El pasado que vuelve y se proyecta al futuro
Oscar A. Bottinelli.
 

EMILIANO COTELO:
Esta semana nos hemos ocupado extensamente del procesamiento de Juan Carlos Blanco. Recogimos la opinión de Pablo Chargoña, ex abogado de la madre de Elena Quinteros, asesor de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y Carlos Ramela, integrante de la Comisión para la Paz; del ministro de Defensa, Yamandú Fau y Javier Miranda (de Familiares de Detenidos Desaparecidos), y de Eduardo Borges, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. El tema también fue objeto de debate en tres tertulias sucesivas, lunes, martes y miércoles.

Ahora llega el momento de un análisis político especial a cargo del politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum. El título: "El pasado que vuelve y que se proyecta al futuro". Comenzamos con una aclaración.

OSCAR A. BOTTINELLI:
Sí: siguiendo nuestra línea tradicional, no vamos a abrir opinión sino a tratar de resumir y "emprolijar" la discusión, sobre todo desmenuzar todos los elementos cruzados que aparecen en torno al procesamiento de Juan Carlos Blanco, y en particular centrarnos sobre los efectos políticos de este hecho.

Es un análisis difícil. Por un lado porque en relación a la transición de la dictadura a la democracia, a las secuelas del período de violencia que afectó al país desde 1962 a 1984 y a los efectos del régimen militar sobre el futuro, en relación a estos tres aspectos, es el hecho político más importante desde el referendo de la ley de caducidad de 1989. Por otro lado, es difícil porque es despierta y afecta sensibilidades muy fuertes y especiales, donde hay mucho dolor de por medio. Cuando hay dolor, un análisis frío, de laboratorio, muy clasificatorio, en general cae mal.

El tema puede analizarse desde el ángulo ético, desde el ángulo jurídico y desde el ángulo político. Vamos a hacer un inventario de lo que está en juego, una especie de manual para seguir la discusión de lo que se dice y lo que no se dice en estos días.

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EC - Comenzamos por lo ético.

OAB - Lo ético y ético - político. En torno a este tema afloran varias discusiones.

Primero, qué hizo y dónde estuvo cada uno durante el período militar, por lo menos los que hoy tienen de 35, 38 años para arriba.

Segundo, qué hizo o no hizo cada uno en el anterior periodo de violencia, el que va desde mediados de 1962 hasta el golpe de Estado, que comprende acción guerrillera, actos de violencia en las calles, gobiernos bajo medidas prontas de seguridad primero y después bajo estado de guerra y suspensión de la seguridad individual, es decir un conjunto de fenómenos de distinta naturaleza.

Tercero, si el primero y el segundo punto, es decir lo del período militar y lo anterior, son equiparables o no, que es también un eje de discusión que levantó una polvareda el año pasado, cuando Seregni hizo un paralelismo entre los dos tipos de acontecimientos.

Cuarto, como tema esencialmente social y político, si a la sociedad le conviene reabrir el examen de las conductas de cada uno en esos períodos o le conviene cerrar el pasado y mirar hacia delante; si el momento económico, social y político que vive el país permite entrar a algo tan removedor como el juicio social a la conducta de cada cual y ayuda a construir una sociedad éticamente más fuerte, o si ello es un ejercicio peligroso y paralizante frente a los desafíos que tiene el país en los otros terrenos.

EC - Pasemos al capítulo de lo jurídico.

OAB - En relación a lo jurídico, que tal vez sea lo que más debatió en estos días, sobre todo a través del periodismo escrito, hay muchos temas entrelazados.

Uno, si la ley de caducidad es una ley de amnistía, como en su momento lo determinó la Suprema Corte Justicia. La amnistía extingue el delito, entonces no puede haber juicios sobre delitos extinguidos.

Dos: si la ley de caducidad es una figura jurídica especial en que caduca la pretensión punitiva del Estado exclusivamente para los funcionarios militares y policiales, como dice el texto del artículo 1º, no hubo amnistía. Entonces sí puede darse que el autor del delito no sea pasible de juicio, pero sí un coautor o un encubridor civil.

EC - Es un tema bien polémico, porque en su momento varios de los impulsores de la ley aclararon que no era una amnistía, pero los análisis que han venido luego desde el punto de vista jurídico han incluido visiones de quienes dicen que sí es una amnistía.

OAB - La tesis de la amnistía es una decisión de la Suprema Corte de Justicia en un informe del doctor Tommassino, cuando del lado de la impugnación de la ley se plantea la inconstitucionalidad de la misma, porque efectivamente no tenía un soporte constitucional claro. La Suprema Corte dictamina que el soporte es la facultad de amnistía que concede la Constitución al Poder Legislativo. Si es amnistía los delitos no existen, fueron extinguidos; si no es amnistía y es una caducidad de la acción punitiva del Estado contra determinado tipo de funcionarios es sólo contra ellos que rige esa especie de amnistía parcial o de caducidad.

EC - Sigamos con otros aspectos de lo jurídico.

OAB - Hay una discusión sobre todo el tema de los tratados internacionales.

Se discute mucho en lo laboral pero la materia penal es muy especial. Si los tratados internacionales tienen vigencia por sí, basta que una diga "estos delitos no prescriben" y se los aplica automáticamente, o son compromisos que un país asume y sólo tienen efecto cuando sean dictadas leyes especiales al respecto: por ejemplo se diga "Tal conducta se entiende como delito, se pena de tal manera, los plazos de prescripción son tales", etcétera. En otras palabras, unos creen que las figuras penales existen desde la ratificación del tratado, por la ley que los ratifica, y otros consideran que debe dictarse una ley que específicamente establezca el delito o la acción penal correspondiente.

Cuarto punto, si hay un delito continuado o no en el caso de Elena Quinteros, que sería una privación de libertad y por lo tanto delito continuado, si hay o no prescripción del delito, y de haberlo -por ejemplo por muerte-, desde cuándo se cuenta la prescripción, ya que se ha manejado diversas fechas de muerte.

Quinto, si puede ser considerada muerta por una declaración del Poder Ejecutivo amparado en la ley de caducidad, o si se requiere un procedimiento judicial para ello, el procedimiento ordinario.

EC - Esto tiene que ver con la validez jurídica de las conclusiones a las que llegue la Comisión para la Paz.

OAB - La validez estaría ligada, según la tesis a favor del Poder Ejecutivo, por la ley de caducidad que lo habilita a una especie de dictamen que no puede ser revisado por la Justicia. La otra tesis es que no estaría amparado.

Sexto, si el juez evaluó correctamente las pruebas y si su razonamiento es correcto o incorrecto; en definitiva, si el auto de procesamiento es un error judicial, como sostienen muchos, o un acierto, como sostienen otros tantos.

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EC - Hemos recorrido los capítulos ético y jurídico; vamos al capítulo político, que quizás sea el más extenso de todos.

OAB - Lo político parte de un elemento clave, que es cómo se hace una salida de un régimen dictatorial, de fuerza, y cómo se hace la transición. Hay muchas salidas. Los tipos de salida determinan los tipos de entrada.

Hay un tipo de salida a la griega: en 1974, después de una década de lo que se denominó la dictadura de los coroneles, ésta se derrumba porque -muy parecido a lo ocurrido en Argentina- se metieron en una aventura militar, la invasión de Chipre; perdió la guerra con Turquía y no hay régimen militar que soporte una derrota militar. La salida griega fue una rendición; en Argentina no tanto. Una salida a la griega permite que a la vez se hagan la reconstrucción y la pacificación del país y la aplicación total de la justicia.

En los procesos de desnazificación en Alemania se consideró que haber sido miembro del Partido Nazi ya era un problema que debía ser depurado por el individuo. Ni hablar ocupar cargos para quien hubiera cometido determinado tipo de actos considerados delitos de lesa humanidad. Esto se pudo hacer porque las cuatro grandes potencias del momento estaban ocupando toda Alemania.

Hay otras salidas. La chilena todavía no ha terminado, es una salida entre pactada y otorgada por el propio régimen.

La salida uruguaya es la típica salida pactada o coasociada, que tiene algunos elementos comunes, aunque distintos con la transición hecha en Polonia. Las partes van pactando una salida que tiene distintas etapas. Las salidas pactadas tienen como un elemento básico que aseguran más el futuro y congelan el pasado. Este es el elemento general más común que se ha visto en este tipo de salida, porque cada parte concede a la otra lo que a la otra le es más importante, para una es más importante el futuro y para la otra el pasado. En esas salidas las amnistías, los indultos, las gracias son frecuentes.

La salida uruguaya tiene muchas etapas. Podemos arrancar del plebiscito constitucional de 1980, luego el intento de pacto, de la negociación fallida del Parque Hotel de 1983, luego el pacto del Club Naval de 1984 y el correlativo acto institucional Nº 19 que, de alguna manera, recoge lo que vendría a ser el espíritu del pacto.

Y, ya restaurada la democracia, como elementos importantes, la ley de amnistía de marzo de 1985, que amnistía lo que se puede llamar los delitos políticos y los delitos comunes conexos con delitos políticos... Cuando decimos "delito político", puede o no ser delito: es lo que durante en el período militar se consideró delito político. No fueron amnistiados pero hubo una excarcelación de todos quienes cometieron delitos de sangre, con una revisión de causas que permitió la liberación de todos los presos del régimen militar.

Finalmente la ley de caducidad, que tiene dos etapas: la aprobación parlamentaria, como toda ley, y el 16 de abril de 1989 la ratificación plebiscitaria por el cuerpo electoral, que salió más o menos por 58 por ciento a favor y 42 por ciento en contra.

Hay un tercer tema que ha aparecido lateralmente, que es la legalidad de los cargos ocupados durante el período de facto.

EC - Esto a propósito de Juan Carlos Blanco, concretamente.

OAB - Alguien ha dicho que ya era un delito ocupar el cargo. Más allá de que a nadie se lo pone primero preso y después se ve qué delito se le imputa, aquí hay un procesamiento por un tema específico, que es el caso de Elena Quinteros. Lo otro el tema es muy complicado, porque en Uruguay no se ha ido al purismo jurídico, casi no hay casos en la historia de juzgamiento por usurpación de cargo en función de un período de facto: tiene que ser una rendición incondicional de una de las partes. Entre otras cosas porque esto crea problemas jurídicos fenomenales: si la persona ocupó ilegítimamente el cargo son ilegítimos todos sus actos: cesan los nombramientos, cesan las designaciones, cesan todos los actos realizados. En Uruguay hay algo paradigmático, que es el doctor Rafael Addiego Bruno, miembro de la Suprema Corte de Justicia, que llega al cargo durante el período militar designado por el Consejo de la Nación, es presidente de ese organismo y hace la transición entre el fin del general Álvarez y la asunción de Sanguinetti, con el acuerdo de todos los partidos. Y se puede decir que, como retribución, la Asamblea General lo nombra miembro de la Suprema Corte de Justicia constitucional en mayo de 1985. Si se va a ese criterio puro, hubiera cometido delito y no hubiera podido ocupar el cargo.

Cuarto, algo que tiene mucho que ver con esto. Vamos a transcribir textualmente lo que dijimos cuando la asunción de Batlle, porque apunta mucho al tema de la Comisión para la Paz. Cuando Batlle anuncia lo que llamó la paz definitiva y dio una serie de señales hacia la búsqueda de una unidad nacional, dijimos: "Su gobierno es un gobierno de unidad. Ir buscando la idea de un gobierno definido por su amplitud como un gobierno de unidad. Y el tema central, fuerte, es cuando él habla de 'la paz definitiva'; el espinoso camino de la solución definitiva de los efectos emergentes del régimen militar. Puntualmente, el tema de los detenidos - desaparecidos. Aquí, sin duda Batlle asume uno de los compromisos en que su gobierno puede desde naufragar a obtener el éxito histórico más estruendoso, en un tema en que se ha visto que es extremadamente difícil una solución, en el que se parte de posiciones duramente encontradas, con caminos no fáciles de transitar. Él se compromete, no sólo a transitar esos caminos, sino a guiar una solución".

EC - Esto es parte de un comentario tuyo después del 1º de marzo de 2000.

OAB - Del 3 de marzo de 2000. Ahí está la visión que teníamos todos de que era el cierre de un tema. La izquierda sin duda vio esto: Tabaré Vázquez en particular, que también impulsó la Comisión para la Paz, al punto de poner a quien es su hombre de mayor confianza personal en lo político, el doctor Gonzalo Fernández, además reputado catedrático de Derecho Penal, a quien compromete en este trabajo. Para la izquierda es fundamental, y para Tabaré Vázquez si piensa que el próximo gobierno va a ser el suyo, llegar con este tema totalmente concluido.

EC - De todos modos, dentro de la izquierda hubo diferentes opciones respecto de la Comisión para la Paz.

OAB - Claro: pero cuando uno habla de la izquierda se refiere a la conducción política del Frente Amplio. Ahí no hubo dos opiniones sobre la Comisión para la Paz; hubo opiniones de sectores políticos y más bien de lo que podemos llamar sectores sociales, grupos de acción política.

Se puede decir que las diferencias vienen desde el referendo de 1989. Podemos dividir a la izquierda en dos eslóganes, entre los que luchaban contra la ley de caducidad con el eslogan "verdad y justicia" y los que utilizaban el eslogan "juicio y castigo a los culpables". Para un sector, lo importante era la verdad y el tema justicia no necesariamente terminaba en penas de prisión. Para otros, el tema central era juicio y castigo a los culpables, no la investigación histórica.

En cuanto a las diferencias posteriores, tenemos a Fernández Huidobro diciendo, la noche del referendo por la ley de caducidad, que el pueblo dio una orden, que se acata. Desde otros sectores se considera que Uruguay tiene un tema pendiente y no cerrado sobre violaciones a los derechos humanos, como sostuvo Mary Robinson, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando estuvo aquí hace un par de años. Hay un segmento que está fuera de las grandes estructuras políticas que considera que el tema no está cerrado, que debe luchar por todos los caminos y busca todos los caminos que encuentra, desde públicos controversiales como los escarches, hasta lo que llama las rendijas judiciales: buscar por todos lados denuncias, querellas, juicios, para ver si por algún lado -como en este caso- logra un éxito. En este caso, esta estrategia estaría teniendo un éxito.

Desde el otro lado se dice que este éxito ha sido ayudado por los hechos judiciales del mes de agosto. Desde el semanario Brecha se promueve una denuncia sobre parálisis del procedimiento en relación a Juan Carlos Blanco por el caso Elena Quinteros. Hay una rápida actuación de la Suprema Corte de Justicia vinculada al tema Banco de Montevideo, porque los dos estaban en la misma sede, y eso termina en el cambio de juez. Cavalli, que había sido juez en lo penal y trasladado al laboral, vuelve al fuero penal; la jueza Berro es trasladada de lo penal a lo laboral, y prácticamente en un mes el juez Cavalli toma la causa y termina en el procesamiento. Algunos dicen que hubo una aceleración del fenómeno para determinar la conclusión. Va a haber una gran discusión en torno a estos movimientos que hizo la Suprema Corte de Justicia.

Respecto al tema judicial se plantea algo más. En el auto de procesamiento el juez manifiesta claramente posturas políticas muy definidas sobre el régimen militar -la terminología que usa, los énfasis que pone- y da por supuesto que todo individuo estaba en contra. Esto es una visión muy clara 20 años después de los hechos; el tema es cuando uno analiza que en la propia justicia penal actual hay jueces actuantes que operaron en aquella época y procesaron a dirigentes políticos por hacer discursos políticos. Esto lleva a una controversia sobre qué es lo obvio y lo no obvio en los procesos penales judiciales en un período de facto y en el período actual. En qué momento se comete un delito o no: por ejemplo cuando un juez procesa a un dirigente político por hacer un discurso político, y después cuando, como está procesado y es candidato presidencial no lo dejan salir del país en la campaña electoral de 1984.

Hay algunos temas básicos. Uno es el camino de la Comisión para la Paz que, como decíamos, llevaba a un cierre definitivo que le sirve a Tabaré Vázquez y al Frente Amplío para gobernar, dar por terminado el tema. Este procesamiento perfora este camino y es un giro de 180 grados -no digo que sea bueno o malo, para algunos puede ser muy positivo, "al fin pegamos el giro y se termina esto", y para otros será muy malo- que termina en algunas cosas que ya anuncian, como que después de esto podrían venir denuncias sobre Lupinacci, el embajador en Venezuela en aquel momento, que después fue subsecretario de Relaciones Exteriores, sobre el ex presidente Juan María Bordaberry y sobre el subsecretario de Relaciones Exteriores de la época, Guido Michelín Salomón. Estos nombres han salido, algunos anteriormente y los otros en estos días, en distintos medios de prensa o declaraciones de actores, fundamentalmente de los que promueven este tipo de causa.

¿Qué pasa con este giro de 180 grados? Apuntes finales que darían para un largo análisis. Se está creando en sectores del país que uno podría decir que son más bien de derecha, una derecha que hoy en Uruguay está muy débil, muy dividida, el temor a que un triunfo del Frente Amplio suponga revanchismo. Esto no estaba presente hasta ahora y aparece: es un fenómeno nuevo. La aparición en un sector de la sociedad del temor de que un triunfo de la izquierda suponga la intolerancia lleva a que, por ejemplo, el discurso que venía haciendo el ex presidente Sanguinetti y el Foro, de extrema dureza contra el Frente Amplio, aparezca con un referente muy claro en un sector que puede sentir la necesidad de estar protegido por ese discurso. Parecía un discurso que tocaba temas que no estaban en la agenda del país, pero hoy el tema de que pueda haber revanchismo o intolerancia para un grupo del país es visto como posible. Por lo tanto un discurso "contra el violentismo", "los que tienen ojos en la nuca", parece ser un discurso que para un sector importante del país, quizás minoritario, posiblemente minoritario pero importante, ahora tiene un recibo fuerte.

Vinculado con los riesgos de que se entre en una dinámica de polarización y defensión, no olvidemos que una polarización no necesita que los polos estén equilibrados: uno puede ser más grande y el otro más chico, pero la polarización igual existe.

Finalmente, hoy vemos que este procesamiento no cae bien a la estrategia del Frente Amplio. Se encuentra atenazado entre su discurso y sus convicciones sobre defensa de principios de justicia, de derechos humanos, y por lo tanto frente a un acto de estos debe decir "Bienvenida la justicia, bienvenido el castigo a los responsables de los actos del período militar, bienvenido el castigo a violadores de derechos humanos", independientemente de que no se esté castigando a quien haya cometido el acto directamente, de que este juicio sea simbólico (porque en definitiva el procesamiento de Blanco ha sido tomado por las distintas partes como un acto simbólico: parecería que se está procesando y juzgando todo lo que ocurrió en Uruguay en ese período, por la carga que ponen unos y otros).

Entonces, el Frente Amplio tiene por un lado que avalar eso pero por otro siente que este camino compromete la gobernabilidad de su futuro gobierno. Si el Frente Amplio llega al gobierno el 1º de marzo de 2005 lo hará en una situación económica, social y política que no vamos a describir, pero no es el momento ideal para nadie para asumir el gobierno. Si además viene complicado con un país tenso, polarizado en torno a estos asuntos, algunos de los cuales incluso podrían llegar a tener algún tipo de repercusión internacional... Es el escenario que justamente Tabaré Vázquez y la dirigencia del Frente quisieron evitar cuando impulsaron y apoyaron decididamente la idea del presidente Batlle de la Comisión para la Paz.

Quizás esto explique por qué los dirigentes del Frente Amplio en general han guardado bastante silencio en estos días y no han sido los protagonistas de la polémica. Porque en la polémica tiene que estar en el discurso "qué bien lo que está ocurriendo" y por dentro sentir que esto está golpeando la estrategia de gobernabilidad. Quizás no el camino de aquí a 2004, aunque ese 2004 empieza a tener algunas piedras que no tenía, por ejemplo sobre el tema de los ataques a "la intolerancia", al "revanchismo", al "retorno del pasado", que pueden afectar la gobernabilidad futura.

Este es todo el punteo, sobre el cual cada uno, en cada uno de los temas, puede tener las posiciones más distintas (si no, no habría discusión). Queríamos mostrar que es una discusión harto compleja, que tiene todos estos elementos éticos, jurídicos, políticos, ético-políticos, jurídico-políticos; se ha destapado un gran temario de debate.

 

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
octubre 25 - 2002