Una llamarada en la frontera
Oscar A. Bottinelli

El balazo que tronchó la vida de Villanueva Saravia estalló en resonancias múltiples sobre la población de Cerro Largo, el gobierno departamental, la conflictividad interior del Partido Nacional y la propia solidez de la coalición de gobierno. Todo ello sobre la base de un caudillo de frontera, huracanado, concitador de formidables adhesiones y enormes odios, que atravesaron unos y otros a todos los partidos políticos, desde el suyo hasta el Encuentro Progresista.

A la muerte violenta, inexplicable, desorientadora por sí misma para los adoradores de Villanueva, se sumaron dos tipos de hechos que potenciaron la controversia en la población. Uno, la actitud oficial de dar rápidamente una conclusión tajante, con afirmación de cien por ciento de certeza sobre el tipo de muerte. Sin embargo, cuatro hechos aparecieron llamativos de la explicación oficial: a) la afirmación que el 80% de los zurdos se autoeliminan con la mano derecha (original estadística rápidamente desmentida por la máxima autoridad académica de medicina forense); b) el no encontrar móviles para un homicidio (el abanico total de móviles posibles manejados por la policía fueron robo, delito sexual o copamiento; cualquier lector poco perspicaz de novelas policiales es capaz de manejar hipótesis más variadas y atinadas al caso); c) cierta liviandad en las explicaciones sicológicas (también cuestionadas por otra máxima autoridad académica en siquiatría forense); y d) el retardo en obtener los resultados de los análisis. Gente entendida dice que todo ello daba para afirmar un noventa y cinco por ciento de posibilidades, que no es lo mismo que cien. El segundo acontecimiento fue la fuerte actitud del presidente del Partido Nacional, cuyas palabras estuvieron entre la siembra de la duda y la cuasi afirmación de la tesis contraria. Uno y otro hecho tuvieron como efecto alimentar en buena parte de la población de Cerro Largo dudas sobre la muerte. Dudas que para nada van a quedar resueltas rápidamente por la intervención judicial, si se piensa que jueces y fiscales de Cerro Largo cuentan con seria desconfianza de la población del departamento.

Es verdad que quienes quieren fuertemente a una persona, resisten inicialmente la hipótesis del suicidio; pero no siempre, sino cuando las conductas anteriores de la persona y la forma de la muerte arrojan al menos un resquicio de duda; los resquicios objetivamente existen y las dos actitudes señaladas anteriormente transformaron el resquicio en boquete, al punto que los principales canales televisivos destinaron espacios importantes a informes, reportajes y debates para esclarecer si fue o no suicidio, controversia que no existió en suicidios más resonantes de políticos como los de Gaitán y Getulio, que provocaron fenomenales destrozos en Bogotá y Porto Alegre.

La otra resonancia del balazo se dio en la sucesión por la Intendencia Municipal. Esta forma política fronteriza descubrió una de las grandes lagunas de la Constitución: no existe en ningún lado un órgano con potestades para, de manera inmediata y fuera de controversia, determinar por sí quién es el titular de un cargo, de un órgano o de un escaño. La laguna jurídica se solucionó por la vía de los hechos, a partir de una intensa preocupación del primer mandatario, que terminó soldando una aclaración de la Corte Electoral con una revisión de la decisión de la Junta Departamental. Porque lo que hizo la Corte Electoral no fue proclamar a Bejérez ni fallar en su favor, sino únicamente aclarar que no tiene suspendida la ciudadanía. La Corte no tiene potestades para determinar a quién corresponde acceder a ningún cargo, sino únicamente efectuar las proclamaciones originales y complementarais de los electos para los cargos, y comunicar situaciones como la suspensión de la ciudadanía. Pero por ejemplo, no tiene conocimiento si un suplente en determinado momento renunció en forma definitiva a la calidad de tal, o sufre de otra incompatibilidad como por ejemplo el ser titular de otro cargo público y no renunciar al mismo. Tampoco es la Junta Departamental la que tiene competencias para dirimir quién es el titular de la Intendencia en caso de fundada discrepancia entre dos aspirantes al cargo. Y los caminos judiciales (contencioso-administrativo, acción de amparo) son o lentos o vidriosos. Por eso ese rápido trabajo de filigrana desde las alturas, que al cerrar todas las fisuras, formales y políticas, permitió (al menos temporalmente) superar lo que podría degenerar enuna crisis constitucional.

Pero el cierre de las fisuras constitucionales abre las fisuras políticas. Porque en los hechos, por lo menos hasta que quede ejecutoriada la sentencia sobre Bejérez, el fiel de la balanza del gobierno departamental se inclinó en perjuicio de Volonté y a favor de Lacalle, lo que - pública advertencia de Santoro mediante - provoca vibraciones en la coalición de gobierno. Pero además queda como actor significativo el Poder Judicial, ya que la confirmación o no de la sentencia sobre Bejérez, y la rapidez o no de su ejecución, constituyen actos con significativas consecuencias políticas.

Publicado en El Observador
Agosto 16 - 1998