Intromisión judicial en
materia electoral
Oscar A. Bottinelli

El 10 de octubre de 1995, la Corte Electoral dejó sin efecto la convocatoria a elecciones del Banco de Previsión Social ante la imposibilidad de elaborarse padrones confiables acorde con la Ley 16.241. Meses atrás, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, la Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios, la Confederación Empresarial del Uruguay y La Liga de la Construcción interpusieron ante la Justicia Ordinaria una acción de amparo contra la Corte Electoral y el Banco de Previsión Social. Acción de amparo que resultó desestimada por razones de forma.

Aquí surgen dos temas: uno en torno a la pertinencia o no de la suspensión de la convocatoria a elecciones, y otro, que es el objeto de este artículo, acerca de la intervención de la justicia ordinaria en materia electoral.

La Corte Electoral sostuvo que debió rechazarse liminarmente dado que la ley 16011 excluye expresamente de la acción de amparo en forma genérica la actividad tanto positiva como negativa dela Corte Electoral. Mientras que la jueza sostuvo la tesis original que "no tiene la Corte electoral un fuero que le permita sustraerse a la justicia ordinaria", y que "siendo la acción de amparo una garantía de rango constitucional, la exclusión legal de su procedencia respecto de 'actos de la Corte Electoral' debe interpretarse en forma restrictiva y, en tal sentido la procedencia de su emplazamiento a este proceso aparece como inobjetable". Y luego la jueza se permite en la sentencia aconsejar a los accionantes: "... pueden dirigirse a la Corte Electoral, requiriéndoles que efectúe la convocatoria a elecciones omitida y si ésta no se expidiera en 150 días, pueden denunciar la omisión contumacial, como delito ante la Justicia Penal Ordinaria".

Previo a analizar la naturaleza de la Corte Electoral, dos precisiones:

Una, es muy extendida la ignorancia sobre este organismo, al punto que en la información periodística frecuentemente aparece mencionado como un ente autónomo. Dos, puede discutirse la forma en que se seleccionan los nombres para integrar la Corte, y la alta partidización que de ello resulta; es un tema interesante y que merece un detenido exámen, sin perjuicio de señalar que esta Corte es una de las de más alta calificación de las últimas décadas, presidida por un especialista de prestigio internacional. Pero aunque no fuere así, aunque se cuestionase la forma de seleccionar los nombres y la capacidad de sus integrantes, para nada cambia la naturaleza jurídica del órgano ni su importancia básica para el funcionamiento democrático.

El Poder Judicial en Uruguay, en sentido sustantivo, se expresa a través de tres Poderes de Gobierno: el Poder Judicial propiamente dicho, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Justicia Electoral. La Justicia Electoral, cuya cabeza es la Corte Electoral, reúne todos los requisitos definidos por Justino Jiménez de Aréchaga para ser considerado un Poder de Gobierno (es decir, uno de los mal llamados poderes del Estado): "un órgano o sistema de órganos, de creación constitucional, que recibe de la Constitución el ejercicio predominante de una de las funciones jurídicas del Estado, y cuyas decisiones no pueden ser revocadas o reformadas por ningún órgano integrante de otro Poder, sin perjuicio de que sobre ellas pueda ejercerse un contralor de regularidad jurídica".

Veamos: Uno, tiene competencia exclusiva en el conocimiento de todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales. Dos, es juez en última instancia de todos las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos de plebiscito y de referéndum (Uruguay es uno de los pocos países del mundo en que las cámaras no son jueces de la elección de sus propios miembros ni de la elección del jefe de Estado). Tres, decide en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan. Cuatro, es juez de los delitos electorales de rango constitucional. Quinto, los actos de la Corte Electoral en materia electoral no son susceptibles de recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Quinto, la Justicia Ordinaria carece de competencia en toda materia electoral, con la sola excepción de un conjunto de delitos electorales (no todos, pues algunos delitos electorales son competencia privativa. Seis, los miembros de la Corte Electoral sólo pueden ser acusados por la Cámara de Representantes ante la Cámara de Senadores en razón de violación de la constitución u otros delitos graves, única causal de destitución existente (sin perjuicio de la discutible vigencia del artículo 14 de la Ley de Registro Cívico Nacional). Pero además, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la opinión de la Fiscalía de Corte han invariablemente declinado competencia en toda oportunidad en que se pretendió accionar ante los mismos.

Por ello, porque esta acción escapó al control directo de la Suprema Corte de Justicia, porque la decisión de la jueza Estela Jubette resulta un acto extraordinariamente grave de invasión de las potestades de la Justicia Electoral, resulta imperioso que la máxima autoridad del Poder Judicial intervenga para aclarar los límites del Poder Judicial y el necesario respeto e independencia que éste debe guardarle a la Justicia Electoral.

Publicado en El Observador
Octubre 26- 1997