La anunciada y conflictiva reforma laboral
Entrevista con el politólogo Oscar A. Bottinelli. 

EMILIANO COTELO:

El miércoles el ministro de Economía y Finanzas realizó un conjunto de anuncios de medidas para enfrentar la recesión. Algunos de los temas mencionados en el discurso no fueron realmente anuncios, sino recapitulación de medidas ya anunciadas anteriormente. Otros, en cambio, resultaron verdaderas novedades, algunas incluso no demasiado esperadas. Entre estas ideas sobresale, por su importancia, un conjunto de reformas en materia laboral.

Ya tuvimos esta mañana un enfoque con el especialista Juan Manuel Rodríguez, ex asesor del PIT-CNT, hoy director del Programa de Modernización de las Relaciones Laborales en la Universidad Católica. Sobre este mismo asunto el politólogo Oscar A. Bottinelli nos propone, como tema para su análisis de hoy, "La anunciada y conflictiva reforma laboral".

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EC – Oscar, ¿por dónde comenzamos?

OSCAR A. BOTTINELLI:

Planteemos un contexto del tema. Uruguay tiene un régimen laboral, una legislación laboral bastante rígida, con una rigidez acentuada por la jurisprudencia laboral y luego una flexibilización que se fue dando prácticamente en los últimos 10 u 11 años. Esta flexibilización ha sido alcanzada mediante tres tipos de medidas en tres momentos determinados. Uno que fue muy fuerte para flexibilizar muchísimos aspectos en la práctica del régimen laboral fue la no convocatoria a Consejo de Salarios y la no homologación con carácter genérico, obligatorio, de los convenios colectivos, realizados prácticamente en los comienzos de la administración Lacalle. Al eliminar los salarios mínimos obligatorios por categoría y por rama se generó una gran flexibilidad, al menos en los lugares donde no han subsistido los convenios colectivos, que debe ser aproximadamente el 75%-80% del mercado laboral, y una gran flexibilidad en el manejo.

Segundo, los cambios en los plazos de caducidad y prescripción laborales, surgidos del artículo 29 de la Ley de Inversiones, que fue sometido a un intento referendario. Por último, una reforma menor al final del gobierno de Sanguinetti, impulsada por el ministro Brezzo, que fue la posibilidad legal, admitida, del descanso intermedio de una hora mediante acuerdo entre las partes, entre el empleador y el empleado.

Por un lado tenemos una visión dominante de creciente protección de los derechos del trabajador y consecuentemente una mayor rigidización del sistema laboral, proceso que se dio a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, con la dominancia en el aspecto jurídico del principio de lo que se llama "in dubbio pro operario", es decir que en toda controversia la duda favorece al trabajador contra el empleador; a veces es mucho más que la duda.

Sobre el tema hay tres grandes visiones. Hay una visión que podemos llamar liberal extrema, que considera que la laboral debería ser una relación contractual igual a cualquier contrato entre partes, regulada por el Código Civil, sin ningún tipo de régimen especial de protección. Según esta visión, las dos partes estarían en pie de igualdad para contratar y estipular las condiciones que fuere, sin ningún marco creado por la legislación.

Hay otra visión, de las pequeñas y medianas empresas, que consideran que la legislación -sobre todo la forma en que la misma se aplica en el ámbito judicial- las deja extremadamente desprotegidas, en general entienden que la carga de la prueba siempre va en su contra y que por lo tanto el régimen laboral termina siendo estrictamente rígido y complicado para ellas. Consideran que para la pequeña empresa es un alto riesgo contratar personal, lo que opera como un factor restrictivo de la contratación.

Las grandes empresas tienen una idea distinta, la de que una reforma laboral puede resultar innecesaria en la medida en que sus empleados están normalmente sindicalizados y la flexibilización en las condiciones de trabajo se logra por un lado por las condiciones de la propia economía y por otro por acuerdos con los sindicatos.

Aparecen, entonces, sobre la necesidad y el contenido de las reformas laborales, dos ámbitos completamente distintos: el que piden las empresas que tienen sindicatos con los cuales pueden hacer acuerdos y llegar a muchos cambios y flexibilizaciones, y el caso de las empresas pequeñas y medianas, que no tratan con sindicatos, que sienten que para ellas la ley es muy rígida.

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EC - Ya hemos visto los antecedentes y el contexto en el que vinieron a darse los anuncios hechos por el ministro de Economía el miércoles pasado.

OAB - Sí, sobre todo el contexto en el que se plantea la reforma; habría que ver ahora el contexto en el que se hace los anuncios, que están siendo cada vez más importantes.

Surge con bastante claridad que el ministro hace estos anuncios sin que haya habido una discusión política previa con los socios de la coalición, no aparece como el anuncio de un gobierno que tiene mayoría parlamentaria, que consensuó un camino de por sí complicado, que previsiblemente iba a generar rispideces. En segundo lugar, hasta el propio ámbito -con respecto a lo cual ayer se manifestaron muchas molestias desde el Parlamento-: una reforma de esta naturaleza y entidad se hace en un almuerzo empresario y los legisladores, aquellos que deben votarla, se enteran de lo que espera el gobierno por televisión, no porque el ministro haya ido al Parlamento o a los partidos políticos a explicarla.

Hay una tercera cosa que parece importante son los problemas de comunicación y operativa política que viene teniendo desde hace tiempo el gobierno, sobre todo en el área del Ministerio de Economía. Recordemos lo que fue el trámite presupuestal. Se diría que el ministro Bensión eligió el ángulo más irritativo posible para el movimiento sindical en cuanto a la forma en que el ministro Bensión presenta las reformas. Muchos anuncios aparecen mucho más irritativos en la formulación del ministro de lo que podrían serlo en las medidas en sí mismas.

Por ejemplo, el concepto de horario global; este sistema se aplica parcialmente en la Universidad de la República, donde hay personas, sobre todo a nivel de técnicos, que tienen 30 horas semanales de trabajo y las pueden cumplir de distintas maneras; hay quienes las pueden cumplir de corrido y después no trabajar, hay quienes tienen un mínimo de tres horas de lunes a viernes y luego eligen cómo completar las 30 horas. Es considerada una forma mejor de trabajo para el propio funcionario, que va adaptando el horario a sus necesidades y las del trabajo. Presentada de este modo, diciendo que la Universidad tiene ese régimen y que pensamos que el mismo se puede extender a las empresas, es una cosa; presentarla diciendo que se va a eliminar los límites de la jornada y de la semana laboral permite diversas interpretaciones. Juan Manuel Rodríguez preguntaba qué quiere decir esto. ¿Es absolutamente ilimitada la jornada diaria o el horario semanal de trabajo? No queda claro si es una flexibilización del cumplimiento por períodos. Por ejemplo, en el caso de restaurantes donde los mozos pueden trabajar 12 horas diarias viernes, sábados y domingos y prácticamente no tienen necesidad de trabajar martes, miércoles y jueves porque no hay comensales y podría trabajar un solo mozo. Una cosa es presentar este sistema de esta manera y otra es que no haya límite alguno.

El otro aspecto es si estas medidas -referidas a descansos intermedios, al concepto de semana global o sin límite diario semanal, la forma de compensación de las horas extra, los descansos semanales flexibles, la fraccionalización flexible de las licencias, el régimen de ciclos periódicos de trabajo, trimestrales o semestrales- son algo pactado entre la empresa y el empleado cuando éste ingresa, mediante acuerdos colectivos, o si es una imposición libre y variable por parte del empleador. No se dijo una sola palabra sobre esto y quizás sea aquí donde aparecen muchos más elementos irritativos.

Surgen dos grandes problemas. El primero es si son medidas que pueden ser impuestas unilateralmente o si requieren necesariamente el acuerdo de partes, cuándo se formula el mismo y cuándo se puede variar cada uno de esos acuerdos. El segundo problema es qué respaldo político tienen estas medidas tan fuertes. ¿Las respalda toda la coalición de gobierno? Hay indicios de que no es así, ha habido muchas declaraciones -sobre todo por parte del Partido Nacional- manifestando haberse enterado en el momento mismo de los anuncios de la línea política adoptada por el gobierno, que requiere modificación legislativa y por lo tanto tiene que votar. ¿Es una propuesta del partido de gobierno? ¿También está el Foro Batllista comprometido? ¿O es una medida del presidente de la República y el Ministerio de Economía? Notoriamente no ha habido negociación previa o consulta con organizaciones sindicales; da la impresión de que institucionalmente no hubo muchas consultas con organizaciones empresarias. Es decir que se tira el anuncio al ruedo, sin haber abierto el camino político para intentar que el tema, que previsiblemente es conflictivo, surgiera con las mayores posibilidades de consenso y las menores posibilidades de riesgo.

EC - ¿Qué podemos anticipar si miramos hacia delante?

OAB - Fundamentalmente podemos anticipar que va a haber un gran conflicto a nivel sindical, un enfrentamiento con el gobierno sobre este tema. Va a depender mucho de qué capacidad de bloqueo tenga el movimiento sindical -que ha demostrado tener mayor capacidad de bloqueo cuando convoca a paros que cuando convoca a juntar firmas-, de qué capacidad de bloqueo tenga el Frente Amplio, de si decide una oposición frontal a estas propuestas -ha demostrado que su capacidad de bloqueo está disminuyendo, que la estrategia elegida para enfrentar el tema Antel-Ancel la ha debilitado mucho-, y de qué va a pasar cuando sea necesario lograr una mayoría en ambas cámaras para aprobar esta medida, en cuanto parece que tampoco tiene apoyo de la coalición de gobierno.

 

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
junio 29  - 2001