La politización judicial
Oscar A. Bottinelli

La "judicialización política" es el neologismo de dudosa ortodoxia gramatical que la manifestación moderna de un fenómeno viejo: el avance del poder judicial sobre el poder político. La politización judicial es su contracara, las intromisiones del poder político sobre el poder judicial, y puede adquirir dos formas: Una, la prevaleciente del otro lado del charco, como sujeción de las decisiones judiciales a los intereses políticos; y Dos, la que aparece en Uruguay en los últimos dos años y medio, como la utilización del sistema judicial como terreno para dirimir diferencias, y el empleo de las resoluciones judiciales como armas en la lucha política. Uno y otro fenómeno se retroalimentan, a medida que se politiza el sistema judicial, éste avanza más sobre el poder político.

La recurrencia de los actores políticos o agentes políticos institucionales al Poder Judicial puede dividirse en dos grandes categorías. Una, cuando efectivamente se trasladan a la órbita judicial penal hechos o presunciones de delitos que, más acá o más allá del Código Penal, todo el mundo entiende como delitos, son éticamente consideradas conductas delictivas por el conjunto de la sociedad; es decir, cuando se denuncia la existencia de estafas, peculado, enriquecimiento ilícito, uso de la administración en beneficio propio. Otra categoría es el recurso a la Justicia Penal en acusaciones de delitos que por su propia naturaleza no son éticamente conductas delictivas, como son las denuncias o querellas por difamación e injurias derivadas de la controversia política, en razón de actos o dichos directamente o indirectamente vinculados con el cumplimiento de la actividad pública, estatal, gubernativa o política.

Y a propósito de la difamación es necesaria una distinción muy fuerte. Nadie duda de la necesidad de proteger el honor de todos los ciudadanos, actores públicos incluidos. En un país de fronteras tan fuertes entre la vida pública y la vida privada, no hay posibilidad de confusiones posibles; los dirigentes políticos uruguayos no son parte del jet-set, como lo son en Argentina: no compiten en las noticias sociales, ni en concursos de quién es el mejor vestido, ni sus actos de la vida privada son noticia política. No cabe duda que una difamación a un dirigente político en relación a actos privados propios o de su familia, actos en nada vinculadas a la política, el gobierno o la administración, caben jurídica, ética y políticamente en caminos judiciales, penales y civiles.

Pero casi todas las denuncias, si es que no todas, habidas en los dos últimos años y medio, y en forma más espaciada también en el quinquenio anterior, entre actores políticos, han estado relacionadas con actos políticos, gubernativos o administrativos. Lo curioso es que no sólo ha habido denuncias de dirigentes de un partido contra figuras de otro, sino que también hubo denuncias o amenazas de denuncia de blancos contra blancos, de colorados contra colorados y de frenteamplistas contra frenteamplistas.

Si los actores políticos siguen por el camino de jugar al ping-pong en la cancha del Poder Judicial, caminan inevitablemente a un cambio en la naturaleza del Poder Judicial, que termina siendo peligrosa para la estabilidad de los funcionamientos institucionales, porque termina habilitando actividades casi políticas de los propios jueces. Y en casos como el reciente de Cerro Largo, pone al Poder Judicial y al sistema político al borde de un choque institucional, ante fronteras imprecisas de lo político penal, que sólo una sabia prudencia de muchas décadas impidió que los roces hubiesen ocurrido antes.

En algunos casos podrán haber sido los propios jueces, sin necesidad de estímulos externos, que decidieron incursionar en la frontera o más allá de la frontera de lo político. Pero en otros, los magistrados fueron puestos, sin que nadie les preguntase sobre sus deseos, en medio de las tormentas políticas.

Publicado en El Observador
Octubre 19- 1997