La complicada relación entre el poder político y el Poder Judicial
Entrevista con el politólogo Oscar A. Bottinelli. 

EMILIANO COTELO:

Este miércoles, la Asamblea General, con mayoría de frenteamplistas, blancos y nuevoespacistas, levantó el veto a una disposición que repara a ciertos militares afectados durante la dictadura por la aplicación de la norma conocida como "inciso g". Como respuesta, desde el Edificio Libertad llegó a manejarse la posibilidad de que el presidente de la República recurriera a la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional la ley impuesta por el Parlamento. En estas horas se ha confirmado que finalmente no se utilizará esa herramienta.

A propósito de esta situación, el politólogo Oscar A. Bottinelli, director de Factum, nos propone como análisis político para hoy "La complicada relación entre el poder político y el Poder Judicial".

Oscar: ¿por dónde empieza el análisis de lo que pasó en la Asamblea General?

OSCAR A. BOTTINELLI:

Es un tema que da lugar a múltiples análisis. Por lo pronto hay dos ángulos: uno es el político, que presenta un escenario interesante, por primera vez en este período de gobierno, por un lado el Partido Colorado, que tiene 33 de los 99 diputados y 11 de los 30 senadores, prácticamente un tercio del Parlamento, como un solitario partido de gobierno, y los otros tres casi los dos tercios en un bloque a la vez abrumadoramente mayoritario y opositor. Este escenario no había aparecido a lo largo del año largo que lleva este gobierno. Este es todo un ángulo de análisis, es una foto impactante como un cambio en las relaciones políticas. El viernes pasado analizamos cómo venían cambiando los roles de los actores en el escenario de gobierno, cómo iban cambiando los papeles de los partidos en la coalición de gobierno. Esta votación del miércoles es una fotografía que concluye esas líneas que veníamos detectando.

El otro ángulo de análisis es el diferendo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, que se dirime en el Poder Judicial. Para decirlo más genéricamente, que los diferendos dentro del sistema político -de un poder con otro, entre partidos o entre actores políticos- terminen siendo dirimidos en el plano judicial. Por supuesto que el hecho de que el Poder Ejecutivo y el Parlamento discrepen, que el Poder Ejecutivo por una ley recurra al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia a efectuar un recurso de inconstitucionalidad, requiere un aspecto jurídico de análisis. Es muy obvio decir "ahí está el recurso", tiene derecho a hacerlo, no es un exabrupto que alguien use un derecho que tiene.

EC - A ti te interesa el aspecto político.

OAB - Claro, hay miles de recursos que se pueden usar o no y que políticamente quieren decir cosas distintas. Sin duda se estuvo pensando esto en el Edificio Libertad, las señales que hubo ayer fueron muy consistentes en este sentido. Pero lo segundo es que en el propio debate en la Asamblea General legisladores colorados manejaron insistentemente el argumento de inconstitucionalidad de la disposición que la mayoría de la Asamblea pretendía levantar, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo. Esos legisladores consideraron que el Poder Ejecutivo podría recurrir ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionalidad.

Aquí aparece que nos acostumbró bastante en el período 1995-1998. Ayer hicimos una recapitulación de información de prensa, de análisis nuestros volcados en este espacio sobre todo en los años 1996 y 1997. Era recurrente que las diferencias en el sistema político se dirimieran en la cancha del Poder Judicial. Por un lado estuvieron los temas de denuncias y acusaciones sobre corrupción, algunas de las cuales tuvieron expedientes judiciales, pero hubo muchas denuncias de distintos ángulos, contra distintas personas que no pasaron de ahí y terminaron siendo rápidamente archivadas. Hubo otros episodios, como el caso Nicolini, denuncias realizadas por éste que tampoco han tenido demasiado andamiento, y denuncias contra Nicolini como las que realizan los miembros  del Directorio del Partido Nacional. Denuncias contra el entonces diputado y ex miembro de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, León Morelli, querellas de difamación de un diputado contra otro, de un dirigente político contra otro.

Hubo una reiteración de episodios que tomaron al sistema judicial, en legítimo ejercicio desde el punto de vista jurídico. Los derechos a denunciar y a querellar son derechos que tienen todo ciudadano y toda institución, pero fueron tomados por los actores políticos como forma de batallar entre sí. La denuncia o la querella genera un hecho público, una noticia. Esa noticia es todo un tema político en torno al cual gira el debate político durante unos cuantos días y termina involucrando al Poder Judicial. En unos casos es la Suprema Corte de Justicia y en otros jueces letrados en lo penal. En algunos casos se derivó a los juzgados en lo Contencioso Administrativo, como ocurrió con actores que pretendieron jugar el tema electoral en el Poder Judicial y que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo presentan recursos contra la Corte Electoral, lo que implicaba romper la separación entre Poder Judicial y la Justicia especializada en materia electoral, que es la Justicia Electoral. Fueron todas distintas formas que generaron el fenómeno que ha sido denominado como de judicialización política, es decir cuando al Poder Judicial se le abren las puertas o se lo hace jugar -no quiere decir que sea obligatorio que lo juegue, a veces tiene ganas y a veces no- como un actor político para dirimir conflictos del sistema político.

EC - La judicialización de la política tiene una contracara: la politización de la Justicia.

OAB - Exacto. Esto no es solamente un juego de palabras, es un tema de conceptos de dos caras y dos fenómenos que tiene un camino que se inicia cuando se pretende jugar la lucha y la contienda política en una cancha que en esencia está concebida -sobre todo en regímenes democrático-liberales- como ajena a la política o a la política partidaria. Politización judicial se da cuando los magistrados entran a actuar en el terreno político. Esa actuación en el terreno político se puede dar porque el sistema político jugó en su cancha, porque puso en la cancha de ellos todos los problemas para que actuaran. En el período 1995-1998 tuvimos varios casos de magistrados que en la intervención en temas políticos realizaron comentarios públicos o intervenciones, en un caso se mandó al Partido Nacional y a senadores interrogatorios de neto contenido político, jueces que hacían juicios a dirigentes políticos en función de las causas que tenían en sus manos. Ese protagonismo de los magistrados se vio en Italia con el famoso fenómeno de la Tangentópolis en medio de la cual cae toda la primera República y tres partidos de los más importantes de ese país, se vio en España, se está viendo de alguna manera en la indagatoria judicial a Menem -hay sin duda una participación política del juez Urso, por lo menos una participación mediática muy grande- y la que acabamos de mencionar en el caso uruguayo.

El sistema político tiene el riesgo de no evaluar debidamente, como pasó en el período 1995-1998, riesgos que suponen desvirtuación de un funcionamiento político claro, amenazar con recurrir o recurrir en forma demasiado regular al Poder Judicial para lo que en esencia es dirimir sus diferencias. Eso contamina al sistema político, lo presenta como un sistema limitado, que no tiene la capacidad total de resolver en sí mismo los problemas y necesita un actor ajeno para dirimirlos. Por otro lado, contamina al Poder Judicial, guste o no a los miembros del Poder Judicial -siempre se encuentra gente a la que le gusta que le den estos protagonismos-, entonces también es un factor distorsionante del sistema judicial en sí mismo y de la relación entre el sistema político y el sistema judicial, que además de ser complicada en estos casos pasa a ser entreverada.

EC - En este caso que estamos considerando, que fue el disparador de tu comentario, por lo visto el presidente ha optado por reconocer la vigencia de la ley y no ir al recurso de inconstitucionalidad.

OAB - Sí. En este caso, si el problema se seguía desatando, adquiría otras complicaciones mayores que la del propio sistema judicial. Tiene afectaciones en el plano militar que el presidente hubiera recurrido o no, como lo tuvo el hecho de haber vetado. Lo importante, independientemente del desenlace, es que otra vez apareció el fantasma de estas relaciones complicadas.

 

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
junio 15 - 2001