Los militares, los derechos humanos, el pasado y el futuro
Oscar A. Bottinelli.

EMILIANO COTELO:
El viernes pasado iniciamos en este espacio el análisis de la situación del tema militar y de los Derechos Humanos, que ha estado en el tapete en los últimos meses. El politólogo Oscar Bottinelli presentó un marco general a la luz de las transiciones de las dictaduras a las democracias, de lo que muestra la experiencia comparada. Hoy Bottinelli trae la segunda parte de este análisis: “Los militares, los Derechos Humanos, el pasado y el futuro”.

***

Oscar, empezamos con un pantallazo rápido de la introducción de la semana pasada.

OSCAR A. BOTTINELLI:
Hacemos la introducción ajustándola y agregándole elementos que vayan encadenando con la situación actual.

Primero, las transiciones quedan condicionadas por la forma de la salida. En el caso uruguayo no hubo rendición del régimen militar sino una salida acordada; y aclaramos que acordada no es sólo por el acuerdo del Club Naval, sino porque no había en el horizonte la posibilidad de una rendición o de una salida unilateral de las Fuerzas Armadas, sino que implicaba algún tipo de salida con acuerdo.

Segundo, la salida resultó en una amnistía para, primero, los presos por ideas permitidas en tiempos constitucionales que habían sido procesados por lo que era delito solamente en tiempos de dictadura; segundo, para quienes cometieron delitos con inspiración política pero que son delitos en tiempos constitucionales, incluso hoy, muchos de los cuales fueron cometidos antes del golpe de Estado, excluyendo a quienes cometieron delitos de sangre; tercero, hubo una liberación anticipada de estos delitos de sangre conexos con delitos políticos o con inspiración política mediante el cumplimiento de un tercio de la pena; y cuarto, la caducidad de la pretensión punitiva del Estado en el caso de los llamados delitos de Estado, es decir, cometidos por funcionarios militares o policiales.

Tercero, esa salida quedó perfeccionada con la aprobación plebiscitaria de la ley de caducidad en forma muy clara, 58 a 42. El resultado fue reconocido por la oposición, por ejemplo fue muy clara la expresión de Fernández Huidobro que esa noche dijo: el pueblo dio una orden, mandó, hay que acatar, ahora rige esta ley. Esto fue complementado por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia que por tres votos contra dos consideró que la ley de caducidad era una ley constitucional por ser una ley de amnistía de las que prevé la Constitución de la República, y al ser una amnistía extingue los delitos que comprende.

Cuarto, en las ciencias sociales de Uruguay y en los estudios sobre Uruguay se dio como un entendido que el país había logrado cerrar el pasado con ese referéndum; se lo consideró muchas veces la “salida perfecta” y la transición se dio por terminada ese 16 de abril de 1989.

Quinto, desde ese momento y prácticamente por una década, el tema de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura desapareció de la opinión pública como un tema importante, como un tema relevante. Fue mantenido vivo –no estamos haciendo juicio de valor a favor ni en contra, estamos señalando un hecho– por apenas un puñado de militantes o de organizaciones, por algunos grupos vinculados a los Derechos Humanos y algunas organizaciones políticas de izquierda en controversia con quienes consideraban que éstos se negaban a cerrar el pasado.

El tema vuelve al primer plano con el planteo de Batlle de crear la Comisión para la Paz, vuelve al primerísimo plano, pasa a ser uno de los temas centrales del debate político nacional a nivel de dirigencias y de la sociedad en búsqueda de la solución definitiva. Una comisión que por un lado busca la solución definitiva mediante su propia integración, en la que está representado el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) o Tabaré Vázquez a través del actual secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, está el movimiento sindical a través de su presidente histórico, José D’Elía, y están los Familiares de Detenidos Desaparecidos, inicialmente a través de una figura muy importante en el tema Derechos Humanos como lo fue Luis Pérez Aguirre.

La realidad es que no fue la solución definitiva, no se tomó como tal el informe final, no ocurrió lo que podía ser un pacto implícito: si integramos la comisión y la integran éstos es porque todos van a aceptar su informe final. No fue clara la aceptación del FA del informe final, que tampoco lo rechazó; sí fueron claros el pronunciamiento negativo del PIT-CNT y la actitud de los familiares de no dar por cerrado el tema. Es decir que la creación de la Comisión para la Paz no cumplió el objetivo de cerrar el tema sino que le dio un nuevo impulso.

Por último, Vázquez tenía dos opciones, que eran: aprovechar para cerrar el tema o dejarlo pendiente para su gobierno. Y prefirió dejarlo pendiente, con lo cual pasó a ser hoy, junto con salud, educación y algo que no estaba en la agenda que se sumó, el tema de la seguridad pública, la delincuencia y las cárceles, uno de los temas cruciales del gobierno fuera de lo económico.

***

EC -¿Por qué el tema tiene ahora un eje diferente del de los últimos 15 o 20 años?

OAB - Primero queremos decir que estamos haciendo un análisis general, buscamos perspectiva, salir de la anécdota, de los hechos diarios, y además buscar explicaciones que sean de validez histórica.

Del lado jurídico la imperfección de la ley de caducidad con relación a una ley de amnistía. La ley de amnistía es una ley clara, inequívoca, mientras que la ley de caducidad, por el sólo hecho de serlo, más allá de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia diciendo que es una ley de amnistía, siempre deja planteado el debate sobre si lo es o no. Vincular la amnistía con la forma de comisión del delito es una forma muy extraña de hacer una amnistía, las amnistías generalmente son más objetivas: tales delitos cometidos en tal lugar y en tales fechas, en tal tiempo y tal lugar. Y se agrega como grave imperfección jurídica la intervención del Poder Ejecutivo, que en los casos judiciales dice “esto está comprendido y esto no”, lo cual da un funcionamiento paralelo del Poder Ejecutivo en el desarrollo de causas judiciales o aplicaciones de un instituto como es una amnistía o una especie de amnistía. Esta imperfección dejó una brecha abierta al tema.

En segundo lugar del lado judicial –esto es un hecho objetivo–, los jueces o los miembros del sistema judicial, jueces y fiscales, son hombres que viven en una sociedad determinada y son permeables a los cambios de esa sociedad. La sociedad uruguaya notoriamente ha cambiado en los últimos 20 años desde el punto de vista político-social, y el sistema judicial como corporación piensa hoy diferente que hace veinte años, hay razonamientos judiciales que hace 15 años eran impensables. El sistema judicial cambia, por supuesto los jueces son independientes de las presiones políticas pero no son individuos que vivan en Marte, viven en un territorio determinado, en una sociedad determinada y están sujetos a los cambios de esa sociedad en el funcionamiento judicial y la sociedad uruguaya ha cambiado.

Tercero, del lado militar. Los hechos cuantitativamente más duros ocurrieron hasta 1976 o 1977, lo que quiere decir que los militares que hoy tienen 60 años tenían entre 31 y 32 años si hablamos a nivel de generales; si hablamos de tenientes coroneles para abajo estamos hablando de gente que apenas había salido de la Escuela Militar, la estaba cursando y en el caso de los grados inferiores todavía no había ingresado. Entonces son muchos los oficiales de las Fuerzas Armadas que no se sienten responsables de lo hecho por sus mayores o sus antecesores. Esto implica que en menor grado que en otros lados, en otras instituciones, pero también hay un cambio dentro de la institución militar.

La institución militar, al igual que la judicial, queda permeada por el cambio de la sociedad. Cambiará más, cambiará menos, pero es notorio el cambio operado al interior de las Fuerzas Armadas, quizás más fuerte en la tropa y clases de la Marina y la Fuerza Aérea, pero en general en todas las fuerzas en tropas, clases, suboficiales y oficiales hay cambios, han sido permeadas por los cambios que se producen en la sociedad y ni hablar por el cambio político que ocurrió entre fines del año pasado y comienzos de éste.

Por otro lado hay una parte muy menor de la sociedad que cree que está en riesgo la institucionalidad si se revuelve demasiado el pasado, como lo creía la gran mayoría hace quince o dieciséis años. Esto es un cambio muy importante, considerar que profundizar la responsabilidad de funcionarios militares en las violaciones a los derechos humanos no está poniendo en riesgo el presente y el futuro, como se creía antes.

Y por otro lado uno diría que hoy no está tan fuerte como estaba en aquel momento –no es que no exista– la idea de que al acusar a funcionarios militares se está ensuciando, acusando o comprometiendo a toda la institución militar como tal. Hoy esa idea de que basta con acusar a un militar para acusar a las Fuerzas Armadas tiene mucho menos fuerza que hace diez, quince o veinte años.

Todos estos cambios, ligados al cambio político que se produjo en Uruguay, explican por qué este tema, aun cuando del lado judicial no cambió ninguna ley, tiene hoy un funcionamiento distinto. Obviamente en el contexto hay un Poder Ejecutivo que le da a la ley de caducidad interpretaciones distintas de las que le dieron poderes ejecutivos anteriores.

EC - ¿Qué pasa con el futuro, entonces?

OAB - El futuro lo tenemos ahora, a la vuelta de la esquina, y plantea muchas interrogantes: cuánta información verdadera se volcará en los expedientes y cuánta será más de lo mismo que no ayude a aclarar; si va a haber investigaciones muy profundas que conduzcan a grandes descubrimientos o habrá algunos chivos expiatorios –como se habla– para cerrar el tema; y aun, independientemente de que haya o no chivos expiatorios, si esto va a conformar a familiares, si va a conformar a militantes combatientes de los derechos humanos, es decir si el tema se cierra o no. Hay quienes dicen que sólo se cerrará el día que desaparezcan todos los que tienen que ver, de los lados que fuere, pero sería una conclusión muy extrema porque significaría que Uruguay no puede recorrer caminos que han recorrido muchísimos países que han cerrado el tema en vida de los protagonistas.

Queda esa duda, si va a haber un cierre definitivo o va a pasar, como le pasó al gobierno anterior del presidente Batlle, que lo que pretendió como solución definitiva fue nada más que un paso que dio lugar a un paso siguiente, con más o menos fuerza.

 

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
julio 29 - 2005