Las salidas a la democracia y la revisión del pasado
Oscar A. Bottinelli. 

EMILIANO COTELO:
El pasado jueves concluyó sus labores la Comisión para la Paz, después de tres años de trabajo. Y su informé llegó en el mismo momento en que se reavivaba la revisión de pasado a partir de la confirmación del procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco por el caso Elena Quinteros.

A propósito de estas situaciones el politólogo Oscar A. Bottinelli, director de Factum, nos propone el siguiente título para el análisis de hoy: “Las salidas a la democracia y la revisión del pasado”.

Oscar, ¿alguna aclaración para empezar, alguna introducción?

OSCAR A. BOTTINELLI:
Sí, dos. Una cosa previa: éste es un tema muy delicado, un tema que hiere muchas susceptibilidades. Todo el que tiene de 45 años para arriba de alguna manera vivió o el principio o el medio de estos períodos, cada uno en Uruguay ha sufrido los efectos de lo que ocurrió. En la línea de análisis que hacemos nosotros tenemos que buscar tomar distancia y manejar esto con la mayor objetividad, sin tomar partido por ninguna de las explicaciones que pueda haber.

La Comisión para la Paz concluyó su trabajo después de tres años. Concluyó exitosamente desde el punto de vista de que los propósitos que impulsó el presidente Jorge Batlle porque la impresión es que los excedió. En marzo de 2000 uno no preveía que se llegara a conseguir toda la información que se consiguió.

EC - Lo han señalado incluso algunos integrantes del grupo de Familiares de Desaparecidos.

OAB - Sí, es el mayor éxito del gobierno de Batlle, o uno de los dos si se considera como otro gran éxito, de este nivel, el apoyo que obtuvo del gobierno de Estados Unidos, el apoyo financiero el año pasado.

La Comisión para la Paz arrancó y hasta mediados de su labor –estamos hablando de fines de 2000– tenía un formidable apoyo de opinión pública, después no hicimos más mediciones, ahora estamos midiendo el resultado final, pero ya daba en aquel momento 83 puntos en 100.

También es importante analizar el mensaje de Batlle del jueves pasado, un presidente que ha tenido tantas debilidades, tantas caídas, cuyos mensajes y comunicación en particular fueron el elemento débil, particularmente a partir del año pasado. Fue el mejor discurso de todo su mandato, es un mensaje en el estilo, en el porte de un verdadero jefe de Estado. Uno diría que la Comisión para la Paz como éxito y el mensaje presidencial del jueves marcan el punto más alto de toda la Presidencia de Jorge Batlle.

EC - Vayamos a lo que proponías desde el título: las salidas a la democracia y la revisión del pasado. Vendría bien repasar formas de salida que muestra el pasado reciente en distintos países.

OAB - Las transiciones de situaciones autoritarias fácticas a democracias, entendiendo por democracia los esquemas de democracia liberal, hacia mayores libertades o hacia mayor pluralismo, tienen en principio tres grandes grupos de los cuales en los últimos 30 años tenemos ejemplos en el mundo.

Uno es “la salida otorgada”, desde el régimen se produce el grueso de la transición, el gran impulso hacia el cambio. Un caso típico de “salida otorgada” fue el de España. Otorgada no quiere decir que los mismos que llevaron al régimen a ser como fue hicieran la salida, sino que sale de adentro del régimen. Quizás Chile sea una salida otorgada, aunque todavía es una salida inconclusa, todavía no terminó la transición. Hay una cosa clara: cuando una salida es otorgada el pasado no se revisa, un régimen no sale desde adentro para luego autocondenarse.

El otro extremo es “la salida por derrota”, por derrocamiento, el régimen cae. El derrocamiento puede ser por fuerzas opositoras –caso Nicaragua–, puede ser desde adentro, pero ya no desde adentro del régimen propiamente –caso Portugal: mandos militares medios provocan el derrocamiento del régimen de Salazar Caetano– o una derrota militar, el régimen militar se pone una aventura militar externa, pierde esa guerra y queda deslegitimado porque un ejército puede hacer cualquier cosa menos perder una guerra.

EC - Caso de Argentina.

OAB - De Argentina y de Grecia, que es el caso paradigmático: invade Chipre, pierde con Turquía y cae el régimen de los coroneles. Argentina ocupa las islas Malvinas, pierde con el Reino Unido y cae el régimen militar.

EC - En esta hipótesis de salida por derrocamiento o derrota, ¿hay revisionismo?

OAB - Es el caso donde más posibilidades hay de revisionismo. En principio se cree que es total la posibilidad de revisionismo pero cuando se empieza se ve que hay límites, aún en caso de derrota. Fue más claro el límite en Argentina que en Grecia, pero también en Grecia hubo límites.

EC - Así que por un lado salida otorgada y por otro salida por derrocamiento o derrota. Tercera hipótesis, “la salida pactada”.

OAB – Tercero: “la salida pactada”. La salida pactada no quiere decir que haya un contrato sino que la forma en que se va dando es un entendimiento entre dos grandes partes, de una gran parte que no necesariamente tiene que ser una, monolítica, pueden ser varias distintas que confluyen, y el régimen. Van acordando una salida que, como en toda salida acordada, hay un quid pro cuo, da algo y el otro recibe algo, a cambio de lo cual también da. En las salidas pactadas los pasados se congelan, rara vez se revisan.

EC - ¿Dónde se ubica Uruguay en estas tres hipótesis?

OAB - La de Uruguay es claramente “una salida pactada”, al igual que la de Polonia. Se puede decir que en Uruguay hubo pactos, refiriéndose al acuerdo más importante que habilita la forma de salida, que es el acuerdo del Club Naval, y también al que algunos han llamado pacto de Anchorena, es decir al comienzo de las conversaciones directas entre el Partido Nacional (PN) y los mandos militares, los blancos van abriéndose a una solución que termina al año siguiente en la Ley de Caducidad. De alguna manera cada uno de los partidos participó en una especie de acuerdo más expreso o más tácito hacia una salida. El caso uruguayo ha sido considerado siempre una salida pactada.

Era claro que Uruguay –situémonos en 1980, 1982, 1983– de los tres caminos tenía dos. La salida por derrocamiento jamás estuvo en la mente de nadie, a nadie se le ocurre que podía haber posibilidad alguna, no había ningún movimiento armado, como el Sandinismo, para derrocarlo; era muy difícil que las Fuerzas Armadas uruguayas se aventuraran en una aventura militar, no sé, como ocupar la isla Martín García. Tampoco había grietas dentro del régimen como para que mandos medios derrocaran al mando superior.

Por lo tanto Uruguay estaba entre la salida otorgada y la salida pactada. La salida otorgada –yo a veces digo “con otorgamiento inducido”– fue un camino que se insinuó desde el Partido Colorado (PC), pero no hubo militares en ese momento que tomaran lo que se llamó “el Baldomir”, es decir la salida de alguien desde adentro del régimen que da la salida.

Quedó la salida pactada, que es la que transcurrió. El pacto supone –esto es un juicio histórico, no estoy valorando si me gusta o no me gusta–, se sabe que uno de los costos formidables de las salidas pactadas en el mundo es que el pasado no se revisa y la revisión del pasado supone necesariamente injusticia.

EC - Saltemos en el tiempo y vengamos al comienzo de la administración del doctor Jorge Batlle como presidente. Cuando él se propone buscar la paz definitiva, la reconciliación, ¿a qué tipo de paz se refería?

OAB - Más que el tipo de paz es dejar el pasado en el pasado. El problema es a qué pasado se refería, es decir a qué período de violencia. En principio hay tres períodos posibles a considerar, todos concluyen con la transición a la democracia; si uno quiere ponerle fecha va a ser entre el 12 de febrero de 1985, el día que cae el general Gregorio Álvarez, al 1º de marzo, cuando asume el presidente Sanguinetti. Ahí terminan los períodos.

¿Cuándo empiezan? Lo más obvio es el período de facto, que es el cubre estrictamente la ley de caducidad, que comienza el 27 de junio de 1973, en el momento de la ruptura institucional. Una segunda posibilidad es ir más atrás y cubrir ese período semiautoritario en que el gobierno se mueve en el borde de lo constitucional, más allá o más acá de los límites, cuyo comienzo puede ubicarse en dos fechas, o el 6 de diciembre de 1967, cuando por resolución del Poder Ejecutivo se disuelven partidos políticos, o el 13 de junio de 1968, que es la fecha que normalmente se toma en cuenta como comienzo interrumpido en el país de los regímenes de excepción, que siguió con el estado de guerra del 15 de abril de 1972 y luego con la interrupción institucional. Pero hay un tercer período y el presidente Batlle da una pista de que ubica aquí el comienzo de período.

EC - Habla de 40 años.

OAB - Es ubicar la paz en relación a una violencia en el país, violencia que ubica en 1962, es decir cuando comienzan los actos guerrilleros. Si bien violencia con víctimas fatales no ocurre hasta fines de 1966, ubica en este año el comienzo de la violencia.

EC - Esto de elegir cuál de los tres períodos de violencia se considera no es menor, porque cada uno determina las víctimas, incluso el tipo de víctimas.

OAB - Determina las víctimas, determina el tipo de víctimas y, por supuesto, la elección de algún período y la exclusión de otros tiene normalmente connotaciones políticas, no es del todo neutra.

¿Cuáles son las víctimas de todo el período amplio, sin tomar ninguno en particular? Esta violencia política en Uruguay es la más grave que ha tenido el país desde que es un Estado moderno, desde que terminó el Estado premoderno de todo el siglo XIX que concluyó hace 99 años.

En los últimos tiempo se tendió a asociar las víctimas fatales de la violencia con los desaparecidos. Es curioso, es una imagen muy fuerte en los menores de 30 años, lo comprobamos en nuestros estudios. ¿Qué víctimas tuvo la violencia en Uruguay?: los desaparecidos. Esto fue reforzado, entre otras cosas, porque el único elemento recordatorio de esta violencia en Uruguay a nivel institucional es el Memorial de los Desaparecidos que hizo la Intendencia de Montevideo.

Vamos a ser claros, desde el punto de vista psicológico siempre hay una diferencia muy grande entre el desaparecido y el muerto, el muerto con el cuerpo a la vista, la posibilidad de hacer el duelo. La desaparición inhibe el duelo que se ve con el cuerpo muerto. Los psicólogos tratan mucho esto, qué se hace con un niño cuando muere alguien muy querido para que pueda hacer rápidamente el duelo. Sin duda psicológicamente son cosas distintas, una es más fácil de aceptar o de dar por terminada que la otra.

¿Qué comprende el inventario de la violencia en Uruguay en cuanto a víctimas fatales?

EC - Tú dices que es más amplio que el de los desaparecidos estrictamente.

OAB - Obviamente, es más amplio. Tenemos por un lado los 26 a 28 uruguayos que la Comisión para la Paz da como desaparecidos primero y luego muertos y cinco o seis argentinos también desaparecidos en Uruguay.

En segundo lugar tenemos un número que no puedo precisar, porque no he podido construir el inventario, de personas muertas en unidades militares, con entrega del cuerpo, es decir donde no hay duda de la muerte. En dos casos que ocurrieron antes de la interrupción institucional hubo interpelaciones parlamentarias, el primer caso fue el de Luis Carlos Batalla en el cuartel de Treinta y Tres; en estos casos terminó habiendo una admisión más explícita o más tácita por parte del ministro de Defensa de que esas muertes se debían a los tratos recibidos o a los apremios. En algunos casos fue muy sutil la forma de admisión, en otros fue muy explícita. Después de la interrupción institucional hubo varios casos en que se entrega el cuerpo en cajón cerrado. Ahí hay otros muertos.

EC - Seguramente por torturas, pero que no se hicieron desaparecer sino que se entregaron los cuerpos a las familias.

OAB - Da la impresión de que en Uruguay hay dos períodos bastante claros, uno en que se reconocían las muertes y se entregaba el cuerpo y un período posterior en que la muerte se sustituyó por la desaparición. Hay un tercer período final en que la muerte fue reconocida como tal; el último caso de este período fue la muerte de Vladimir Roslik.

En todo este período de violencia que marca el presidente hay 16 o 17 funcionarios militares y unos 30 funcionarios policiales que fueron muertos por grupos guerrilleros o que murieron como consecuencia de acciones guerrilleras. También hay 18 civiles muertos por acción de grupos guerrilleros, a consecuencia de enfrentamientos entre ellos y fuerzas del Estado o como consecuencia de episodios confusos de enfrentamiento político, más o menos en los mismos años. En este período hay por lo menos cuatro estudiantes muertos en manifestaciones callejeras, a consecuencia de la represión policial –de los cuales Líber Arce, que cayó el 14 de agosto de 1968, ha sido tomado muy emblemáticamente por la FEUU–, más algunos otros civiles, sobre todo si se va un poquito más atrás en el tiempo y se corren un poco los 40 años, a raíz de hechos que tienen connotación política.

Este "inventario" comprende además: muertos en procedimientos militares o policiales o en enfrentamientos con personal militar o policial, de personas real o presuntamente pertenecientes a grupos guerrilleros; muertos en procedimientos de las fuerzas conjuntas pertenecientes a grupos de izquierda, no guerrilleros (caso los de la seccional 20ª del Partido Comunista); personas presuntamente pertenecientes a grupos guerrilleros o presuntamente colaboradores de los mismos, aparecidas muertas en lugares públicos sin ser a consecuencia de enfrentamientos o procedimientos (por ejemplo: los casos atribuidos a “escuadrones de la muerte”).

Este es el grueso de la violencia con víctimas fatales, a las que hay que agregar algo muy difuso, que son varias personas muertas en lugares de detención con difícil precisión de cómo ocurrió el fallecimiento. Algunos pueden haber muerto por causas naturales, otros por secuelas de tratos recibidos y otros por causa natural pero no contaron con la debida atención en tiempo y forma como para haberles salvado la vida, se los dejó morir.

Y todavía falta considerar los desaparecidos y muertos en el exterior, entre los cuales hay personas que estuvieron involucradas en hechos de los países donde se produjo la desaparición, es decir que independientemente de que fueran uruguayos habría habido una causa propia del país, y en otros casos hay sospechas, indicios o elementos que involucran a funcionarios militares o policiales uruguayos en el hecho de desaparición o muerte, aunque hayan ocurrido en el exterior queda un hilo que determinaría esas desapariciones o muerte como parte de la violencia en el país.

***

EC - Volvemos a la revisión del pasado.

OAB - Sí, ya vimos cómo son las salidas, cuál fue la salida en Uruguay, el inventario de la violencia y los distintos períodos que se pueden tomar como de violencia política en el país. Vimos que la forma de salida determina cuánto se revisa o no del pasado; por su parte también las sociedades, los pueblos también evalúan cuánto vale la pena revisar el pasado en relación a construir el futuro. Hay quienes sostienen que no hay forma de construir el futuro si se olvida el pasado y hay quienes dicen, como el ex presidente checo, el escritor Vaclav Havel, que no hay que permitir que la historia nos impida ver el futuro. Él dijo esto en un seminario reciente, cuando estaba por terminar su mandato, en el que se analizaron tres transiciones diferentes, la de la República Checa, la de Sudáfrica y la de Argentina, y se planteó el tema de la justicia retroactiva en países todos con grandes emergencias presentes y necesidades de discutir el futuro. Con respecto a este aspecto, la sociedad uruguaya también debe decir cuánto pone de cada cosa.

EC - Concentrándonos en la salida pactada aquí, en Uruguay, ubiquemos cuáles fueron los pasos.

OAB - Para ver estos pasos valió la pena el inventario que realizamos. Por un lado, inmediatamente después de la restauración institucional se produce la amnistía a los presos políticos y guerrilleros que no hubiesen cometido delitos de sangre. Aclaro la distinción, es una distinción que en la izquierda provoca su problema, que mucha gente resiste, pero que objetivamente existe: unas son personas que cometieron delitos considerados tales aun en períodos constitucionales, delitos normales, independientemente de que tuviesen o no connotación política; las otras son personas que actuaron y fueron perseguidas en función de ideas o actos inequívocamente de carácter político, sin que ninguno de ellos fuese delito en un régimen de tipo constitucional, sino que los transformó en delitos un régimen de tipo excepcional. Ésa es una distinción que parece muy clara.

EC - Entonces a presos políticos y a guerrilleros que no hubiesen cometido delitos de sangre se los amnistió.

OAB - Y se libera a todos. Hay cerca de 50 personas que fueron guerrilleros acusados –algunos procesados y todos sentenciados– de la comisión de delitos de sangre.

EC - En ese caso no hubo amnistía.

OAB - Técnicamente no hubo amnistía, sino una liberación y un dar por cumplida la pena, computándose tres años por cada uno efectivamente pasado en prisión como forma reparatoria del trato durísimo recibido durante la detención, como una especie de acto compensatorio. Ahí no hubo amnistía, hubo una revisión de las causas –no un nuevo juicio– por parte de los tribunales de apelación de la justicia ordinaria, de la civil –en relación a la militar–, que revisó los expedientes, en algunos casos revocó la sentencia por entender que estaba mal dictada y en casi todos las confirmó.

EC - Cabría recordar por qué no hubo una amnistía general, omnicomprensiva.

OAB - Aquí hubo varios elementos. Por un lado, los militares en aquel momento, 1984, no aceptaban una amnistía por entender que implicaba reconocer haber cometido violaciones a los Derechos Humanos. Esta posición cambia un par de años después, pero en ese momento no la aceptaban.

Del lado de la izquierda más radical, la más vinculada a grupos que practicaron la acción armada, la acción guerrillera, aparecía una línea muy dura en el sentido opuesto: no admitían la amnistía para el otro lado, por entender que la amnistía que se realizaba a todos los presos políticos y guerrilleros era a perseguidos, mientras que los otros eran perseguidores. Es una distinción que en la doctrina tiene muchas diferencias, Luis Jiménez de Azúa distingue entre la violencia de Estado como una violencia imperdonable y la lucha contra el Estado, inspirada en la construcción de una sociedad a futuro como algo justificado por un ideal más noble. Desde ese ángulo había una resistencia que se traducía en una consigna que algunos recordarán –estaba todo Montevideo pintado–: “Por una amnistía general, irrestricta y no recíproca”.

EC - Así que la amnistía para los militares y policías involucrados en violaciones a los Derechos Humanos era resistida tanto desde las fuerzas armadas como desde la izquierda más radical.

OAB - Exacto. Y el PC, que buscaba una amnistía, no la quería para los guerrilleros. Un año antes de la salida ya estaba la tesis que finalmente salió, de una amnistía que no incluyera delitos de sangre, sino un cómputo especial de pena, una liberación por cumplimiento de pena, por entender que esos delitos no eran amnistiables.

El segundo paso es la caducidad de la pretensión punitiva del Estado en delitos cometidos por funcionarios militares o policiales durante el período de facto. ¿Por qué se llega a la caducidad y no a una amnistía?

El Frente Amplio (FA) –vamos a decirlo claramente–, una vez que había logrado una amnistía, es decir un quid pro cuo –había recibido sin tener que dar–, no estaba dispuesto a dar, no se iba a comprometer en una amnistía con la cual no estaba de acuerdo y además no estaba obligado en una transacción.

Por otra parte el PN, que había jugado una línea muy dura y que estaba pegando el giro de alguna manera –Wilson Ferreira Aldunate sentía la necesidad de terminar con el tema–, no quería jugarse a la palabra y a la plena figura de amnistía, entonces va por el camino oblicuo de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que en ese momento se creyó que terminaba todo. Porque en aquel momento –es bueno repasar las actas del momento, yo acabo de hacerlo– a nadie se le ocurría que se iba a juzgar a civiles por delitos cometidos por militares o policías cuando era notorio que no participaban civiles, era muy indirecta la participación de un civil y no se iba a buscar un civil para ver si había algún posible encubrimiento cuando ni el autor ni el coautor directo, ninguno de ellos iba a ser pasible de juicio.

EC - Entonces la fórmula fue la caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de estos delitos cometidos por funcionarios militares o policiales.

OAB - Claro, que termina siendo una especie de amnistía por decisión de la Suprema Corte de Justicia. Cuando se plantea la constitucionalidad del tema, la Suprema Corte de Justicia resuelve por tres a dos en un informe elaborado por el doctor Tomassino apoyado por Folielo y Addiego Bruno, con la discordia de Jacinta Balbela de Delgue y de García Otero. Tanto la pieza de Balbela de Delgue como la de Tomassino son brillantes piezas jurídicas. Todos coinciden en un dato: si hay amnistía están extinguidos los delitos. Hay una diferencia muy grande entre amnistía, indulto, gracia y sobreseimiento. Tanto el indulto, como la gracia y el sobreseimiento, como figuras que hay en otros países, como el perdón judicial, etcétera, son figuras individuales, a una persona se le perdona o se le termina la acción penal como una gracia personal. La amnistía dice: estos delitos desaparecieron, los que se cometieron en tal circunstancia, etcétera, no existen como delito. Al no existir como delito cae todo: el autor, el coautor, el encubridor, el que ayudó, cualquiera. En eso hay unanimidad.

La diferencia en la Suprema Corte está entre la mayoría, que en definitiva es la tesis que adoptó el Poder Judicial y curiosamente no ha aparecido en estos juicios, que es que la ley de caducidad es constitucional porque es una amnistía, y la tesis de Jacinta Balbela de Delgue y García Otero, que es que no es constitucional por no ser una amnistía, en definitiva considera que es una ley inconstitucional y por lo tanto no existe. Lo que quedó claro es que la unanimidad de la Suprema Corte de Justicia sostuvo: si esta ley rige es porque es constitucional, y si es constitucional es porque hay amnistía y se extingue el delito. La discordia estaba en considerar que no era constitucional y no debía regir. Lo raro de estos últimos procesos es considerar que la ley existe, por lo tanto que es constitucional, y por otro que no es una amnistía y ahí contraría lo que fue la unanimidad de opiniones de la Suprema Corte.

EC - Continuemos con la ubicación de cómo se produjo la salida o el redondeo de la salida.

OAB - El redondeo de la salida termina contra la posición del gobierno, esto es lo curioso, un gobierno que resistió con uñas y dientes el referendo, termina con un referendo que el 16 de abril de 1989, por 58 por ciento contra 42, convalidó esta salida. Dicho en términos políticos –y esto no es lo que a uno le gusta o le deja de gustar, cada uno tuvo su posición en ese momento–, lo que el pueblo oriental decidió fue que hubiera olvido y que no hubiera revisión del pasado. Ésa fue claramente la decisión, además se discutió en esos términos, todo el que se opuso a la ley decía “hay que votar en contra para que no haya olvido y para que haya revisión del pasado”.

En términos políticos y politológicamente en cuanto a esta salida de Uruguay se consideró durante muchísimos años: primero, que la transición terminó el 16 de abril de 1989, el día de referendo del amarillo y verde, está en todo libro que hable de la época. Tanto en seminarios que se hicieron aquí como en Europa, se consideraba que Uruguay había redondeado una salida perfecta porque era la única que había tenido una convalidación popular.

La izquierda aceptó el resultado, incluso hay una frase de Fernández Huidobro de esa noche que dice “es una orden del pueblo, el pueblo ordenó y se acata”. Todo el mundo consideró que lo que quedaba pendiente era la suerte de los desaparecidos, partiendo de la hipótesis de la muerte, nadie pensaba que había que encontrar dónde estaban, ahí hubo un realismo trágico por parte de todo el mundo. La suerte de los desaparecidos era saber cómo murieron, qué había pasado con ellos.

EC - Eso había quedado pendiente.

OAB - Dónde están sus cuerpos. Y el destino de los menores, ahí sí existía la expectativa, la esperanza y la razonable certeza de que estaban vivos, de que el tema era buscarlos y encontrarlos. Esto es lo que finalmente, después de muchas controversias en Uruguay, busca el presidente Batlle con el apoyo explícito de Tabaré Vázquez. No es casual que una figura de la importancia que tiene para Tabaré Vázquez como Gonzalo Fernández haya integrado la Comisión para la Paz. Acá hubo un compromiso del más alto nivel político y se buscó el camino a través de la Comisión para la Paz.

EC - Once años después del referendo.

OAB - Sí, casi 11 años después del referendo.

EC - ¿Entonces?

OAB - Esta salida que parecía perfecta en términos politológicos no lo fue. ¿Por qué?, porque el propio Batlle y el propio Vázquez creyeron que se trataba de terminar con el tema. Vázquez, pensando en ganar en 2004, necesitaba y sigue necesitando encarar el futuro –que en aquel momento pensaba que iba a ser mucho más cómodo que el que le podría tocar si llega a ganar en 2004, con un país en una situación muy difícil– con todo esto fuera de discusión, sin complicaciones por el pasado, a eso apostó.

En primer lugar empezó el cuestionamiento al derecho a una amnistía, el derecho a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, que es un tema que se empieza a plantear en el mundo, hubo cuestionamientos incluso a que un pueblo soberanamente pudiera apoyar una amnistía, pero empezó a tomar cuerpo la teoría de la búsqueda de los resquicios. Es una teoría que en el mundo entero se ha aplicado siempre, no sólo sobre estos temas sino sobre mil cosas, que es decir “tengo que buscar un resquicio jurídico porque creo que tengo razón y si encuentro una rendija por ahí me cuelo para hacer valer mi punto de vista”.

Esto fue avalado por el hecho de que el país va cambiando, cambia Uruguay, cambiaron los referentes de la sociedad uruguaya, los dirigentes de hoy no son los de la salida y fue cambiando notoriamente lo que puede llamarse el imaginario y la ideología que pesan sobre los magistrados judiciales. Al cambiar la orientación de un país cambia la orientación de una magistratura, ése es un dato urbe et orbi. Ahí aparece este juicio inicialmente contra Blanco –hay muchos más anunciados–, que todo el mundo coincide en que ha sido tomado como un elemento simbólico o emblemático, a través de la teoría de la rendija se busca lo que se puede para simbolizar la condena judicial a lo que ocurrió en el pasado, que también es mucho más abarcativo que el caso concreto que se está juzgando.

El problema de esto es que perfora el camino emprendido por Batlle y apoyado por Vázquez, abre una serie de riesgos que están al acecho. Primero, que se judicialice el informe de la Comisión para la Paz, se puede decir “señores, aquí a ustedes les dijeron quién desenterró los cuerpos, vengan, den los nombres, digan cómo es, relaten, cítese, ustedes tuvieron conocimiento de delito”, porque además del delito que puede haber sido la muerte, es delito lo que se hizo con los cuerpos. “Ustedes no denunciaron el delito, señor Ramela, señor Gonzalo Fernández, monseñor Cotugno, ¿cómo no denuncian los delitos? Vengan a la sede judicial, den los nombres de todos los informantes”. Si se judicializa con toda la formalidad, puede llegarse a que coexista un país real con un país formal, es decir personas desaparecidas que están muertas para el Derecho Civil y siguen consideradas vivas, secuestradas, en el Derecho Penal.

Aquí hay muchos riesgos al acecho. Como análisis político nos interesa ver todos los efectos políticos. De lo que ocurra en los próximos semanas o meses, de las resoluciones o decretos que adopte el Poder Ejecutivo como corolario del informe de la Comisión para la Paz, de lo que diga la ley cuyo proyecto anuncia el presidente de la República, la ley que aprueben las cámaras, que envíe el Poder Ejecutivo y que modifiquen o no y aprueben las cámaras, de lo que haga o deje de hacer el sistema judicial dependerá valorar si la transición en Uruguay terminó, terminó en aquella fecha –16 de abril de 1989–, terminó ahora o sigue pendiente. Si fue una transición perfecta o casi perfecta o fue una transición muy imperfecta, al punto que queda abierta cuando países con transiciones consideradas mucho más desprolijas efectivamente las terminaron. Y si los fantasmas del pasado van a comprometer al futuro o van a fortalecer al futuro. Todo eso son los efectos y los riesgos que quedan pendientes de este proceso.

EC - Los próximos meses van a ser clave en ese sentido.
 

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
abril 12 - 2003