Descentralización y
elecciones municipales
Oscar A. Bottinelli

La Constitución de 1997* desanda el camino centralizador territorial emprendido en 1952 y abre las puertas a cierta descentralización. Y lo hace por tres vías:

Una. El complejo mecanismo que parte de la declaración programática de impulso a políticas de descentralización y desarrollo regional, y tiene como pivot a la comisión sectorial integrada por ministros de Estado y representantes del Congreso Nacional de Intendentes (que a su vez se constitucionaliza).

Dos. La posibilidad de ampliación de las esferas de aplicación y las fuentes de recursos de los gobiernos departamentales.

Tres. La desvinculación jurídica y separación en el tiempo de las elecciones municipales, respecto a las nacionales.

Esta última vía no es completamente nueva en el país, pero presenta innovaciones significativas. Con anterioridad a la Constitución de 1952 la elección de ejecutivo y legislativo municipal estuvieron casi siempre desvinculadas de las elecciones nacionales pero no separadas en el tiempo (es decir, se votó en hoja aparte, con posibilidad de hacerlo por un lema diferente, pero en el mismo acto votacional de las elecciones parlamentarias)

Ahora en cambio, se vuelve a la desvinculación del voto y se inaugura el camino de la elección separada en el tiempo, es decir, no sólo se puede votar por partidos distintos, sino que se realiza a través de campañas electorales específicas, en que la decisión del elector juega de manera primordial en torno a las candidaturas municipales y a las temáticas departamentales. Esto, que es el esquema predominante en los países de mayor desarrollo electoral, pasa a ser una novedad en el Uruguay.

Y esta novedad abre una gran interrogante sobre los impactos políticos que pudieren generar.

En principio se han dejado escasos resquicios a la aparición de un conglomerado de partidos municipalistas que desafiase al sistema de partidos nacional. La razón fundamental es que la primera de las cuatro elecciones del ciclo electoral (la de abril) no sólo es una competencia interna entre los partidos, sino una especie de registro político. Allí deben concurrir los partidos que deseen presentarse a las instancias posteriores: las elecciones nacionales de octubre y las municipales de mayo del año siguiente. Pero además, quienes se presenten como candidato a la candidatura presidencial o las convenciones nacional o departamental, no pueden luego ser candidatos por ningún otro partido en dicho ciclo electoral. La aparición de un partido estrictamente departamental debe operar pues simultáneamente con las elecciones internas de todos los demás partidos, en competencia con ellos, y mediante un deslinde total con los mismos. A vía de ejemplo, no se puede ser actuar como miembro del partido de Fulano en lo municipal y blanco, colorado o frenteamplistas en lo nacional. Lo uno y lo otro son excluyentes.

Si este camino aparece prácticamente cerrado, en cambio se abre otro: la no coincidencia del juego político nacional con el municipal. Y es muy claro que hablamos del municipal y no del departamental. En el nuevo sistema no coinciden los intereses, la competencia y la lucha de los candidatos a diputado, con la de los intendentes. Ni quienes jueguen en el plano municipal están obligados a brindar su apoyo a su partido en la instancia nacional, ni existe compromiso recíproco. Si esto puede ser menor en la competencia entre partidos, puede adquirir mayor relevancia en la competencia interna, entre fracciones. La primera consecuencia posible (no necesariamente probable, pero sí posible) es que la fraccionalización a nivel nacional y las fraccionales departamentales comiencen a recorrer caminos divergentes.

El nuevo sistema electoral, o las modificaciones profundas al viejo sistema electoral, apunta a mayor cantidad de efectos y de mayor envergadura que los previstos inicialmente.

* Una polémica menor es si se puede hablar de la Constitución del '97 o la reforma de 1996 a la Constitución del '67. Desde un punto de vista formal, hubo un conjunto numerosos de modificaciones parciales a la Constitución aprobada treinta años ha, por lo cual no cabe hablar de una nueva Constitución.

El caso es similar a lo ocurrido en 1942; sin embargo, casi no hay tratado, manual o artículo de Derecho Constitucional que no hable de la Constitución del '42, o enumere la sucesión de textos constitucionales así:1830, 1918, 1934, 1942, etc. Es obvio que para la dominante mentalidad anti-terrista, y ni hablar para los constitucionalistas de la época (antiterristas), era impensable aceptar la vigencia de la constitución de Terra con algunas modificaciones bajo Baldomir: pecado mortal. Pero la razón fue política y no técnico-jurídica.

En la misma línea de razonamiento, en base a argumentos politológicos y no políticos, parece razonable a que a la segunda reforma más importante en la historia del país (la otra fue la de 1918) le demos el rango consiguiente y hablemos de la Constitución de 1997. Y si por el contrario se prefiere seguir la línea técnico-jurídica, por favor, que se corrijan casi todos los textos de Derecho Constitucional, y se hable de la reforma de 1942 a la Constitución del '34.

Publicado en El Observador
Abril 20- 1997