Algo más que una terminal de contenedores
Oscar A. Bottinelli

El affaire Ovalle aparece como una punta de una serie de temas vinculados con una de las licitaciones más importantes realizadas y a realizarse en el país en este proceso de reforma del Estado. En principio, todo el tema relacionado con la referida licitación toca los siguientes temas:

Uno: que no es propiamente de la licitación en sí, sino lo que habilitó el proceso licitatorio, el de la privatización o concesión a terceros de la explotación de servicios portuarios, o desmonopolización estatal. Dos: si la forma de la adjudicación a privados se realiza mediante la creación de un sistema de competencia (libre o restringida) o en régimen de monopolio real o virtual. Y con más precisión aún, si el tamaño del mercado permite inversiones compatibles con una competencia real, o el monopolio es el destino inexorable en razón de tamaño (es decir, el monopolio puede ser producto de la forma de adjudicación o puede ser el resultado final de una competencia que, por tamaño de mercado, deja un solo sobreviviente) Tres: cuáles son los requisitos y las restricciones para presentarse a una licitación; en el caso de marras dos elementos centrales de decisión fueron la antigüedad en la administración de terminales de contenedores y la compatibilidad o no con la calidad de armadores. Cuatro: la prolijidad o no con que se lleva adelante un proceso licitatorio. Cinco: el fair play o el grado de lucha despiadada con que las grandes empresas privadas encaran la disputa por una licitación. Seis: la presencia de ministros de los dos últimos gobiernos en calidad de asesores o directores de los consorcios licitantes. Siete: el nivel de trasparencia de la adjudicación. Ocho: la celeridad con que la administración procesó el trámite de la adjudicación. Nueve: el affaire Ovalle en sí.

Con la información pública disponible, y las dificultades de analizar un tema con facetas de alta complejidad técnica, interesa ver algunos aspectos que dificultan la discusión y generan impactos sobre la opinión pública. Por razones de especialidad de cada uno, procederemoa a ver algunos impactos que tienen que ver directamente con el sistema político y su funcionamiento:

Uno. La transformación de un monopolio estatal en un monopolio o semimonopolio privado, real o de hecho, es un acto que hace en sí a la reforma estatal en algunas áreas en que la naturaleza de las cosas o el tamaño del mercado impide obtener inversiones significativas en régimen de competencia abierta. Y este aspecto es precisamente uno de los centrales en el momento de definirse el camino del puerto, vinculado esencialmente más a la ley de puertos que a la licitación en sí. Pero en el caso de que fuere un tema vinculado a la licitación, parecería razonable, para la trasparencia del debate, que una discusión al respecto se realizase en relación a la elaboración de los pliegos, y no a posteriori de la calificación de empresas o de la apertura de las propuestas. El momento de la discusión parece ser central para distinguir entre un planteo genérico de principios y un planteo concreto de intereses.

Dos. La presencia de ministros de los gobiernos anteriores sirve a tirios y troyanos (más bien sirve a los tirios invocar la presencia de antiguos ministros troyanos, y a los troyanos ver la existencia de ministros tirios) para generar sospechas sobre la adjudicación o sobre las protestas contra la adjudicación; y es uno de los elementos que pone a una contienda entre empresas en el borde de una contienda política, para colmo a menos de cinco meses de las primeras elecciones. A este respecto el país necesita una clarificación de qué entiende por conductas social y éticamente aceptables o no aceptables. Porque parece darse a entender que se ha creado una incompatibilidad nada explícita, ni en las normas jurídicas ni en la tradición política: que quien ocupe determinados cargos políticos (y también falta enumerar cuáles son) quedan luego vedados para realizar actividad privada que tenga alguna relación mínima con el Estado. Por lo pronto parecería razonable que cuando a alguien se le ofrece un cargo político, se le advirtiese: mire que de ahora en adelante Vd. no puede ser abogado, contador, empresario, etc. etc. de ninguna empresa que contrate con el Estado, pida préstamos en bancos estatales o inclusive asesore a organismos estatales. Inclusive la incompatibilidad puede surgir de una actitud empresaria: considerar preferible no tener en sus cuadros a personas con antecedentes gubernativos. Un ex -gobernante puede dedicarse luego al tráfico de influencias, o no realizar ningún tráfico, o como ocurre muchas veces, quedarse sin influencias. Pero las sospechas deben ser concretas y no genéricas; debe haber razonables elementos de juicios que lleven a la convicción de que se está en presencia de un tráfico de influencias, y no meramente asociar cargos y situaciones, es decir, incurrir en sofismas de cum hoc y post hoc.

Tres. La denuncia de irregularidades es conveniente que se realice en forma prolija, es decir, cuáles fueron y dónde estuvieron; máxime cuando se confunden oposiciones de principios, oposiciones de intereses, discusiones jurídicas y discusiones administrativas, con episodios bastante ajenos a las costumbres nacionales.

Cuatro. Si como parece, los grandes inversores y las grandes empresas nacionales defienden el mayor papel de la actividad privada, en estos episodios aparecen generando muy fuertes argumentos estatistas, en un país de fuerte imaginario estatista.

Publicado en El Observador
Diciembre 6 - 1998