Nuevas reglas, nuevas conductas
Oscar A. Bottinelli

Esta reforma constitucional, desde el punto de vista de su impacto sobre el sistema político, guste o disguste, es de naturaleza diferente a las anteriores, y sólo comparable a la reforma realizada entre 1916 y 1928. El país ha tenido desde su independencia tres grandes etapas político-institucionales, tres grandes macro sistemas políticos:
Uno. El complejo sistema que rigió de 1830 a comienzos del siglo XX, caracterizado por un régimen con reglas de hecho y un sistema normativo institucional bastante despegado de la realidad, período en que el disenso social fue dirimido en forma predominante por medios violentos, incluidos la confrontación armado y el magnicidio.
Dos. El que se construye entre la Ley del Doble Voto Simultáneo de 1910 y las tres electorales leyes madres (1924, 1925), con la Constitución de 1918, y que da sustento al Estado moderno. Este sistema se basó en dos grandes partidos fuertemente fraccionalizados (no tanto en lo cuantitativo sino en la fortaleza de las fracciones), en la elección gubernativa a pluralidad de votos y con doble voto simultáneo.
Y ahora una tercera gran etapa, o tercer gran ciclo, que se abre con la Constitución de 1997 (y cuya transición comienza con el fin del bipartidismo), que apunta a una transformación sustancial del sistema político.

Entre las finalidades de la reforma se encuentra el fortalecimiento de los partidos políticos, o para ser más exactos, de la institución partidos, identificable con los agentes políticos de primer nivel (que electoralmente operan como lemas), en detrimento de las fracciones y agrupamientos partidarios (sublemas, listas en los electoral; sectores nacionales y departamentales, agrupaciones departamentales, en lo político).

El sistema político uruguayo se ha caracterizado por la existencia de dos niveles relevantes de agentes políticos y electorales, con roles diferentes en el proceso electoral y en los períodos interlectorales o gubernativos. En lo electoral, el sistema se caracteriza por un primer nivel de pocos agentes relevantes (tres o cuatro como norma, siete como expresión máxima a mediados de los años cuarenta); y, debajo de ese primer nivel, derivado del mismo, como partes de cada conjunto, los sectores o fracciones. Pero en los períodos gubernativos, rara vez el sistema operó a nivel de agentes de primer nivel; la norma ha sido ahora no el relacionamiento interpartidario, sino intersectorial. Si se quiere visualizar y cuantificar el sistema político con un elemento gráfico, tómese la foto de una reunión del presidente de la República con los máximos líderes políticos: pocas veces, en los momentos de instalación de un gobierno (no siempre) o en los tres primeros años de la restauración institucional, la foto fue reducida, cuatro líderes representando a cuatro partidos; lo normal es la presencia de diez, doce y hasta trece figuras políticas, en representación de sectores más grandes o más chicos, con la única exigencia de contar con representación parlamentaria.

La reforma apuntó sin dudas a una distinción más clara del papel de los partidos y el de las fracciones. No a la supresión de la fraccionalización, sino a su encauzamiento. Para decirlo con mucha claridad, apuntó a lo idiomática obvio: que un sector fuere una parte de un todo, y no un elemento independiente de ese todo. Que en la relación interpartidaria, la relación del sistema político en su conjunto, operasen los partidos en tanto tales, los lemas. Y que luego, al interior de cada partido opere el juego de las fracciones, en la competencia por el poder interno y por lograr imponer sus visiones y convicciones.

El nuevo mecanismo electoral apunta a ello. Y aunque todavía cueste verse, las elecciones internas van a servir para dirimir algo más que la candidatura presidencial única. También van a operar como desnivelador entre los líderes sectoriales y el líder o referente partidario. Porque el candidato único no va a ser sólo la cabeza de la fracción mayoritaria del partido, sino el representante, el convocante a nombre de todo el partido. Utilizando una figura medieval, digamos que se produce la distinción entre el souverain y el souzerain, entre el señor y el señor de señores.

Pero antes que las realidades del nuevo sistema caiga sobre los actores políticos, parece conveniente que se inicie ya un proceso de adaptación. Porque para que el sistema cambie, para que se cumplan los objetivos trazados en la reforma, es menester que no solo cambien las reglas, sino que cambien las conductas.

Porque todavía pervive la lógica del anterior sistema político (en base al cual surgieron esta Legislatura, estas autoridades partidarias y esta administración, lo que no es poco). Cuando un sector político no le gusta como actúa el presidente o secretario general partidario, tiende inmediatamente a exigir una interlocución directa, de gobierno a fracción, de fracción a fracción. El nuevo sistema obliga a comenzar a caminar por otra lógica: si a alguien no le gusta como está representado, debe discutir y cuestionar al interior del partido. El sistema apunta a que los partidos se relacionen entre sí, y las fracciones operen todas dentro de sus respectivos partidos.

Publicado en El Observador
Mayo - 1997