Lo que deja La Haya y lo que queda por venir

Oscar A. Bottinelli. 
Versión no corregida por el expositor


EMILIANO COTELO:
Ha habido muchas noticias, opiniones y comentarios sobre el fallo que emitió el martes al mediodía –hora uruguaya– la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.

Hoy incorporamos otro enfoque. El politólogo Oscar A. Bottinelli, director de Factum, analiza lo que deja esa sentencia y lo que queda por venir, en particular los pasos a dar por el gobierno y los riesgos en que incurre.


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EC – ¿Por dónde empezamos?

OSCAR A. BOTTINELLI:
Es un fallo dentro de lo previsto, esto lo ha señalado casi todo el mundo, no ha habido sorpresas. Sin embargo, a nuestro juicio hubo una novedad –esto sí imprevisto– extraordinariamente favorable a Uruguay que no apareció recalcada en el comentario oficial del ministro de Relaciones Exteriores como vocero del gobierno ni en las opiniones vertidas del oficialismo, pero tampoco en la oposición y los especialistas. Y es el contenido estricto de la primera de las tres cláusulas dispositivas del fallo, que dice textualmente: “Por 13 votos contra 1 dice que la República Oriental del Uruguay ha faltado a sus obligaciones de naturaleza procesal que a ella le incumben en virtud de los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975, y que la comprobación por la Corte de esta violación constituye una satisfacción apropiada”. Esto resalta más aún lo que fue la victoria uruguaya, pues acentúa por un lado el carácter estrictamente procesal de la violación, lo cual queda ratificado en el segundo punto dispositivo cuando dice que no hubo violación sustantiva.

Pero además lo importante es que al decir que la comprobación por la Corte es por sí la satisfacción apropiada está calificando cuál fue la gravedad de la violación. Es decir, una violación a una parte procesal, que basta declarar que lo violó para que quede ya satisfecha la otra parte, ya se produjo la reparación suficiente.

EC – O sea, lo que está diciendo en definitiva la Corte es que es una violación menor.

OAB – Que es una violación casi insignificante, lo que dice es eso realmente. Ahora bien, también el tema con esto queda clausurado, Argentina lo siente como una victoria moral, así lo quiso juzgar el gobierno argentino, el oficialismo y los socialistas argentinos. Pero en lo sustantivo no cabe duda del triunfo uruguayo. Como escribe Carlos Malamud, catedrático de historia de América, investigador y jefe del Real Instituto Elcano de Madrid: “ Si hubiera que dictaminar la existencia de un ganador, este debería ser, por los puntos, Uruguay, cuyas principales tesis, que la planta no contamina ni debe ser desmantelada, fueron refrendadas por los magistrados internacionales”.

La Haya deja pues un triunfo uruguayo y una derrota del gobierno argentino. Pero además una limitante significativa para Uruguay -esto se ha encargado reiteradamente de marcarlo el gobierno argentino-: de aquí en más no puede haber ningún emprendimiento que afecte al río Uruguay sin aplicar las consultas previstas en el tratado de 1975, lo cual confiere una inusual importancia a la integración de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) que en general fue manejada con poca importancia política, y en la parte técnica muchas veces se buscaba gente de la Armada. Ahora el gobierno va a designar como presidente de la Comisión a un asesor técnico de altísima confianza del canciller, el doctor Mata –que no es del gobierno– por su alta capacidad técnica.

Y Malamud agrega otro elemento significativo: “Si algo demostró el contencioso fue la incapacidad del Mercosur y de sus gobiernos de solucionar la disputa o de arbitrar los resultados para llegar al mismo resultado”. Lo que puede leerse como que otro gran derrotado en este conflicto ha sido Brasil, porque demostró una incapacidad de liderar una región –una región de cuatro donde él tiene el papel sustancial–, fue incapaz de buscar soluciones, incapaz de arbitrar, incapaz de llegar a un tipo de resultado.

Lo que queda ahora es lo que todos sabemos, lo que no estuvo en La Haya: el corte del puente binacional General San Martín que une Fray Bentos con Puerto Unzué.

EC – ¿Y por dónde pasa la posibilidad de levantamiento de ese bloqueo?

OAB – Lo primero es que hay que ver quién es el responsable del corte del puente. La tesis sostenida por Uruguay a lo largo del gobierno pasado es que el corte es responsabilidad del gobierno argentino. ¿Por qué? La tesis es que porque ante una violación tan flagrante del derecho nacional e internacional –la violación del derecho a la libre circulación– en general sólo caben dos posibilidades: que el Estado responsable no puede impedirlo o que no quiere terminar con esa violación.

Si no puede –esto se sostuvo muchas veces– es que un Estado está reconociendo su incapacidad de ser un Estado en sentido pleno, porque no tendría la posibilidad del uso de la fuerza para imponer el derecho, que es un elemento básico en la definición de Estado.

Si es al revés, si puede hacer valer el derecho y la violación continúa, es porque hay un aval explícito o tácito de ese Estado. En otras palabras, la tesis uruguaya siempre fue que la responsabilidad del corte es del gobierno argentino y no de los llamados asambleístas de Gualeguaychú.

Esta tesis fue esgrimida por primera vez –dando la importancia que el corte del puente era un tema previo a todo– por [Julio María] Sanguinetti, un hombre que maneja mucho las relaciones políticas internacionales, en febrero de 2006.

Vázquez primero no fue por esa línea, cometió aquel traspié del acuerdo con Kirchner en Chile que obtuvo enseguida un griterío de la oposición, hubo un sordo malestar interno en la propia fuerza política, hubo una caída muy fuerte de su popularidad –la primera que tuvo–. Y en 30 días hizo un giro de 180 grados y caminó sin vacilaciones, y hasta con dureza, por la tesis que fue apoyada en su momento por todo el sistema político: que el desbloqueo del puente pasaba a ser un tema previo a cualquier otra discusión con Argentina.


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EC – ¿Esa posición uruguaya sigue así o últimamente están dándose cambios?

OAB – Acá hay una primera punta, alguna señal de cambio en la posición uruguaya. El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo acaba de declarar que es la Justicia argentina la responsable de liberar los cortes, lo cual quiere decir que exculpa al gobierno argentino de responsabilidad. Y esto en sí mismo es un viraje sustancial respecto a lo sostenido en la administración Vázquez, que con contó en aquel momento con el apoyo de todo el sistema político.

Entonces la duda queda planteada: si el presidente Mujica no empieza a caminar en una línea de considerar que las relaciones argentino-uruguayas, como también las venezolano-uruguayas, se debilitaron por un tema de enfrentamiento personal de los mandatarios. Vale decir que del lado uruguayo este fue un problema de Vázquez y no un problema entre Estados o entre gobiernos. Los pasos posteriores despejarán si aquí hay un viraje y un intento de desmarcarse de la tesis sostenida por el gobierno de Vázquez.

En realidad en esta misma línea apareció el internacionalista González Lapeyre, en una postura técnica, que dijo que el corte era responsabilidad de un grupo particular: los asambleístas de Gualeguaychú.

A favor de la otra tesis, que sostuvo Vázquez, se señala que el gobierno de Néstor Kirchner y el actual de su esposa despejaron todos los cortes habidos en territorio argentino que tuvieran consecuencias internas para Argentina –dejemos de lado los dos puentes–. Despejaron los cortes desde el Chaco hasta la Patagonia; cortes de ruta, de puentes, de calles, no sobrevivió uno sólo.

Acá hay que ser muy claro y muy realista: los terminó en algunos casos la fuerza pública, pero en otros lo terminaron los piqueteros que responden al gobierno argentino –algunos de ellos conducidos por el célebre D’Elía–. En general los Kirchner se han caracterizado por no aceptar la menor disputa del poder, el menor desafío, en ningún terreno.

Entonces estas declaraciones del canciller uruguayo marcan un viraje, sorprenden un poco, sobre todo porque después afirma: “No nos podemos dirigir al Poder Judicial argentino y decirles que levanten el corte ahora. Esa es la lógica, no hay piquete en Argentina que no se haya levantado a través de un dictamen judicial, este no es ajeno a este esquema”.

Con esas declaraciones aparecen dos cosas: primero, tenemos una información errónea sobre la historia de los cortes y los piquetes en Argentina al sostener que no hubo ningún caso en que el levantamiento no haya sido decisión judicial. Y está surgiendo una contraposición con la tesis sostenida por el gobierno Vázquez. Si uno tiene un conflicto en países de Estado de derecho porque un poder judicial no se pronuncia, no genera la tensión entre gobiernos que se generaron en todos estos casos.

Si no hay corte del puente antes de la cumbre presidencial de la semana que viene, claramente ese solo hecho quiere decir que hay un cambio de tesis en Uruguay –que estará bien o estará mal, ese es otro tema– porque ya no sería de previo pronunciamiento el levantamiento del mismo o de los mismos.

EC – En el comienzo del planteo del tema de hoy tú también proponías hablar de posibles riesgos en este camino que empieza a seguirse.

OAB – Del lado argentino se oyen versiones, rumores, de que Uruguay iría a un intercambio de concesiones, a lo que se dice un quid pro quo. Si llega a ser eso, se está hablando mucho desde el lado argentino y surgen como rumores de la diplomacia argentina que Uruguay iría al levantamiento del veto de la figura de Kirchner para la Secretaría General de la Unasur.

Del lado uruguayo no ha habido ninguna señal en ese sentido, e incluso el canciller dijo que no se estaba considerando el tema. La Unasur tiene una reunión ahora en mayo para tratar entre otras cosas esto, lo podrá tratar o lo podrá postergar, como en veces anteriores. Acá viene del lado argentino y Uruguay no ha dado ninguna señal, pero queda picando ese riesgo.

Lo que vemos es que existe alguna confusión –lo hemos visto en sectores del gobierno– entre concesiones a la Argentina y concesiones al gobierno Kirchner, como si fueran sinónimos, haciendo una lectura de lo que pasa en Argentina como si fuera la realidad uruguaya. Quizás también hay algo de soberbia, uno oye frases como “A enemigo que huye, puente de plata”, lo cual es peligroso porque da la impresión de que a alguna gente el éxito de La Haya se le sube a la cabeza, y no es la mejor forma de actuar.

Pero sobre todo no comprender que la oposición argentina no está toda junta detrás del gobierno, al contrario. Es un tema que obviamente no conmueve demasiado a Argentina como conmueve a Uruguay, fue titular de los diarios al día siguiente y después prácticamente la noticia se ha ido diluyendo, pero lo que se observó en figuras importantes de la oposición fue una gran dureza contra el gobierno argentino por como condujo todo este conflicto, por la derrota en La Haya. Frases como la de Carrió: “Si Argentina no tenía argumentos, no sabía defenderse, no se va a la Justicia. No se plantea un fallo de esta manera para quedar derrotados como quedamos”.

Es decir, hay un cobro de cuentas a Kirchner y alguno ha expresado el temor – sobre todo esto se ha visto más en rumores que salen en cosas privadas–de que Uruguay aparezca tirándole un salvavidas a los Kirchner y que entonces quede a merced de generar malestar a la oposición.

A veces acá cuesta darse cuenta de que a los Kirchner les queda muy poquito más de 19 meses. No se sabe el futuro, en este momento es muy mala la opinión pública y las intenciones de voto que puede tener ese espacio político. Y es muy riesgoso para el gobierno uruguayo torear a la oposición y quedar a merced de los vaivenes políticos argentinos.

Y un levantamiento de veto a la Unasur, si no cuenta con la expresa autorización o apoyo político de Tabaré Vázquez, puede ser visto como una desautorización a Vázquez y además generar malestar en la oposición argentina; es decir, darle un lugar de relieve a una persona a la que están combatiendo por tierra, mar y aire.

EC – ¿Una última consideración?

OAB – El triunfo en La Haya obliga al gobierno uruguayo a actuar con mucha fineza. El presidente sabiamente se ha llamado a silencio, porque cualquier error que cometa el gobierno uruguayo le puede costar caro, no inmediatamente sino en el mediano plazo, de aquel lado del río; pero también le puede costar caro, también a mediano plazo, de este lado del río. Así que en medio de la algarabía de la fiesta conviene mucha prudencia.


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Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
abril 16 - 2010