Los militares, los derechos humanos, el pasado y el futuro
Oscar A. Bottinelli.

EMILIANO COTELO:
En estos días se ha puesto al rojo vivo el tema de la responsabilidad de militares en cuanto a violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura. A partir de la sucesión de noticias, declaraciones y trascendidos que ha pautado las últimas semanas, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone el siguiente tema de análisis: “Los militares, los derechos humanos, el pasado y el futuro”.

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OSCAR A. BOTTINELLI:
Dado el título, esto es un primer abordaje.

EC - Da para varias charlas.

OAB - A cuenta de... Cada palabra da para varios análisis.

EC - ¿Por dónde empezamos hoy?

OAB - Comencemos por ubicar lo siguiente: Uruguay, dictadura, salida, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, recurso de referéndum. La ciudadanía ratifica la ley en forma categórica, 58% a 42% considerando los votos válidos para un lado y para el otro.

En cuanto al estado del tema, estuvimos repasando el año 1999, la última campaña electoral, y encontramos que no fue un tema de la campaña electoral, no estuvo planteado por ninguna de las fuerzas políticas importantes, no apareció en los temas de preocupación de la opinión pública.

EC - En 1999.

OAB - En 1999, en la penúltima campaña electoral. Es un tema que agitan grupos políticos o de familiares que insisten en mantener vivo algo que uno diría que se venía apagando. Es un dato de realidad, sin efectuar ningún tipo de calificación para ningún lado.

El tema revive con una gran fuerza a partir de la transición entre el gobierno de Sanguinetti y el de Batlle con los planteos del presidente Batlle, la aparición de la nieta del poeta Gelman, la aparición del verdadero Simón Riquelo y, fundamentalmente, la Comisión para la Paz con la conformidad de Vázquez y luego la polémica que suscita el informe final, que debió ser el fin del tema, según la propuesta del presidente Batlle e incluso las palabras iniciales de Batlle, de Vázquez y de todos los que la impulsaron, pero en realidad dejó el tema vivo.

Al fin del período militar empieza a verse que hay una salida más o menos inmediata y que por un lado hay delitos de Estado –lo que llamamos violaciones a los Derechos Humanos pero, para que quede claro, estamos hablando de los delitos que se cometen desde el Estado–; luego hay delitos contra el Estado –en general personas presas, exiliadas o clandestinas por cometer delitos contra el Estado; y en este caso conviene una distinción entre los delitos contra el Estado que son tales por el Código Penal normal de épocas constitucionales y delitos muchos de ellos cometidos incluso en período constitucional, básicamente por el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros y otros grupos de acción violenta–; y luego los delitos propiamente políticos, es decir, aquellos que son tales en tanto no hay un régimen constitucional, que son delitos de ideas.

EC - Entonces tenemos delitos de Estado, delitos contra el Estado y delitos políticos.

OAB - Delitos políticos cometidos por los presos estrictamente políticos. Frente a todo este conjunto en aquel momento aparecen distintos caminos de solución. Una solución era amnistiar sólo los delitos políticos y no los delitos contra el Estado ni los de Estado –esa posición en general no tuvo mucha vida en tanto desde la izquierda se unía los delitos políticos con los delitos contra el Estado como una sola cosa y más bien se hablaba de amnistía para delitos políticos–, otra era amnistiar los delitos comunes conexos a delitos políticos, que en conjunto hablaban de lo que podían ser los presos políticos; y desde otra postura se hablaba de amnistía para los delitos de Estado o las violaciones a los Derechos Humanos. Básicamente eran los tres temas que planteaban las tres situaciones.

EC - ¿Cómo se pararon entonces los partidos?

OAB - Los propios militares no estaban pidiendo la amnistía a los delitos de Estado, incluso en 1984, 1985 hubo expresiones públicas –están recogidas, se pueden ver en la prensa– de los militares diciendo “no la necesitamos”, había una actitud de que ellos no tenían por qué ser amnistiados por nada. Y por otro lado desde el Partido Colorado se sostenía con mucha fuerza el no a los llamados delitos de sangre, es decir, más que poner la barrera entre si eran políticos o comunes conexos con políticos, la ponían entre si había habido delitos de sangre –en definitiva homicidios– o no.

La posición del otro lado era la amnistía general y no recíproca. Desde la izquierda mucha gente pensaba que tenía que haber una amnistía pero que no incluyera los delitos de Estado.

Finalmente se llega a una primera solución, que fue la amnistía para todos los delitos políticos con excepción de los de sangre. Vale la pena no olvidar que en Uruguay no fueron amnistiados estos delitos; el Frente Amplio no votó la ley precisamente porque no los incluía.

EC - Sí fueron liberados quienes estaban presos por esos delitos, pero por otro camino.

OAB - Exactamente. El camino fue un cómputo especial de pena a título de compensación por el daño que les había infligido el Estado por las condiciones de reclusión, se les computó tres años por cada año efectivamente transcurrido, lo que llevó a que la totalidad de los que estaban presos, que eran 50, 51 personas, quedara comprendida en el cumplimiento de la pena y fuera excarcelada.

El tema arranca con por un lado una solución en tanto amnistía, extinción o cumplimiento de pena para todo un tipo de delitos o causas de prisión, y por otro un tema no resuelto, que eran los llamados delitos de Estado.

Esto se entronca con otro tema, porque no son asuntos jurídicos solamente o principalmente, son temas políticos. La amnistía siempre es una medida política porque es interrumpir el funcionamiento normal de una justicia y las salidas muchas veces están condicionadas por la forma de la salida política que determina si hay o no un funcionamiento de justicia y de qué tipo. Podemos decir que hay dos grandes salidas a este tipo de situaciones.

EC - Tú dices que hay dos grandes salidas si miramos la experiencia en el mundo.

OAB - Sí, la experiencia en el mundo; podemos decir por siglos, pero analicemos el último siglo. Por un lado una rendición incondicional del dominante permite el funcionamiento de un tipo de justicia que puede ser pleno o puede ser a término y tener más adelante algún tipo de marcha atrás. Dos situaciones de rendiciones en términos políticos: Grecia y Argentina. En Grecia en 1974 el gobierno militar inicia la ocupación de la isla de Chipre, es derrotado militarmente y cae como dictadura militar; esa caída lleva a un funcionamiento de la justicia y hay juicio a lo que se llamó la dictadura de los coroneles. En Argentina la derrota militar en la guerra de las Malvinas provoca la caída del régimen militar y hay un funcionamiento de la justicia que años después empezó a tener su marcha atrás con distintos tipos de institutos que fueron y vinieron en marcha y contramarcha.

Y situaciones como las que ocurrieron tras la Segunda Guerra Mundial, como la de Alemania, la de Italia y modernamente la de Yugoslavia y la de Bosnia Herzegovina, con el funcionamiento normal y regular de la justicia, con base en el derecho preexistente –como en los casos de Grecia y Argentina– o, como ocurre con Yugoslavia, Bosnia y Alemania, con creación de tribunales especiales basados en el derecho del que vence y en función de lo que se consideran los ideales de justicia, no estrictamente en un derecho preexistente. Éste es un tipo de salida.

EC – Tú decías que hay otro tipo de salida.

OAB – En Uruguay no hubo rendición.

EC – Hubo una salida pactada.

OAB – Hubo una salida pactada. No sólo pactada reduciéndola al acuerdo del Club Naval, sino en el sentido de que en esos años no era visible –ningún observador lo considera– una fuerza capaz de derrotar a las Fuerzas Armadas y que éstas se rindieran ante alguien. Esto no aparece como un elemento fáctico, por lo tanto se considera que hubo una salida pactada o consensuada.

EC – Pero hay otra dimensión del problema.

OAB – La otra dimensión es el tema del pasado y el futuro. Es decir, si el futuro de la sociedad debe construirse sobre la base a aclarar y dejar juzgado el pasado o si se debe olvidar. Václav Havel, que dejó la Presidencia de checa hace un año, un hombre de la primera línea en la lucha contra el régimen comunista, decía “no podemos permitir que la búsqueda del pasado nos impida construir el futuro”. Lo veía más que nada como un tema práctico: los problemas que tenemos por delante nos llevan a que el pasado no nos invada.

Las dos posturas –no hay construcción del futuro sin resolver el pasado o dejemos el pasado porque es urgente y necesario construir el futuro– llevan en general a tres grandes caminos: el de verdad y justicia, que lleva a que debe haber una investigación y un funcionamiento pleno de la justicia con las consecuencias correspondientes; el camino del olvido y el perdón, dejemos el pasado atrás –de alguna manera el planteo checo–; y el de verdad y perdón, es decir, “investiguemos, veamos las conclusiones, pero luego no nos preocupemos demasiado del resto del funcionamiento, hagamos un perdón y empecemos a mirar hacia adelante”. De alguna manera los distintos países en las transiciones han recorrido alguno de los tres caminos, muchas veces en función de la demanda de futuro y de las condiciones en que se produjo la salida.

 

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
julio 22 - 2005