Una semana complicada: privatizaciones, estatizaciones,
 ajuste fiscal y riesgo país
Entrevista con el politólogo Oscar A. Bottinelli. 

EMILIANO COTELO:
Sin duda, esta semana ha sido tan complicada como importante: por un lado fueron presentadas casi 700 mil firmas para promover el referendo sobre Antel y Ancel, por otro colorados y blancos acordaron los recortes presupuestales y el nuevo paquete de impuestos; además se confirmó la pérdida del grado inversor de los títulos uruguayos y el Estado debió invertir U$S 33 millones en el Banco Comercial. A propósito de todo esto, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone como tema de análisis político para hoy: "Una semana complicada: de privatizaciones, estatizaciones, ajuste fiscal y riesgo país".

Complicada, la semana.

OSCAR A. BOTTINELLI:
Una semana extremadamente complicada, con cuatro elementos que se entrelazan desde el punto de vista del debate político. En particular en el debate de fondo, el que centró las elecciones de 1999, sin duda centrará las elecciones del 2004 y es el gran tema de debate político en el país: el conflicto ideológico entre mercado y Estado, entre lo privado y lo estatal, lo competitivo y lo monopólico. Los cuatro temas son lo suficientemente complejos como para que cada uno de ellos amerite un análisis por separado, por lo que este análisis se limitará a enunciados con vista al interrelacionamiento de estos cuatro temas en debate.

EC - Vamos a verlos uno por uno.

EB - El primer tema en debate es el aumento del riesgo país y la pérdida del investment grade, revisado por un par de calificadoras. ¿Qué es una calificación de riesgo? En definitiva esto es lo que hace todo gerente de sucursal de banco todos los días: frente a un pedido de crédito dice "Este crédito tiene mayor o menor riesgo de pago".

En el caso de la calificación de riesgo de Standard & Poor's aparece un elemento muy importante: dice que uno de los elementos de riesgo de Uruguay es que no avanza suficientemente en las privatizaciones. Lo cual deja una gran duda, porque en principio, si alguien analiza el riesgo de un Estado que tiene empresa de petróleo, electricidad, telefonía rentables, un banco de inversión, de fomento y comercial muy importante, puede decir que en última instancia, si se ve en dificultad de pagar vende todo y el crédito está asegurado; es distinta la situación a la de otro Estado que no tenga nada para vender.

Es decir que, desde el punto de vista riesgo, da la impresión de que el análisis deja mucho que desear y de que lo que hay es sobre todo es una valoración ideológica. Para esta calificadora de riesgo, un Estado funciona mejor, una sociedad es más perfecta, si todo lo posible está en manos privadas y lo menos posible en manos estatales. No establece precisamente una calificación de riesgo de pago sino una visión de lo que considera un modelo exitoso de Estado a partir de una percepción ideológica.

EC - Vamos al segundo tema.

OAB - El segundo tema en debate tiene que ver con Antel y Ancel. Digo Antel y Ancel porque en muchas informaciones se está salteando que el recurso no es sólo contra la participación privada en Antel y la creación de Ancel SA, separada de Antel, sino también contra la disposición que limita el monopolio de Antel exclusivamente a la telefonía básica. Es un recurso de referendo contra la participación privada por un lado, y contra la desmonopolización por otro. El debate toma los dos elementos: estatización - privatización y monopolio - competencia.

EC - En definitiva, el debate es a propósito de la reforma en las telecomunicaciones que encaró este gobierno.

OAB - Reforma de las telecomunicaciones desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico, sobre el concepto de monopolio o competencia en determinadas actividades y sobre el concepto de papel del Estado, papel privado o combinación Estado - privado en la gestión de empresas de servicios públicos. Este es otro tema en debate, que se va encontrando con todos los demás.

EC - Pasemos al tercero, el Banco Comercial y la decisión del Estado de participar en su capitalización.

OAB - Este es el tercero o cuarto proceso de capitalización bancaria estatal en los últimos 20 años, si consideramos como primero la compra de carteras que hizo el Estado a casi todo el sistema bancario a partir de la ruptura de la tablita, es decir la ruptura de la programación de la devaluación ordenada del dólar que se produjo en noviembre de 1982. En esa ocasión el Estado compró todas las carteras incobrables de los bancos, lo que de hecho es una capitalización.

En 1985, 1987 vino el proceso de intervención, capitalización y en algún caso liquidación de bancos: de Italia, Pan de Azúcar, Caja Obrera y Comercial.

Hace pocos años vino la compra de la mayoría del paquete accionario del Banco de Crédito por parte del Estado.

Ahora, 17 años después, el Banco Comercial vuelve a ser intervenido por el Estado, que vuelve a comprar una parte de su paquete accionario.

EC - Desde el punto de vista formal no es una intervención, sino la participación en el paquete accionario y en la conducción, en el gerenciamiento.

OAB - Hay diferencias técnicas, pero esto implica que el Estado sale a gestionar un banco y a poner capital.

Otra vez vienen aquí tres temas. Uno es por qué se produjo esta situación en el Banco Comercial, que tiene características de una administración muy ligera, se habla de la posibilidad de elementos delictivos y de si falló o no la actividad de superintendencia del Banco Central. A los efectos del centro de nuestro debate hay aquí dos temas: uno es el de fondo, si el Estado debe o no participar en actividades privadas, independientemente de cuál sea la razón que lo lleve a hacerlo. Puede ser una razón social en determinado tipo de ente autónomo, para probar determinados servicios, para sostener al sistema financiero -como en este caso-, para sostener a una industria -ha capitalizado frigoríficos y empresas de construcción de obra pública-...

Las finalidades pueden ser muchas, pero la discusión es si debe o no participar. Y, ligado a esto, cuándo debe participar: si cuando el Estado decide promover actividades y programa realizar inversiones, o si es una función de bombero que implica que salgan recursos cada vez que hay que sostener un sistema que falla en su funcionamiento privado.

Por supuesto que además hay toda una discusión sobre el sistema financiero en sí mismo: cuánto le importa a Uruguay, si son muy importantes los recursos que deja, el trabajo que da, si el costo para sostenerlo es muy alto. Este debate se dio a mediado de los años 80, se repitió hace tres o cuatro años, y sin duda empieza a darse nuevamente.

En relación a lo que estamos analizando, entra en el tema de lo privado - estatal en cuanto hay una estatización parcial de alguna manera, porque hay una compra de capital por parte del Estado de una empresa de servicios. En este caso no es producto de una programación sino de una acción de salvataje de un sistema.

EC - Por último llegamos al tema del ajuste fiscal.

OAB - El ajuste fiscal tiene dos facetas: una de ahorro, de recorte, y otra de impuestos por una cifra que podría rondar los U$S 150 millones, de acuerdo a los cálculos sobre rendimiento de los impuestos en función de determinadas variables. El tema es que en el mismo momento en que se vota este paquete aparece la compra accionaria del Banco Comercial, que representa más de la quinta parte del total de impuestos que se crea. Esto ya está generando un debate, ya se vieron las reacciones, sobre todo ayer, sobre si los impuestos eran excesivos porque el Estado puede disponer libremente de U$S 33 millones sin que hubiera previsto gastarlos, o si esto es además de los U$S 150 millones y entonces el déficit fiscal no va a quedar del todo compensado, en la medida en que hay un gasto adicional que no estaba previsto. Aparece que por un lado hay empresas gestionadas por el Estado y son superavitarias, cuya participación en el Estado se discute, y por otro lado hay actividades privadas que coyunturalmente aparecen con un gran déficit, a las que el Estado sale a rescatar. Aparece un ataque a las posiciones privatistas, diciendo que el Estado pretende privatizar lo que le da ganancia y estatizar lo que da pérdida.

La suma de estos cuatro elementos lleva a que Uruguay se replantee, con una fuerza mucho mayor a la que se venía dando, todos estos temas de Estado y privado, monopolio y competencia. Parecería que, a diferencia de hace cinco años, cuando uno veía que el péndulo iba girando a que la opinión pública se iba afirmando cada vez más en cierta necesidad de competencia, cierta adhesión a participaciones privadas, a una participación del Estado un poco más reducida y exigiéndole eficiencia a esa participación, en este momento todos estos elementos están apuntando a fortalecer el péndulo hacia el otro lado, hacia una opinión pública que se va volcando, cada vez más, hacia la participación del Estado, hacia la defensa de lo estatal y hacia la desconfianza de lo privado, sobre todo en actividades de servicios públicos que afectan al conjunto de la población.

EC - Supongo que en las próximas semanas podremos ver este tema desde el punto de vista de las encuestas.

OAB - Va a ser dentro de más o menos un mes.

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
febrero 22 - 2002