes o administradores de negarse a ser investigados, y poner todo el peso político para cerrar la investigación; el argumento más usual es impedir un circo político (actitud que ha demostrado ser pluricolor, en tanto fue empleada por colorados, blancos y frenteamplistas, en sus respectivos ámbitos de dominio). Dos, la visión que la mera admisión de una investigación implica por parte de los investigados aceptación de culpabilidad y, como espejo, por parte de los promotores de la investigación, la idea que la investigación en sí implica la emisión de un juicio condenatorio. Tres, la idea (manejada tanto por la coalición de gobierno como por el Frente Amplio) que las denuncias de corrupción o irregularidades deben culminar en sede penal, o al menos en sumario administrativo.

Estas tesis dominantes han supuesto lo contrario al criterio mismo de investigación política. Primero y muy importante, que puede haber corrupción, irregularidad o transgresión ética, sin que necesariamente haya delito o siquiera falta administrativa. Segundo, que la investigación tiene por finalidad indagar los hechos denunciados y esa investigación puede concluir en la comprobación de las denuncias, en una corroboración parcial de algunas transgresiones, o en la afirmación de la absoluta prolijidad de lo actuado y, por tanto, en desestimar las denuncias efectuadas. Sobre lo primero, la diferenciación entre delito y actitud éticamente irregular, no es ocioso resaltar que las más impactantes denuncias sobre irregularidades habidas en las tres décadas anteriores a la interrupción institucional, entre los años cuarenta y los comienzos de los setenta, ni fueron necesariamente denuncias de delitos ni culminaron necesariamente en sede penal: las denuncias del herrerismo contra el gobierno colorado, en los comienzos de los cuarenta, en los episodios conocidos como "las implicancias"; las investigaciones sobre la Aduana de la primera mitad de los cincuenta; las innumerables investigaciones sobre la industria frigorífica de los años sesenta; las interpelaciones y exposiciones de Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra que catapultaron a ambos hacia una fórmula presidencial. En todas ellas y otras más, las denuncias apuntaron a la existencia de transgresiones a ciertas normas éticas implícitas, y no necesariamente a la existencia de delitos. Como pasa en cualquier orden, una conducta puede ser lícita y antiética; un médico puede no cometer delito y en cambio transgredir el código profesional. Pero además lo grave de la prolongada y sostenida actitud anterior es que llevó a que esa confusión entre actitud delictiva y actitud antiética, tuviese como corolario que si la Justicia Penal no encontraba mérito al procesamiento o a la condena, automáticamente quedaba convalidada éticamente lo actuado por quien fue objeto de la denuncia.

Otra señal no menor del sistema político es la decisión de investigarse a sí mismo. O sea, no transferir a un tercero, aunque fuere el Poder Judicial, sino una investigación interpares, que aunque no fueren pares parlamentarios, si fueren pares políticos. Y finalmente, como otra señal importante, frenar la tendencia a lo que utilizando un término italiano hemos denominado la "giudizializazione politica", el dejar de utilizar al Poder Judicial como cancha de ping-pong para dirimir conflictos políticos o conflictos ético-políticos, y dirimir esos conflictos en la cancha propia del sistema político.

Publicado en El Observador
Diciembre 13 - 1998