Las autoridades partidarias
los riesgos del cuándo de su elección
Oscar A. Bottinelli

Uno de los problemas relevantes en el diagnóstico de las disfuncionalidades de nuestro sistema político es la carencia de autoridades partidarias con un papel real y efectivo de conducción política, cuyas decisiones fueren consideradas legítimas y obligatorias por todos los miembros de dicho partido. La afirmación merece excepciones: por ejemplo, los partidos menores o de ideas como el Comunista, Demócrata Cristiano, del Nuevo Espacio, Por el Gobierno del Pueblo, Socialista o Unión Cívica, o desprendimientos de los partidos tradicionales actuantes como partido (como el Nacional Independiente). Y otro tipo de excepción a la afirmación lo constituye el Frente Amplio, que debe ser motivo de un análisis por separado.

Pero en esencia, la historia del país a lo largo de las ocho décadas de vida del Estado moderno demuestra que las autoridades partidarias han sido esencialmente administradoras del lema a los efectos electorales, instituciones de referencia simbólica y a lo sumo escenario creador de hechos políticos. La real toma de decisiones ha pasado la mayor parte del tiempo, y sigue pasando, por los sectores políticos, por la interacción entre los sectores, por la negociación, acuerdo o disidencia entre sectores de un mismo partido, o de diferentes partidos. Salvo en lo electoral eleccionario (es decir, expresamente excluimos lo electoral plebiscitario o referendario), los centros de decisión política son los sectores.

Sin embargo, hay momentos en que se hace un esfuerzo por la búsqueda de decisiones partidarias, adoptadas por el partido en tanto tal. Y en ese caso lo frecuente es que actúen los órganos vinculadas a la acción de gobierno: Agrupación de Gobierno en el Partido Colorado, Agrupación Parlamentaria en el Partido Nacional y en el Frente Amplio. Un dato es significativo: ser exclusivamente miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, del Directorio del Partido Nacional o del Secretariado del Frente Amplio, implica una jerarquía política inferior a la titularidad de una banca o el ejercicio de una investidura de gobierno(con la obvia excepción de los líderes partidarios o fraccionales).

La reforma constitucional apunta a un fortalecimiento del accionar de los partidos en tanto tales, en detrimento de las fracciones. O dicho de otra manera, que las fracciones actúen como tales, es decir, como partes de un conjunto que se expresan al interior de ese conjunto. En un partido europeo, un sector, ala, fracción o corriente existe para incidir dentro del partido e intentar que dicho partido adopte un rumbo similar. Pero no es una entidad independiente.

Para cumplir ese objetivo hay un paso esencial: que existan autoridades partidarias cuyo origine, cuya forma de elección, resulten plenamente legitimantes; y además, que se procese un cambio de cultura. Que, como pasa en los partidos europeos, ser uno de los quince miembros de un comité ejecutivo nacional implica una responsabilidad y jerarquías políticas de primer nivel partidario.

La nueva Constitución apunta a ese fortalecimiento mediante la constitución de las autoridades partidarias en elecciones internas, simultáneas para todos los partidos, a realizarse en el mes de abril. Ahora bien, no queda claro si estas convenciones o equivalentes que se eligen en abril son órganos electorales auxiliares (para elegir en forma supletoria al candidato presidencial; para otros propósitos electorales) o serán las autoridades partidarias para todo el quinquenio siguiente. Esto se resolverá en la legislación reglamentaria de la Constitución, y aparentemente se va por este último camino.

Sobre ello es necesario advertir de un riesgo. La elección interna es una competencia entre sectores y agrupaciones partidarias. Pero seis meses después, en octubre, ocurrirá otra competencia entre sectores y agrupaciones, al realizarse las elecciones parlamentarias. Y en la elección parlamentaria no sólo se eligen senadores y diputados, también se miden fuerzas entre los distintos sectores, entre los sublemas y las listas senatoriales, entre las listas a diputado.

Nada permite predecir que la una y la otra generarán resultados similares. En esos seis meses pueden ocurrir diversos hechos políticos que afecten al electorado, uno de los cuales es nada más ni nada menos que el propio resultado de las elecciones internas. Es decir, éstas no sólo recogen una realidad sino que crean otra.

Pero además, hay tres diferencias significativas de escenario: Uno. Las elecciones de abril son con voto voluntario, las de octubre con voto obligatorio; entre una y otra puede haber una diferencia de electorado de entre cuatrocientos y seiscientos mil votantes. Dos. En abril se acumula por sublemas; en octubre, no. Tres. En abril cada lista de convencionales va atada a una precandidatura presidencial, es decir, su resultado electoral es producto de los atractivos y rechazos recíprocos de la propia lista de convencionales y de la precandidatura presidencial. En octubre, en cambio, todas, absolutamente todas las listas de senadores y diputados se vinculan con el mismo candidato presidencial, porque cada partido va con una única candidatura. El efecto positivo o negativo que el liderazgo sectorial pudiere ejercer sobre la agrupación respectiva se diluye.

Son muy elevadas las probabilidades de resultados diferentes. Y si ello ocurre, queda abierto el camino a la deslegitimación de las autoridades partidarias, o se cierra el camino a su relegitimación.

Publicado en El Observador
Junio 1°- 1997