Corte, política y consensos
Oscar A. Bottinelli

El acceso de Gervasio Guillot a la Suprema Corte de Justicia, en un marco de polémica política y parlamentaria, permite ver la existencia de diversos ejes de problemas de rico análisis:

Uno. Los efectos del mecanismos principal de designación de la cabeza de la justicia ordinaria en cuanto a la partidización o la corporativización del organismo: porque algo que hay que tener claro es que no hay ningún mecanismo perfecto, o se cae hacia el lado de la partidización o se cae hacia el lado del corporativismo: no hay término medio. Lo que puede darse sí es una muy tenue e imperceptible partidización, o como en Argentina una sujeción política total; en el otro extremo, un leve corporativismo o un corporativismo exacerbado. Pero además es necesario tener en cuenta que pueden coexistir ambas incidencias: la corporativización no impide que se partidice desde adentro, ni la designación con tintes partidarios no impide amagos corporativos, como se vieron desde la propia Suprema Corte de Justicia unos años atrás, en un desafío abierto al Poder Ejecutivo y de características políticas en torno al tema presupuestal.

Dos. Los sentidos diferentes que puede tener la exigencia constitucional de los dos tercios. Sin duda hay un fundamento básico, que es impedir la hegemonía de un partido político, o de una mayoría parlamentaria, es decir, la imposición de una partidización dominante; y consecuentemente con ello, propender a la existencia de acuerdos políticos relativamente amplios. Pero el objeto de los acuerdos puede ser de dos tipos fundamentalmente diferentes: a) que el consenso se logre sobre personas neutrales, que no se inclinen particularmente hacia ninguna de las partes acordantes; b) que el consenso se logre mediante un reparto de los cargos, sincrónico o diacrónico (si hay más de un cargo, puede ser sincrónico, a la vez; si es un único cargo, puede ser diacrónico, es decir, la compensación se realiza en el tiempo, a través de sucesivas designaciones).

Tres. La existencia de un mecanismo supletorio, de raíces corporativistas, como lo es el acceso por antigüedad (de no haber consenso político, accede al cargo el miembro más antiguo de los tribunales de apelaciones). Cabe recordar cómo surgió este mecanismo: las dificultades de entendimiento político, previo al '66, determinaron que la Suprema Corte funcionase mucho tiempo parcialmente desintegrada (primero con cuatro miembros, luego con tres), hasta que una última vacante la dejó sin mayorías titulares y forzó finalmente la consecución de los dos tercios. La reforma constitucional subsiguiente estableció un plazo para los acuerdos (90 días) y un mecanismo supletorio automático. Durante la vigencia de esta disposición puede decirse que han funcionado más o menos por igual ambos mecanismos.

Desde el punto de vista político de fondo aparece otro tema. A lo largo del siglo surgió un sobreentendido que el reparto o el consenso sobre algún tipo de figura neutral se realizaba entre ambos partidos tradicionales. Criterio que se mantuvo invariable aún cuando comenzó a disminuir el peso de ambos partidos y cuando la participación del tercer partido fuese decisiva en la restauración institucional. El problema es que el achicamiento cuantitativo de los partidos tradicionales continuo in crescendo. De las 130 bancas legislativas la participación conjunta de la representación tradicional fue de 120 en los años cincuenta, 107 a comienzos de los setenta, y en las últimas tres legislaturas de 103, 91 y 85. Como la mayoría de dos tercios es de 87 votos, el exceso de bancas para acordar pasó de 33 a 20, luego al reducido número de 4 y desde las pasadas elecciones ambos partidos tradicionales perdieron la capacidad de decidir per se. Se abrieron tres alternativas: a) un acuerdo global de los cuatro partidos (que ocurrió para la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas); b) un acuerdo entre las tres grandes fuerzas (que operó en una anterior designación de miembros de Suprema Corte y Tribunal de lo Contencioso; y c) un acuerdo entre los dos partidos tradicionales y el Nuevo Espacio, que se realizó en ambas ocasiones en contra del acceso a la suprema Corte de un magistrado de filiación frenteamplista.

Curiosamente este acuerdo realmente fracasó en ambos casos. En el primero el fracaso fue compensado por una interpretación constitucional difícilmente sostenible, que permitió efectuar la designación por dos tercios al día siguiente de vencido los noventa días, por el sencillo expediente de inciar la cuenta un día después; en aquella ocasión los cuestionamientos a quien debía acceder automáticamente eran de dos tipos: uno político y otro en cuanto a las formas y criterios judiciales. En este caso, en que la objeción revestía un carácter exclusivamente político (Guillot presidió entre 1984 y 1985 la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio e integró el equipo directo de colaboradores del general Seregni) el acuerdo fracasó.

El fracaso marca los riesgos de utilizar políticas de exclusión en el límite posible de las fuerzas, lo que exige un nivel de disciplinamiento que no siempre se mantiene, como no se mantuvo en este caso. Y además, el dejar en incómoda posición al aliado ocasional, partido que contribuyó a un juego político (fallido) contra el Frente Amplio, con los riesgos de imagen para un electorado de izquierda

Publicado en El Observador
Mayo 10 - 1998