Coalición, gobierno y elecciones
Oscar A. Bottinelli

Tras s hay un porcentaje muy elevado de probabilidades de que comience en los primeros meses útiles del año. Ello se manifestará a través del retiro del gabinete de uno de los sectores importantes del nacionalismo y quizás de la renuncia de varios presidentes de las más relevantes empresas públicas.

Si esto ocurre, el tiempo útil de este gobierno será exactamente de tres años, es decir, el periodo en que la preocupación central de los dirigentes políticos y las señales recibidas por la opinión púbnlica están referidas a temas de gobierno y de Estado. Ello, con dos cómputos favorables a una mayor extensión del tiempo útil de gobierno: uno, se computa todo el verano, y dos, se considera que este año, de mayo a diciembre, el tema central de la política fueron los temas de gobierno y no los electorales; la verdad es que es muy difícil sostener esto, ya que al menos fue un año de cierto empate entre lo gubernativo y lo electoral. Bien, pero en la hipótesis más favorable al tiempo de gobierno, estamos en vísperas de un largo tiempo electoral de dos años y cuarto, desde los comienzos del año que viene hasta mediados del 2000, cuando el 14 de mayo se realicen las elecciones municipales.

Ya la reforma constitucional en sí planteó un esquema de funcionamiento político que marcaba dos periodos claramente diferenciados: un tiempo electoral que podría estimarse en un año y medio (desde la finalización del año previo a las elecciones generales hasta realizadas las elecciones municipales; en lo inmediato, se pensaba que el tiempo electoral iría desde finales de 1998 hasta pasado mayo del 2000; y el siguiente tiempo electoral, desde fines del 2003 hasta pasado mayo del 2005). Con lo cual, el tiempo útil de gobierno sería de tres años y medio (en cuanto al próximo gobierno, desde junio del 2000 hasta diciembre del 2003). Estas fueron nuestras conclusiones, compartidas por calificados protagonistas de los tres grandes partidos, en una investigación realizada para CERES, y en una subsiguiente columna dominical aquí.

Sin embargo, la apreciación viene resultando errónea, ya que el tiempo electoral apunta a ser mucho mayor y, consecuentemente, menor el tiempo útil de gobierno. Ello parece fundamentarse en dos tipos de causas distintas, altamente interrelacionadas.

La primera causa es que el sector mayoritario del partido de gobierno tiene siempre el handicap de la sucesión presidencial. La competencia por el delfinato es un factor de pérdida de tranquilidad en el sector político del presidente de la República. Y sea como sea que se resuelva, es difícil evitar que resulte conflictivo: En la primera administración Sanguinetti devino en el duro enfrentamiento entre Batlle y Tarigo, que concluyó en unas elecciones primarias muy ríspidas, proceso todo que operó como una de las causantes de la derrota colorada. En la administración Lacalle, el tema pudo postergarse sensiblemente, hasta el verano del año electoral, pero culminó con una significativa escisión del sector presidencial y la pérdida por éste de la mayoría partidaria. Y en esta segunda administración Sanguinetti no es fácil predecir su resultancia, pero ya ha operado como un temprano disparador de la campaña electoral, en torno al mes de mayo de este año, es decir, cuando todavía no se había traspuesto la mitad del periodo presidencial. Es que la reforma constitucional apuntó a dirimir en etapas la primera magistratura, a través de uan especie de sistema eliminatorio: primero la competencia dentro de cada partido, luego una primera etapa clasificatoria entre los partidos y por último, en tercera instancia, la definición entre los dos partidos-candidatos más votados. Pero la fraccionalización partidaria, el hecho que los sectores operen como cuasi partidos, el que las elecciones internas no sean una competencia personal entre aspirantes a la candidatura presidencial, sino una disputa entre líderes sectoriales por el liderazgo del partido (y por supuesto, también de la candidatura presidencial) genera la situación peculiar en la fracción del presidente: la necesidad de una etapa previa, anticipada, de una pre-elección interna para definir el precandidato del sector, entre los pre-precandidatos.

La segunda causa se relaciona, en un sistema tripartidista y de fraccionalización partidaria, con los juegos internos en el partido socio del gobierno. Por un lado la necesidad de marcar perfil hacia la competencia interna, por otro la falta de cultura de partido ante la prevalencia de una cultura de fracción, y en tercer término la falta de una sólida cultura de coalición de gobierno y la vigencia de una arraigada cultura de coparticipación y gobernabilidad, apuntan todo a que cuando se avecinan las instancias electorales, se dificulte que un partido socio del gobierno mantenga en plenitud su participación en una coalición de gobierno.

Los efectos de la reforma en este aspecto y en lo inmediato resultan más electoralistas y mas perturbadores de la acción de gobierno de lo originariamente previsto. La incógnita que surje es si este es un efecto perdurable del nuevo sistema constitucional, o una consecuencia perversa producto de la transición entre dos sistemas constitucionales diferentes, que necesitan de culturas políticas muy distintas. Habrá que esperar al quinquenio 2000-2005 para ver los verdaderos efectos, en particular, si las elecciones internas, la candidatura única, la presentación electoral de cada partido a través de un único referente presidencial, logran potenciar a los partidos en tanto tales en detrimento del peso y autonomía de las fracciones. Si ello ocurre, hacia el 2004 encontraremos que lo de este fin de siglo fue un efecto perverso de la transición. Si no ocurre, es que la reforma generó efectos opuestos a los buscados.

Publicado en El Observador
Noviembre 30- 1997

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