El Estado y el péndulo
Oscar A. Bottinelli

Las elecciones de 1971 marcan quizás el momento en que el concepto del Estado interventor alcanzó su apogeo en el imaginario político uruguayo. El gobierno de Pacheco Areco, a lo largo de los tres años y medio previos, llevó la participación y el control estatal al máximo imaginario, COPRIN mediante. No había precio o salario que no tuviese que pasar por el omnímodo poder de la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos. Los programas de los tres grandes competidores políticos (el pachequismo, el wilsonismo y el Frente Amplio), desde ópticas diferentes y con fundamentaciones opuestas, rivalizaron en quién fortalecía más al Estado; sin duda el abanico de oposiciones estuvo entre la fijación de precios y la intervención inspectiva por un lado, o la administración directa en el otro extremo. Las apelaciones al mercado estuvieron ausentes de esa campaña electoral, al menos en las tres grandes fuerzas políticas. Puede decirse que esa elección marcó el punto más alto del ideario estatista en el país.

Previamente, a lo largo del siglo, se fue paulatinamente pasando de un Estado juez y gendarme (que sólo tenia ministerios de Gobierno, Guerra y Marina, Relaciones Exteriores, y Hacienda) a un estado más intervencionista y más administrador, monopolios públicos incluidos. Si se analizan las campañas electorales significativas de 1958 y 1962 se encontrará que no hay una verdadera confrontación de modelos: las apelaciones a la desregulación parten no de una noción de Estado sino de un combate a la corrupción generada por las cuotas de importación o la asignación de divisas en un régimen de cambios múltiples; y más que el nivel de intervención del Estado lo que más se discute es la confrontación en el reparto de recursos entre el agro por un lado y la industria y los servicios por el otro (presentado como el eje capital-interior).

La discusión del papel del Estado comienza muy tenuemente: primero en el plano intelectual, luego durante el proceso militar (aunque en forma contradictoria, ya que bajo el régimen militar se dieron simultáneamente políticas de liberalización y políticas de afianzamiento de la intervención estatal). Puede decirse que la real discusión política del papel del Estado logra el protagonismo una vez concluida la transición institucional, que en ciencia política hay acuerdo en ubicarla en el plebiscito ratificatorio de la Ley de Caducidad. Allí el debate político institucional descaece en favor del debate sobre el modelo de Estado, el papel del Estado, la cerrazón o apertura de la economía, (entonces tímidamente) la integración regional. Las elecciones de 1989 marcan un hito en el debate ideológico del país: las dos corrientes que efectivamente disputan la Presidencia de la República coinciden en un modelo fuertemente liberador y privatizador (Lacalle en el Partido Nacional, Batlle en el Partido Colorado). Comienza con fuerza en el país un giro ideológico que se simboliza en el lenguaje común: los entes autónomos son empresas estatales, no tienen usuarios sino clientes, la eficiencia pasa a ser un valor de recibo. Y las empresas estatales, en tanto tales, deben actuar con eficiencia y no ser proveedoras de recursos al tesoro central. El referendo de 1992 marca otro hito: pero no se debate el modelo económico liberal impulsado desde el gobierno contra el modelo de los años cincuenta, sino el modelo liberal versus un estatismo más atenuado (en la confrontación de proyectos). Ya no se defiende la existencia de una empresa estatal de aviación, ni se descartan las llamadas privatizaciones periféricas, ni las tercerizaciones, ni las concesiones de obras. Sí se defiende el monopolio estatal en la telefonía básica; pero un argumento significativo, que marca el cambio de época, es que la defensa se hace en función de la eficiencia adquirida por el organismo.

Puede decirse que desde 1992 quedaron claramente plasmados tres caminos, con nítida expresión en la campaña electoral de 1994: el modelo liberal encarnado por Lacalle y Batlle, el modelo intermedio cuyos referentes (con diferencias entre sí) puede ser Sanguinetti y Volonté, y el modelo más aproximado al clásico, al prevaleciente en el Uruguay de la mitad del siglo, representado por el Frente Amplio.

Pero las cosas no quedaron así, y el péndulo siguió oscilando. En los últimos doce meses comenzaron a observarse posturas políticas que suponen una rediscusión, al menos pragmática y temporaria, del papel del Estado. Tanto Batlle como Lacalle han valorado en distintos momentos el papel de las empresas estatales como generadoras de recursos para el Estado, y el primero apuntó incluso a la asignación de recursos específicos de UTE y ANTEL hacia la educación y la erradicación de la pobreza extrema. La campaña electoral 1998-2000 apunta a marcar diferencias significativas, en este campo, con las dos anteriores.

Publicado en El Observador
Mayo 31 - 1998