Los derechos humanos y la transición política
Oscar A. Bottinelli. 
Versión no corregida por el expositor

JOSÉ IRAZÁBAL:
Un hecho trascendente de la historia de la transición desde la dictadura es el pedido de procesamiento de un grupo de militares por operativos realizados en ese período y fuera del país. A propósito de estos hechos, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, analiza: “Los derechos humanos y la transición política”.

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OSCAR A. BOTTINELLI:
Primero siempre conviene refrescar la historia, en este caso la historia reciente, para entender el presente, sobre todo entender la validez y la fuerza que tiene lo que está ocurriendo hoy. La transición de la dictadura empieza en algún momento entre 1980 y 1984 y se dio por terminada –y esto fue una valoración académica y analítica unánime– en 1989 con el referéndum sobre la ley de caducidad. Luego viene una reapertura del debate, que como toda reapertura tiene una serie de focos poco audibles que luego van teniendo cada vez más sonoridad. La transición no había terminado, quizás se puedan marcar como momentos las marchas del 20 de mayo, sobre todo hacia fines de los años ochenta, o ya el episodio Gelman y la actitud de Batlle al asumir y entre 1999 y 2000.

La salida de la dictadura es un tema muy complejo para analizar pero lo importante es que en ese momento hay un famoso tema: qué hacer con el tema llamado “derechos humanos”. Que eran varios temas, según quién lo planteara y desde dónde. Por un lado los delitos cometidos por funcionarios del Estado, sean civiles, militares o policías, como detenciones ilegales, torturas, lesiones o muertes; por otro lado delitos cometidos por particulares, guerrilleros, principalmente tupamaros, como secuestros, lesiones, torturas o muertes; otro ángulo son los delitos cometidos por particulares no violatorios de derechos humanos pero que habían dado lugar a procesamientos, a prisiones; y la prisión de particulares por hechos no considerados delitos ni violatorios de derechos en tiempos constitucionales, que eran delito a partir de la situación de facto. Estos son los puntos de arranque de qué hay que hacer.

JI - A partir de esa situación, ¿qué soluciones se buscaron, o más exactamente qué posturas encontramos a la salida de la dictadura?

OAB - Había un conjunto de premisas no necesariamente compartidas por todos, pero si no había liberación de los presos el país no tenía una salida pacífica aceptada, y por otro lado el reconocimiento de que era una salida pactada, acordada –cuando digo acordada no me refiero a que hubiera un pacto explícito sino a la clasificación del tipo de salida, no es el propio régimen que otorga la salida ni el régimen era derrocado por la fuerza, sino que entre la oposición al régimen y el régimen había una forma acordada de salida. Esto dejaba un poder militar con mucha fuerza, no es que quedara intacto pero tampoco destruido.

Podemos clasificar las posturas y sus respectivos escollos groseramente en cuatro grandes grupos. Una era la búsqueda de una amnistía total, que incluso muchos aconsejaban como el momento oportuno diciendo “en un momento de estos, cuando todavía no hay una salida, cuando todavía hay una dictadura, cuando se quiere salir de ella y quienes están en la oposición todavía no adquirieron fuerza de gobierno o de actividad institucional, entonces quizás es el momento para decir que se amnistía absolutamente todo, lo de una parte, lo de la otra y lo de una tercera”. Esto tuvo muchos escollos.

Segunda postura. En ese momento los militares estaban en una posición de sentir que no necesitaban amnistía, que no habían hecho nada por lo cual ser amnistiados. El poder que sentían que tenían les daba esa idea de invulnerabilidad.

Tercera postura. El Partido Colorado (PC) había puesto un límite muy grande a las amnistías particulares, no aceptaba la amnistía por delitos de sangre y coincidía con los militares en la no necesidad de amnistiar a los funcionarios del Estado, básicamente militares pero también policías.

Cuarta postura. En la izquierda había muchas corrientes, muchos estados de ánimo de no reciprocidad, que reclamaban una amnistía total hacia los perseguidos sin distinción de lo que hubieran hecho pero no podía extenderse hacia el otro campo. Había grandes pintadas en Montevideo “Por una amnistía general, irrestricta y no recíproca”, que claramente partían de la no aceptación de amnistía a militares y particularmente a policías, lo cual se refuerza cuando hay una salida, hay elecciones, se instalan las instituciones y nadie pidió o exigió esa amnistía como contrapartida de la salida.

JI - Repasemos los primeros pasos que se logró dar.

OAB - Los primeros pasos que se dieron –mencionamos algunos de concreción de normas y otros políticos– fueron los siguientes.

Amnistía para todos los perseguidos por la dictadura, ya sea por delitos de opinión, que no son delitos en tiempo constitucional, ya sea por delitos reconocidos en la Constitución, ya sea para algunos que habían participado en secuestros, tratos o lesiones pero que no habían llegado al delito de sangre, es decir no había habido muerte. Pero a las personas que se consideraban incursas en delitos de sangre en la ley de marzo de 1985 no se las amnistía sino que, con una oposición muy fuerte del PC desde 1984, a la cual finalmente se suma el Partido Nacional (PN), van a ser liberadas, se van a revisar los expedientes, se confirma la sentencia –en algunos casos no– y se hace un cómputo a título reparatorio por el trato recibido de tres días de prisión por cada uno efectivamente cumplido, con lo cual todos excedían los máximos posibles y se liberaban.

No se tocó el tema de militares y policías en forma concreta. Cuando el 1 de diciembre de 1986 en el Edificio Independencia hay una reunión entre Sanguinetti, los comandantes militares y los líderes políticos, hay una especie de reconocimiento de que el Club Naval generó efectos. El general Seregni dijo que estaba subyacente el tema de que no iba a haber persecuciones, el presidente de la Unión Cívica, Humberto Ciganda, dijo que estaba sobrevolando. Estaba claro era que no iba a haber un Nüremberg, los juicios contra los jerarcas nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, el Estado no iba a empezar a levantar jurados, juicios, a condenar a diestra y siniestra, pero el Frente Amplio (FA) había manifestado a través de muchos dirigentes que esto implicaba que el Estado no iba a hacer juicios masivos pero no impedía que a través de la acción de los particulares operara la justicia. Ese fue el sobreentendido que manejó el FA. Después del 1 de marzo de 1985 los particulares empiezan a formular denuncias y acusaciones a la justicia militar y empieza a enredarse el terreno, empieza a haber nerviosismo del lado del gobierno y del lado de las Fuerzas Armadas, lo que lleva a que el Día del Ejército, el 18 de mayo de 1986, el comandante en jefe, el general Medina, haga un discurso en el que dice algo así como si no habrá sido injusto o desequilibrado que se hubiera hecho una amnistía en el 85 que no comprendió a todos, lo cual estaba manifestando un gran cambio en el ángulo militar, de haber dicho no necesitamos amnistía a decir no hemos sido protegidos.

JI - Veamos cuáles fueron las posturas de los partidos y líderes políticos, los caminos que se buscaron y a dónde se llegó.

OAB - En ese período que arranca en la transición después de las elecciones y con más fuerza después de la asunción del nuevo gobierno y las nuevas instituciones entre el 15 de febrero y el 1º de marzo del 85 podemos hacer el siguiente resumen.

El PC estaba en una posición que podemos llamar de hermetismo total. La tesis es el cambio en paz, la pacificación del país requiere que se cierren los temas, sea liberado todo el mundo, sea amnistiado todo el mundo, dejemos todo esto atrás. Esa fue la posición básica que lo llevó a una posición de dureza, de tratar de bloquear cualquier otra iniciativa.

El general Seregni tuvo una actitud muy personal, con poco respaldo en el FA. Sentía que tenía algún oído dentro de las Fuerzas Armadas pero no logró que institucionalmente ni las Fuerzas Armadas ni el gobierno aceptaran su solución. Tenía la idea, combinando su condición de líder político y la de militar, de que las Fuerzas Armadas debían autodepurarse, lo veía a través de la renovación del Supremo Tribunal Militar, con el nuevo Supremo Tribunal Militar iniciando un conjunto de procesos a militares por delitos y afectación del prestigio de las Fuerzas Armadas.

Hubo otras soluciones. El PN, en algún momento junto con la 99 de Batalla, pensaba en una ley que diera soluciones limitadas vía Poder Judicial, por ejemplo que algunos delitos muy graves fueran juzgados por tribunales de apelaciones. Esto naufragó por falta de acuerdo político.

En general la mayoría de la izquierda, sobre todo comunistas, sectores que hoy llamaríamos radicales, en una línea muy intransigente. En un momento hubo un pedido de búsqueda de soluciones con delegados de todos los partidos, se reunían en el Edificio Independencia y realmente aguzaron la imaginación en busca de entendimientos. Pero había posturas muy fuertes entre un gobierno que quería una ley de amnistía, un PN que no la quería y gente del PN y de izquierda que quería algo. El algo implicó que en algún momento se llegó a manejar la necesidad de sanciones simbólicas a un conjunto de personas que fueran sentenciadas por lo que ocurrió. Recuerdo que circuló una lista de doce nombres, y por lo que recuerdo de memoria porque la tuve en mis manos, los doce militares están en el proceso famoso. Se los veía como los individuos que habían hecho cosas que las Fuerzas Armadas en aquel momento podían llegar a aceptar.

JI - Ya estaban identificados y marcados en aquella época.

OAB - Estoy hablando de 1986, ya estaban marcados e identificados, básicamente a través de muchos trabajos realizados por organizaciones políticas y de derechos humanos. Como es sabido, el gobierno caminaba hacia una ley de amnistía, que por no ser aceptada por el PN deviene en la conocida ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, con todos los cuestionamientos que ha habido incluso desde el punto de vista técnico-jurídico, muchos penalistas la han calificado muy duramente, han llegado a decir que es un mamarracho jurídico, y esto lleva al referéndum del 16 de abril de 1989, donde se votó por amarillo mantener la ley y verde abrogar y en ese momento el tema se consideró clausurado y se habló del fin de la transición. Pero luego la transición tuvo una reapertura y estamos en casi en la cúspide del tema.

JI - Quedan muchas puntas para seguir tocando sobre esto.

OAB - Sí, este es el primer enfoque, empezamos a refrescar la historia reciente, cómo empezó a manejarse este tema, qué posturas hubo. Queda hablar de la ley de caducidad en sí misma, de la búsqueda de resquicios de la ley, había muchos que querían reabrir el tema y no dejarlo cerrado, la verdadera reapertura del tema, los avances que hubo en el gobierno del presidente Batlle, porque aunque hoy se ven muy limitados y algunos erróneos, fueron avances que permitieron este nuevo paso con lo que hay que calificar como los grandes y trascendentes avances en el período del presidente Tabaré Vázquez.

Esto será el centro del análisis del próximo viernes, si no hay alguna cosa urgente que nos desvíe la atención.

 

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
setiembre 1 - 2006