Ley del Referéndum: una solución infeliz
Oscar A. Bottinelli

El Parlamento se encuentra discutiendo una nueva ley reglamentaria del recurso de referéndum contra las leyes nacionales. La enmienda si es no es peor que el soneto, digamos que es de la misma calidad del soneto. Anteriormente, la promoción de referendos se realizaba mediante la presentación ante la Corte Electoral del recurso mediante la expresión de voluntad de los ciudadanos mediante firmas. La actual ley reglamentaria, del año 1989, sustituyó ese mecanismo por el actual, y ha generado cuatro tipos de objeciones:

Una. Es susceptible de inconstitucionalidad, pues reduce el plazo establecido por la Constitución. En efecto, mientras la Carta Magna establece un plazo de doce meses para la interposición del recurso, la norma lo baja a seis meses; si en este plazo no se puso en marcha el mecanismo, la ley queda confirmada, lo cual controvierte explícitamente el texto constitucional.

Dos. Presenta la dudosa lógica de realizar dos votaciones para decidir si se vota. Algo así como el cuento de Fritz, que se empapa en ir y venir de su casa, para visar que no va a cenar porque llueve.

Tres. El medio por ciento de los ciudadanos tiene la potestad de hacerle generar al Estado un gasto voluminoso (feriado no laborable incluido), mientras que el viejo procedimiento pone toda la carga económica y el esfuerzo en manos de los promotores.

Cuatro. Sigue sin entenderse por qué la Corte Electoral carece de posibilidades de verificar seiscientas mil firmas cuando se interpone un recurso de referéndum contra leyes nacionales, en cambio sí tiene posibilidades de verificar cerca de quinientas mil firmas (como ocurrió en 1994) cuando se presentaron dos iniciativas ciudadanas de reforma constitucional. Porque una de dos: si la Corte carece de funcionarios con capacidad técnica de verificación de firmas, por lo cual es lógico que los referendos no se interpongan mediante firmas, razón de más para que tampoco pueda verificar firmas en caso de iniciativa constitucional; o si puede verificar firmas para una iniciativa constitucional, también lo puede hacer para un referéndum. Dicho de otra manera, cuando un banco verifica una firma, es lo mismo que lo haga para pagar un cheque o certificar un vale, la firma se verifica o no, y ello no depende de para qué.

Bien, la ley a consideración otorga al dos por mil de los habilitados para votar para poner en marcha el mecanismo, y luego establece que todos quienes respalden el referéndum deben concurrir a las oficinas electorales a estampar su impresión digital. La solución presenta varias objeciones:

Uno. Sigue siendo susceptible de impugnarse su constitucionalidad, porque establece un plazo de puesta en marcha del mecanismo inferior al término constitucional.

Dos. Crea una diferenciación entre la iniciativa constitucional y los referendos municipales por un lado, y los referendos nacionales por otro, que permite suponer un intento de obstaculización de estos últimos, dado que para los dos primeros casos se permite la presentación de las iniciativas o recursos mediante firmas, y en el último se exige la impresión digital. No merece demasiados razonamientos sostener que la exigencia de la impresión digital es un elemento disuasor: a nadie le gusta andar estampando impresiones digitales, con el enchastre consiguiente.

La solución de fondo, pues, no es nada feliz. Porque esto nada tiene que ver con la posición que se tenga sobre el funcionamiento de instrumentos de democracia directa. Se pueden considerar más o menos convenientes, más o menos perjudiciales. Y ello es materia de debate para una reforma constitucional. Lo que la ley no puede hacer es establecer exigencias que pretendan impedir o trabar la aplicación de un instituto de origen constitucional. Podría sostenerse que no existe tal propósito, si se establece un mismo mecanismo, por malo o inconveniente que fuere, tanto para los referendos nacionales como para los referendos municipales como para las iniciativas de reforma constitucional.

Hay otro tema de forma y oportunidad. La modificación de una ley de esta naturaleza, o la reglamentación de institutos constitucionales de esta importancia, no es conveniente hacerlo en caliente, como lo fue en 1989 y parece serlo ahora. Más bien requiere legislarse en frío y en la búsqueda de la consensualidad. La aplicación de mayorías debería ser el último recurso, cuando la búsqueda del consenso ha fracasado. Sin embargo, una sanción a marchas forzadas, sin búsqueda de consensos, en una materia que define reglas de juegos esenciales del sistema democrático, parece poco feliz. El tema es que la aplicación de estos procedimientos pueden ser un arma de doble filo, pues a veces generan imágenes negativas hacia la opinión pública, verdaderos boomerangs contra los que imponen mayorías a rajatabla.

Publicado en El Observador
Agosto 9 - 1998