Segundo balance del segundo año de gobierno frenteamplista.
La herencia de los años duros.
Oscar A. Bottinelli. 
Versión no corregida por el expositor

EMILIANO COTELO:

Hoy termina el año civil hábil 2006, el segundo año civil de gobierno frenteamplista. El viernes pasado, el politólogo Oscar Bottinelli inició el balance de estos dos años deteniéndose en el tema de la formalización laboral y la gestión del Banco de Previsión Social. Hoy viene el segundo capítulo de esta serie de balances, con el título: "La herencia de los años duros".

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EC - Estamos hablando de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.

OSCAR A. BOTTINELLI:

Estamos hablando en general de los años duros. Luego vamos a ver dónde nos centramos, porque los años duros en Uruguay empiezan antes de la dictadura y se puede decir que terminan con la dictadura.

El balance no va a ser del tipo cosas en las que le fue bien y cosas en las que le fue mal al gobierno, sino que hemos elegido cinco temas para desgranar.

Sobre los años duros, durante mucho tiempo se consideró en Uruguay que el tema se había cerrado con la Ley de Amnistía para quienes habían practicado la lucha armada o cometido algún otro tipo de delito en período constitucional y con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado avalada por la ciudadanía. Hubo un sector de gente que no consideró correcto el cierre del tema, que no se resignó a ello, que empujó para abrir y se puede decir que el tema se entreabrió durante la presidencia de Batlle y se abrió casi del todo con la Presidencia de Vázquez.

En ambos casos, analizado desde el punto de vista de cada época, se llegó mucho más allá de lo que en general esperaba la mayoría de la gente y la gente informada. La Comisión para la Paz, cuyo informe hoy se ve muy limitado a la luz de pasos posteriores, en su momento excedió lo que se creía que se podía avanzar en el tema. Y luego, con Tabaré Vázquez, se ha llegado a la búsqueda de restos, a encontrar restos de personas que se consideraban desaparecidas, con lo que queda plenamente confirmada su muerte, como los casos de Chávez Sosa y de Miranda.

Se llegó a la suspensión de los trabajos a fines de octubre sin que se pudieran encontrar más datos o más restos. Independientemente de que se había abierto una expectativa mayor cuando empezaron a aparecer restos o algún fragmento en cuanto a que se iba a avanzar mucho más, lo cierto es que si vamos a 2004 (y ni hablar al 98) el avance estuvo más allá de toda expectativa. En ese sentido ha sido un éxito formidable del gobierno, de los que empujaron el tema.

A lo cual hay que agregar cómo se fue ampliando la información, al punto de llegar a los informes de los comandantes en jefe de cada una de las fuerzas que obtuvo el presidente de la República, con datos que en algún caso no coincidían exactamente con los de la Comisión para la Paz, casos sobre los que no había datos y sí los había recogido la Comisión para la Paz y casos en los que los datos coincidían perfectamente. Estos informes implicaron un avance muy grande, entre otros datos allí estuvo el primer reconocimiento oficial de la existencia del "segundo vuelo"; aquel vuelo que trajo de Argentina a personas consideradas desaparecidas y que habrían sido muertas en territorio uruguayo.

EC - Además de la investigación sobre el destino de los restos de los desaparecidos, hubo actuaciones judiciales y varios procesamientos.

OAB – Exacto. Se avanzó en la faz judicial. Sin ninguna duda en el sistema judicial, que a la salida de la dictadura tuvo líneas interpretativas acordes con el pensamiento dominante en la sociedad en aquel momento, en los años 2000, en el siglo XXI, empieza a predominar una línea interpretativa acorde con el pensamiento que comenzaba a perfilarse como mayoritario en la sociedad.

Ahí tenemos la acción pionera de la fiscal Mirtha Guianze. Una mujer con una clara concepción político-judicial, que abrió una línea política diferente en el Ministerio Público, que lleva al procesamiento de Blanco a fines de 2002 y se continúa en estos dos años en que se llega al procesamiento de los militares y ahora a los dos tipos de procesamientos de Juan María Bordaberry, más un nuevo procesamiento de Juan Carlos Blanco. También se produce la exclusión de la Ley de Caducidad en forma expresa de las muertes ocurridas en Buenos Aires de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo.

Siempre quedan planteadas muchas discusiones. Por un lado, el tema de la memoria histórica de la dictadura o la memoria histórica de los años duros. El presidente de la República firmó un decreto declarando al 19 de junio Día del Nunca Más. El decreto tiene algunas cosas confusas, porque los feriados surgen por ley. Y además establece que los festejos de gobierno se hacen el 19 de junio pero se mantienen los otros feriados. Y el visto está referido a los detenidos-desaparecidos, lo cual da la percepción de que está referido a que nunca más haya desapariciones.

EC - Pese a que el discurso que el propio presidente Vázquez realizó ese día estuvo en sintonía con su discurso del 1 de marzo del año pasado, en el que parecía hablar de un concepto un poco más amplio...

OAB - Estuve leyendo detenidamente el decreto. De hecho se ha generado en Uruguay lo que se puede llamar una memoria reduccionista de todo ese período. Da la impresión de que si uno pregunta qué fue lo que ocurrió en Uruguay durante la dictadura, la respuesta es que hubo desaparecidos. Recordemos que la Intendencia de Montevideo en la administración Arana creó un gran memorial en el Cerro a los desaparecidos. Hay algo que uno siente que genera discrepancia. Puede entenderse que no se está valorando, del lado de las víctimas de la dictadura, todo ese conjunto grande que hubo, primero, de muertos no desaparecidos, muertos cuyos cuerpos fueron entregados en su momento –no me refiero a los muertos que se descubre que no eran desaparecidos porque aparecen los cuerpos, sino a los que murieron en cuarteles, en penales–, y todos los miles de torturados, de presos, de demás perseguidos. E incluso aparece, no del lado del gobierno sino al revés, de la otra mitad del país –no olvidemos que este país tiene el pensamiento dividido en mitades en muchos temas–, la pregunta de si el "Nunca más" no debería comprender el nunca más lanzarse a la lucha armada contra las instituciones democráticas.

EC – Justamente. El momento en el que estamos en este asunto que has elegido para tu análisis de hoy está muy cargado de preguntas.

OAB – Exacto. Aparte de esta que estamos abordando. A Uruguay le falta hacer –quizás todavía estamos muy lejos del período de calma, hay juicios de por medio– la memoria histórica de ese período que uno llama los años duros, que comprende la dictadura, la predictadura y las acciones guerrilleras.

La pregunta es hasta dónde quiere llegar el gobierno con este tema. Generalmente, un acto como el del "Nunca más" sugiere una pretensión de cerrar un tema. No digo que lo diga, lo sugiere. Por otro lado, cuando se pregunta eso, la respuesta es "no, de ninguna manera". Incluso es algo confuso el decreto porque por un lado dice: "considerando que corresponde tener por cumplido el mandato impuesto por el artículo 4º", referido a la Ley de Caducidad en lo referente a detenidos desaparecidos en territorio uruguayo, sin perjuicio de la información complementaria, y en la parte dispositiva dice: "declárase culminada la primera etapa de las actuaciones dirigidas a la investigación de las desapariciones forzadas perpetradas en el territorio nacional". Da la impresión de que hay alguna vacilación ahí. Se quiere cerrar pero no se quiere cerrar. ¿El gobierno quiere frenar y no puede o no se atreve? ¿O es que no quiere frenar y quiere seguir? Son preguntas difíciles de contestar.

EC - ¿Hay más preguntas?

OAB - El "Nunca más". ¿A qué?, ¿la forma restrictiva del "Nunca más" del decreto?, ¿la forma más abierta del "Nunca más" del discurso del presidente de la República?

Hay una pregunta más genérica, ¿existe algún punto de freno que logre pleno consenso en el país, que diga hasta acá se llegó, ya se investigó todo lo que había que hacer y el tema se cerró? ¿O siempre va a haber - en mayor grado, en menor grado, más cantidad de gente, menos cantidad de gente- quien diga esto no se puede admitir, que hay que seguir para adelante?

Por otra parte, ¿qué pasó con la investigación del "segundo vuelo", que fue uno de los elementos más detonantes del informe de los comandantes? Esa investigación no está terminada.

¿Qué pasa con otras muertes y desapariciones? ¿Se van a seguir investigando muertes, se dan por investigadas? Vimos los procesamientos de Bordaberry, en los que hubo dos nombres cuya muerte no correspondía a su período sino que habían sido posteriores. Me viene a la memoria una persona con la que estuve muy vinculado, Julio Castro, fundador del semanario Marcha, cuya muerte ocurrió el 3 de agosto del 77, en lo que coinciden el informe de la Comisión para la Paz y el informe de los comandantes. Su desaparición y muerte detectada, ¿se van a investigar?

La nueva interpretación de la Ley de Caducidad lleva a que se juzgue a civiles y mandos. Pero independientemente de juicios, las investigaciones con una finalidad de memoria histórica, ¿se cierran? ¿O se puede seguir investigando hasta conocer exactamente todo lo que ocurrió, cómo ocurrió? Porque el tema no se reduce a lo judicial. Tiene que ver con lo histórico. La Ley de Caducidad cierra la caducidad judicial, penal, no la caducidad histórica.

E incluso ha habido cuestionamientos a lo que se ha llamado exclusiones parciales de la Ley de Caducidad. Porque el Poder Ejecutivo abre la puerta –fue un cambio radical del presidente Vázquez respecto de los gobiernos anteriores, que habían sostenido la línea de que todo quedaba incluido en la Ley de Caducidad–, este gobierno hace un giro y dice "esto no está incluido, está excluido, por lo tanto puede judicializarse". Pero ¿no hay más casos para excluir? Es una pregunta que está haciendo mucha gente.

Como conclusión, tenemos por un lado avances realmente formidables, que sin duda empiezan en el gobierno anterior. Hoy quizás se vea que algunos avances durante el gobierno de Batlle no fueron tales o que el informe de la Comisión para la Paz dejó cosas desprolijas. Pero en ese momento se consideró que el avance había sido formidable, que se había llegado a niveles de información a los que no se pensaba que se iba a llegar. Cada cosa debe ser analizada en su momento histórico. Y este gobierno avanzó a niveles que quizás no se había imaginado que se podía llegar; sobre todo sin gran conmoción. Eso es lo significativo. Una cosa es que haya disconformidades para un lado y para el otro, los que dicen que se fue demasiado lejos y los que dicen que hay que ir más rápido, pero lo cierto es que se llegó hasta donde se llegó sin que en el país hubiera nada en riesgo por todo este tipo de cosas. Puede discutirse si no se dedica demasiado tiempo al pasado en lugar de dedicarlo al futuro, puede haber muchas discusiones, pero no se puede decir que se ha comprometido la vida institucional del país. No está comprometida en nada con todo esto. Es un avance excepcional.

Quedan todas esas interrogantes, esas dudas, esas disconformidades de un lado y del otro. Dudas de hasta dónde piensa llegar el gobierno, qué va a pasar con la memoria histórica, cuál es el alcance del nunca más, cuáles son las respuestas a muchas preguntas sobre lo que ocurrió en aquellos años, qué impulso puede haber desde el gobierno para que esas investigaciones continúen y se llegue a datos mucho más precisos sobre lo que pasó en ese período, la dictadura y antes de la dictadura.

 

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
diciembre 29 - 2006