El "ajuste político",
un tema relacionado con la credibilidad pública
Entrevista con el politólogo Oscar A. Bottinelli. 

EMILIANO COTELO:
Hace varias semanas el ex presidente Lacalle instaló el debate sobre lo que denominó "ajuste político". A propósito de este tema, el politólogo Oscar A. Bottinelli, nos propone para su análisis político de hoy "El "ajuste político": un tema relacionado con la credibilidad pública".

Hablemos en términos de qué es lo que se ha estado entendiendo en estos días como "ajuste político". Porque hay variantes, hay distintas expresiones.

OSCAR A. BOTTINELLI:
Digamos qué se está entendiendo, resumiendo las propuestas lanzadas por el ex presidente Lacalle y la cantidad de sugerencias, réplicas y contrapropuestas que surgieron una vez que este tema se lanzó al ruedo y prendió bastante. En un momento muy agitado, en el que hay muchos temas de distinto cariz, éste encontró un espacio bastante importante.

Veamos qué hemos visto como "ajuste político". En primer lugar la propuesta inicial de reducir el número de legisladores, que puede ser, como lo propuso Lacalle, una reducción en cada Cámara o la supresión de una Cámara, como han propuesto algunos legisladores frenteamplistas.

En segundo lugar se habla de la reducción del número de miembros de las juntas departamentales, que en Uruguay ha ido de 15 a 65, como llegó a tener la de Montevideo hace medio siglo.

Tercero, reducir el número de ministerios.

Cuarto, algo más genérico que pasa por la reducción del número de directores de los entes autónomos y servicios descentralizados o la supresión de los mismos, dejarlos en manos de gerentes.

Quinto, otro tipo de propuestas que van desde suprimir, reducir, limitar los contratos de obra, reducir el sueldo del presidente de la República, de funcionarios, etcétera.

Todo esto es lo que ha entrado en el paquete de "ajuste político".

EC - ¿Por qué vías podría hacerse esos ajustes?

OAB - Por muchas vías. Para reducir el número de legisladores, suprimir una Cámara, reducir los ediles, es necesaria una reforma constitucional. Para bajar el número de ministerios basta una ley. Para reducir el número de directores de los entes autónomos y servicios descentralizados basta una ley. Las medidas que tengan que ver con contratos y sueldos -salvo el del presidente de la República, que no se puede modificar en cinco años, por lo tanto puede ser un acto unilateral de ceder parte del sueldo, y los de los legisladores- pueden ser tomadas mediante leyes, decretos, resoluciones, según cómo haya surgido el tipo de retribución.

EC - ¿Qué pasa con el impacto económico de este tipo de medidas?

OAB - Aquí está el centro del tema. Si uno analiza el impacto que puede tener todo el "ajuste político", frente al déficit que tiene el país, la necesidad de ahorro y de nuevos impuestos, es muy bajo y muy menor. Por ejemplo, cualquier forma de reducir el número de legisladores significa un ahorro mucho menor que lo que se gasta en impresos y publicaciones en el Poder Legislativo. Además, el Poder Legislativo tiene hoy cinco veces más funcionarios que los que tuvo poco más de medio siglo atrás. El número de personas que asisten a legisladores, sea como secretarios, sea como pases en comisión, hoy es unas 40 veces mayor que hace 55, 60 años. Es decir que hay otros gastos que no necesariamente están acordes con la cantidad de legisladores o de ediles, sino que son gastos que se van anexando a determinadas funciones.

Pero lo que importa es por qué el tema impacta, si cuando se hacen números el resultado de ningún "ajuste político" es relevante. Lo que surge es que lo que realmente está impactando no es lo económico sino lo simbólico: el mensaje que el sistema político estaría dando si hiciera un "ajuste político", o el mensaje que la gente está esperando por parte del sistema político.

Lo que es bastante claro -surge de encuestas de opinión pública, de algunos elementos muy claros, del rechazo de la llamada minirreforma de 1994 que, entre otras cosas, contenía una retribución a los ediles, que son honorarios- es que hay una cierta crítica permanente hacia los políticos y hacia la política, que puede transformarse en cierto descreimiento.

Sin duda, cuando hace esta propuesta, Lacalle toma este sentimiento, tiene un feeling bastante claro con este sentimiento, y pretende dar el siguiente mensaje: "Hay que hacer un ajuste muy fuerte en los gastos públicos, hay que ajustar los ingresos de la gente, hay que ajustar cobrando más impuestos, hay que ajustar recortando gastos, es decir ajustes que caen sobre la gente; bien, demos a la gente la señal de que nosotros, los políticos, nos ajustamos a nosotros mismos". Este es el mensaje que todos recogen, tratando de ir en la misma dirección, más allá de que las propuestas puedan ser todas diferentes. En este momento es claro que en Uruguay no se controvierte si debe o no hacerse un "ajuste político", por lo menos desde el punto de vista público. Todo el mundo dice que sí, hay que hacer un ajuste; lo que sucede es que cada uno está proponiendo uno diferente.

EC - Hay distintas expresiones de descreimiento en la política y en los políticos dando vueltas en el ambiente, ¿no?

OAB - Digamos que hay algunas que pueden ser más recientes y otras que pueden ser de más larga data. Pueden dividirse en varios capítulos. Unas son las que tienen que ver con un tema mucho más genérico, que tienen que ver con la política, con los políticos y con el Estado: lo que la gente espera del Estado y de la política no es que le den medios para realizar cosas, sino que espera resultados, que la política o el Estado, a través de la política, resuelva cosas para el país, para la gente, para sectores del país. Cuando los resultados no se dan, porque el país está mal, o porque yéndole mejor o peor al país a importantes sectores no les va bien, esa falta de resultados repercute en ver a la política como ineficaz. Este es un tema.

Un segundo tema tiene que ver con formas de hacer política y de entender la política. Hace mucho tiempo (y se ha visto en el cambio de jerarquía que han tenido en Uruguay los cargos), que la política deliberativa fue perdiendo peso en relación a la política ejecutiva. En los años 60 se vio despegar del Senado, a través de los discursos, una candidatura presidencial y un liderazgo parlamentario como el de Wilson Ferreira Aldunate. Hoy se nota que la gente no aprecia el debate, no aprecia la polémica ni, en general, el trabajo parlamentario, sino que valora más la labor de un ministro, de un intendente, de alguien que está al frente de un ente autónomo, de una junta local o de un instituto de menor jerarquía. Lo concreto, lo ejecutivo, la posibilidad de realizar algo se está imponiendo sobre el gran debate de ideas, sobre el gran debate de soluciones o de posiciones políticas o partidistas.

En la medida en que lo político y las políticas se asocian mucho al Parlamento -o a los parlamentos, tomando las juntas departamentales- y al debate y la discusión, esta búsqueda de lo ejecutivo, de la ejecutividad o de los resultados también lleva a cierto descreimiento en la política. Lo cual se asocia, además, a que en general hay un entendimiento cada vez menor del sentido que tiene la contraposición de ideas, de proyectos y la negociación política como un factor necesario para producir resultados en la política.

Por otra parte, las decisiones se han ido "cupulizando": se reúnen los líderes partidarios, los líderes sectoriales, forman los acuerdos y después ya no hay sorpresas en el funcionamiento del Parlamento o de las juntas departamentales -lo que cuenta es si hay o no votos-, donde se vota lo previamente resuelto, lo que también contribuye a ver como ociosa o ineficaz a la función parlamentaria.

Hay otro tipo de descreimientos que parte de la visión de que los que están en la actividad política están persiguiendo fines personales en forma primordial o exclusiva, y de que el sistema político en general es una especie de sistema que se autosostiene. Es decir, un sistema en el que todos los que lo conforman buscan formas de perpetuarse, de mantenerse, de vivir de la política. A veces esta visión lleva a formas extremas en forma genérica o particularizada en sectores o personas, lo que a su vez es atribuirle a esto formas non sanctas de ganarse la vida, es decir, de corrupción. Pero aun sin corrupción, se lo ve como algo que gira teniendo como objetivo su propia existencia. Entonces hay muchos cargos, sea de legisladores, en entes, aquí o allá, porque es necesario que haya cargos para repartir, para que los políticos puedan autosustentarse.

A veces las mismas personas piensan todo esto; a veces algunas piensan algunas cosas y otras, otras cosas, con razón o sin ella, lleva a este estado en que los políticos y la política tienen un alto nivel de pérdida de credibilidad. Una gran diferencia respecto del Uruguay de hace muchos años es que no hay alternativas: la gente no propone alternativas. Hace más de 30 años unos decían "Esto tiene que terminar, tienen que venir los militares y dar un golpe de Estado"; otros decían "Esto se termina con una revolución". Hoy no hay alternativas en forma mayoritaria, dominante, visible en la sociedad: es un descreimiento que no tiene contrapartida. Esto es lo que está en juego con el debate sobre el "ajuste político": enfrentar un problema de credibilidad pública de todo un sistema.

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
marzo 22 - 2002