Política, entes autónomos y candidaturas
Oscar A. Bottinelli

La polémica en torno a la asignación de publicidad por parte de Antel y a la relación entre gestión de Antel y plataforma electoral para Lombardo, replantean la necesidad de un debate sereno y desapasionado sobre las limitaciones y permisiones correspondientes a la integración de Directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. Como es sabido, la Constitución de la República establece una curiosa situación para dichos directores: por un lado, tienen las limitaciones de actividad políticas propias del estatuto de funcionario necesariamente ajenos al ejercicio político, como magistrados judiciales, militares y policías; por otro, autoriza su a concurrencia a organismos partidarios que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno o administración. En otras palabras, se les autoriza a asistir a órganos cuyo cometido sea la finalidad y razón de ser de un partido político, es decir, aplicarse a temas de administración y de gobierno. Pero hay otros dos elementos que juegan en la naturaleza de los cargos: uno es la forma de elección, que es esencialmente de naturaleza política (designación por el Poder Ejecutivo con venia senatorial, otorgada en última instancia por mayoría absoluta de votos); el otro es el ingrediente introducido en la nueva Constitución: los Directorios de entes autónomos están indisolublemente ligados al gabinete en la conformación del pacto político que sustenta la mayoría gubernativa. A partir de ahora, un recambio de coalición supone no sólo la renovación ministerial, sino también de la administración autónoma y descentralizada. En esta figura parlamentarista de nuestro ordenamiento constitucional, estos directores pasan a ser parte indisoluble de los cargos de máxima responsabilidad política, en la primera línea de fuego de las variaciones en las alianzas políticas.

Ahora bien, en el debate del deber ser, de cuál debe ser el sistema ideal para administrar las empresas del Estado, en principio aparecen dos tesituras:

Una. En tanto partes del Estado, la conducción de las mismas nunca es políticamente neutra y se articula con la política general del gobierno. Así un presidente de Antel podrá promover la mayor privatización del organismo, otro potenciarlo al máximo como un puntal del Estado, y un tercero hacerle jugar el rol del gran sostenedor de obras sociales. En esta tesitura, son cargos esencialmente políticos.

Dos. En tanto empresas, la conducción debe requerir el criterio clara e inequívocamente empresarial. El presidente de Antel debe tener el mismo perfil de un ejecutivo de ITT, y el presidente del Banco República debe tener las mismas aptitudes para presidir cualquier institución bancaria o financiera. La gestión es técnica, empresarial, y la política en nada interviene.

La lógica indica que a cada tesitura corresponda un estatuto determinado:

A la concepción política del cargo le corresponde un sistema político de designaciones y un reclutamiento del personal entre el propio personal político. No es tanto la idoneidad empresaria sino la compenetración con la política de gobierno, lo que determina la selección del candidato. Y en tanto cargo político, va de suyo que el director va a hacer política, va a actuar en política.

A la concepción empresaria del cargo corresponde un sistema no político de designaciones, más o menos similar al que cualquier gran empresa aplica para seleccionar a sus directores y ejecutivos superiores. La idoneidad empresaria se impone sobre la compenetración política.

Cada sistema tiene su lógica y sus contradicciones. En el sistema de designación política, que es el que opera, las fallas se ven: no siempre los presidentes y directores tienen la idoneidad requerida por un cargo similar en una empresa privada. En el sistema apolítico, las contradicciones son fáciles de predecir y difíciles de resolver, pues la persona más apta para dirigir por ejemplo el Banco República, cuyo perfil corresponda a lo que cualquier seleccionar de personal entienda como el más apto, puede no tener nada que ver con la orientación política del gobierno. No pocos roces generaría un presidente del Banco Central de concepción económicamente liberal en un gobierno frenteamplista, o un presidente bancocentralista de orientación marxista en un gobierno como el presente. Cada sistema tiene pues, sus fundamentos, sus lógicas, sus efectos esperados y sus fallas. El tema está no en discutir cuál es el sistema más perfecto, sino cuál es el que tiene el tipo de logros y el tipo de fallas que a cada uno le parecieren mejor. La opción entra dentro de las valoraciones políticas; no hay un sistema científicamente válido y otro científicamente inválido.

Para bien o para mal, Uruguay se dio un sistema político para los entes autónomos. Sus directores son designados politicamente, entre el personal político, mediante acuerdos que permitan lograr la correspondiente mayoría senatorial, y están sujetos al juego del mantenimiento o caducidad de las alianzas políticas. Lo incoherente del sistema es que a hombres de este perfil se les diga que no pueden hacer política, porque necesariamente la van a hacer. Y la consecuencia de la incoherencia, es el formidable éxodo que está a punto de producirse, y ya comenzó con la renuncia del presidente del Puerto: buena parte de los directores de empresas necesariamente se irán antes que termine octubre, para poder dedicarse sin cortapisas a la acción política.

Publicado en El Observador
Abril 28- 1998