Tiempo electoral y
tiempo de gobierno
Oscar A. Bottinelli

La reforma constitucional genera distintos impactos y de diferente magnitud, no sólo sobre los sistemas (electoral, de partidos, de gobierno) sino sobre las prácticas y conductas políticas. Uno de ellos, visiblemente protagónico en estas últimas semanas, lo genera la nueva relación en cada quinquenio entre el tiempo de gobierno y el tiempo electoral, o al menos entre el período de gobierno sin presiones de tipo electoral o tiempo útil de gobierno, y el período en que la acción de gobierno es concomitante con el ciclo electoral. En los últimos sesenta años Uruguay vivió un régimen de elección única y fija, que primero fue cuatrienal y luego quinquenal. El período de gobierno pues puede estimarse inicialmente (constituciones de 1934, 42 y 52) en tres años y medio, y luego (régimen de 1967) en cuatro años y medio.

Ahora aparecen dos cambios significativos:
uno, un largo ciclo electoral, de cincuenta y cuatro semanas entre la primera y última elección, el que, campaña electoral mediante, puede extenderse a cerca de año y cuarto.
dos, que el gobierno nacional se instala en el mismo momento en que comienza la campaña electoral para las elecciones municipales.

Parece bastante obvio entonces que el nuevo gobierno va a tomar sus primeras medidas no a partir del 1° de marzo, sino después del segundo domingo de mayo. Prácticamente todos los últimos gobiernos se han iniciado con la adopción de medidas duras e impopulares, llámense Ley de Emergencia con Gestido, fin de la congelación con Bordaberry, ajuste fiscal con Lacalle o el largo nombre que nadie recuerda y todos llaman segundo ajuste fiscal con este gobierno; y no sólo en Uruguay, sino también en Italia, España, Francia, Argentina, Brasil o Ecuador. Si esto es así, a nadie se le ocurre pensar que un gobierno va siquiera a anunciar un paquete de medidas impopulares antes de las elecciones municipales. Más bien lo contrario, con el riesgo de dar señales equívocas a los agentes económicos. Como fuere, la instalación real del gobierno se retrasa en casi tres meses.

Si a una punta se posterga la iniciación del tiempo de gobierno y por la otra punta se adelanta su finalización, parafraseando a un ministro, va a ser muy corto el plazo para hacer calzar los tiempos económicos con los tiempos electorales: de punta a punta apenas tres años y medio. Puede decirse que se desanduvo lo reformado en el '66, al extenderse en un año el período de gobierno. Con una diferencia, que desde el '34 se podían contabilizar diecisiete años y medio de tiempo de gobierno cada veinte años, y ahora se contabilizarían catorce.

Tampoco implica el retorno al régimen de 1918 a 1933, cuando hubo cuatro elecciones cada seis años, además con renovación parcial de gobierno y parlamento. Porque allí directamente no podía distinguirse un tiempo útil de gobierno de un tiempo electoral.

Si éste es el régimen normal o permanente que se inaugura con lo que podemos llamar la Constitución del Siglo XXI, hoy observamos un nuevo fenómeno: la aprobación de la reforma constitucional desató anticipadamente el tiempo electoral. La aparición de nuevas reglas de juego y el surgimiento de las elecciones partidarias en el temprano abril del '99, crearon lo que podemos llamar la angustia electoral.

Precisemos un poco más, sobre un tema que en más de una oportunidad hemos tratado en estas páginas: las carreras políticas han desaparecido, los titulares de cargos públicos se enfrentan a las nada confortables estadísticas que les presenta como futuro un 70% de probabilidades de quedar fuera. Y ahora además, un doble juego desconocido: primero deberán competir en elecciones internas, para la convención nacional y las convenciones departamentales, que se constituirán en un ensayo general de la elección nacional y en una medición de fuerza entre los diversos contendientes en los planos parlamentarios y en los pesos departamentales; y luego vendrán las elecciones nacionales, en la que los ganadores deberán revalidar el resultado y los perdedores irán por la revancha.

En el plano presidencial, la elección interna no solamente adelantó en siete meses una de las contiendas más importantes, la competencia personal al interior de cada partido; sino que la incertidumbre generada por un nuevo escenario con reglas de juego de efectos desconocidos llevó a que la carrera se lanzase con una antelación desconocida, con más de dos años de anticipación.

En los últimos meses asistimos a un conjunto de actitudes que se explican esencialmente por la contienda presidencial: el giro ideológico de Jorge Batlle sobre concepción de las empresas del Estado (el retornar al concepto de entes autónomos generadores de recursos para el Tesoro central) y su presión sobre incremento del gasto público; el correlativo giro de Lacalle en materia de política forestal y subsidios impositivos; la polarización entre Volonte (o Volonte-Ramos) y Ramírez (o los grupos que respaldan a Ramírez) en términos que apuntan a recordar la lucha fratricida herrerista-nacionalista independiente; y la lista no se agota aquí. El resumen es que ambos partidos tradicionales se han encargado en los últimos meses de trasmitir a la población mensajes fuertemente electoralistas y de alta desunión partidaria, precisamente a una población cansada de la política electoral, de la lucha política por la política misma, de las divisiones partidarias. Guste a unos y disguste a otros, el Frente Amplio es el que ha logrado en 1997 posicionarse de manera diferente, sin ríspidas disputas internas, al menos de dominio público, y con una conducción personalizada eficaz; la contundente victoria interna de Vázquez ha logrado un buen posicionamiento de imagen para su grupo político. Otra cosa, y otro tema de análisis, es el posicionamiento externo, la alta polarización nacional en que basó Vázquez su estrategia.

Publicado en El Observador
Agosto 12- 1997