Las dificultades del referendo sobre Ancel
Entrevista con el politólogo Oscar A. Bottinelli. 

EMILIANO COTELO:

Hace poco más de un mes se lanzó la campaña de recolección de firmas para someter a referendo los dos artículos presupuestales relacionados con Antel, uno de los cuales permite la creación de Ancel SA y la posibilidad de que el 40% del capital accionario de esa empresa sea vendido a particulares. El número de firmas recogidas en este mes y medio supera en poco el 1% del total requerido. A propósito de este tema, el politólogo Oscar A. Bottinelli, director de Factum, nos propone como análisis político para hoy "Las dificultades del referendo sobre Ancel".

Oscar, en primer lugar veamos el punto de partida de esta iniciativa.

OSCAR A. BOTTINELLI:

El punto de partida de decisión y de preocupación política para el gobierno empieza el 18 de febrero. Recordemos que mediante ese instituto medio raro que es el prerreferendo concurrió unilateralmente a dar su adhesión el 21% del padrón electoral, de los habilitados para votar del Registro Cívico Nacional. Esa adhesión se produjo con características especiales: en medio del verano, sin publicidad, sin gran movilización, un prerreferendo contra disposiciones legales que puede calificarse como de baja importancia para el grueso de la opinión pública, en temas que no eran de fácil comprensión y que además generaban interpretaciones contradictorias entre los propios promotores. Si en esas condiciones el 18 de febrero se llegó al 21%, un prerreferendo en una época de mayor actividad en el país, como por ejemplo la primavera, sobre un tema sensible para la opinión pública, como el relacionado con Antel en general y, dentro de Antel, sobre una de sus ramas más dinámicas y exitosas, como la telefonía celular, Ancel, parecería que el 25% es un objetivo alcanzable sin mayor dificultad.

La nueva ley reglamentaria del referendo, que precisamente se estrenó el 18 de febrero, abrió dos caminos posibles. Por un lado el mecanismo que se transitó en ese momento: dentro de los 150 días posteriores a la promulgación de la ley, el 2% de los habilitados -unas 48.000-50.000 personas- se presenta ante la Corte Electoral y pone en marcha el mecanismo de convocatoria al acto votacional al que debe concurrir el 25% por una única vez -esto es lo que creó la nueva ley; antes había dos instancias-. El segundo camino es juntar, durante un año, un 25% de firmas.

El primer camino, que fue el que eligió la comisión promotora, lleva un año de plazo, pero luego lleva casi otro año para la realización del referendo, mientras se verifica las firmas y se convoca, y tiene como elemento importante que los costos y los esfuerzos quedan en la totalidad a cargo de los organizadores.

En 1987, la izquierda, junto con sectores del Partido Nacional, recorrió el camino de juntar un 25% de firmas contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esa izquierda tenía mucho menos peso en la opinión pública del país, a la que se sumaban sectores muy importantes del Partido Nacional, con una estructura militante muy grande, el propio Frente Amplio y el PIT-CNT tenían un nivel movilizatorio muy elevado -aunque menor nivel de convocatoria electoral- tardó un año para llegar justo, realmente no le sobró nada para alcanzar ese 25%. Es un camino que por un lado da mucho más plazo, pero que por otro requiere mucho más esfuerzo.

El segundo camino, el que se había emprendido hasta ahora, tiene la incertidumbre de lo que es estimular a que concurra a votar a la cuarta parte del electorado nacional en un solo día. Pero, como contrapartida, el esfuerzo de los promotores es estrictamente publicitario, ya que los costos organizacionales corren todos por cuenta del Estado, es el Estado el que tiene que montar todo el dispositivo de más de 3.000 mesas distribuidas por todo el país para que la gente vaya a expresar su adhesión a lo largo de todo un día.

Los caminos no son excluyentes, la ley no dice que se deba elegir uno u otro; incluso podría haber dos comisiones, dos grupos diferentes de promotores siguiendo uno u otro camino. Lo crucial es la evaluación de fuerzas que los promotores, básicamente la fuerza política Encuentro Progresista, realizan sobre la posibilidad de llegar a uno u otro camino. Desde  el punto de vista de la evaluación de fuerzas, haber optado por el camino largo de la recolección de firmas dejó siempre la duda de si no había una sobreestimación de la capacidad movilizatoria y militante de la fuerza para llevar adelante un esfuerzo que requiere superar las 600.000 firmas. En esa evaluación quizás hayan estado presentes algunas ideas de algunos grupos políticos que pensaban que con esto lograban uno o dos años de paralización de inversiones en torno a todo lo que implicara reformas del Estado.

Esto deja algunas dudas, porque si la campaña de recolección de firmas se mantiene a niveles magros ya avanzado el año la señal de que el referendo queda lejos y puede ser fácilmente despejado no va a paralizar inversores. La paralización se produce si la recolección de firmas, aunque dure un año, se ve como exitosa, si rápidamente se junta un número de firmas muy elevado que lleve a pensar que si en tan poco tiempo se juntó, por ejemplo, 300.000 firmas, en lo que resta se llega a las 600.000.

EC - Pero la situación actual, con las dificultades que parecen haber surgido para avanzar en la recolección de firmas, ¿qué causas puede tener?

OAB - En principio, no hay un clima de campaña. Una campaña movilizatoria significa, con todos los problemas de una unilateralidad, crear una especie de campaña electoral, estar motivando a la gente a firmar es similar a motivarla a votar, es crear un elemento central para quien la impulse, el Encuentro Progresista-Frente Amplio tendría que estar todos los días hablando de este tema.

En segundo lugar aparecen emisiones de señales contradictorias. Por un lado, el seminario organizado por el Centro de Estudios Estratégicos 1815, que preside el general Seregni. La sola organización de este seminario larga señales en cuanto a que el tema podría no ser tan claro o a que una personalidad histórica como el general Seregni no está en una línea tan clara. Además, el propio Tabaré Vázquez lee un documento no muy claro en cuanto a la fuerza con que se puede valorar el tema de Antel, Ancel y algunas reformas del Estado. Por otra parte, el gobierno está lanzando señales de negociación permanentemente, que quizás tengan mucho más efecto en cuanto a desmotivar la firma que en cuanto a avanzar en una negociación real. El gobierno puede jugar esto con una finalidad estricta de desestimular la campaña de firmas, ¿para qué se va a preocupar en andar juntando firmas o en firmar si esto termina en una negociación? Una negociación que no avanza, que no cuaja, pero que genera el efecto de bajar el impacto de la campaña movilizatoria.

EC - ¿Otras causas?

OAB - Las dificultades se van a ir incrementando porque, salvo que las negociaciones se interrumpan abruptamente, los cuestionadores de la ley van perdiendo poder negociador en la medida en que el cuestionamiento popular a la ley se debilite. Si las firmas avanzan poco, el poder de amenaza -"negocie porque le derogo la ley"- baja. Además, una campaña de esta naturaleza requiere un esfuerzo que es mucho más que un liderazgo de opinión, necesita una estructura militante, un planeamiento operativo que parecería que en este momento no está funcionando fluidamente, o que las fuerzas no alcanzan para esto. Aparecen diferentes fuentes de poder, otra vez aparece la competencia en la izquierda entre lo sindical y lo político, desde los sindicatos hay una búsqueda de preeminencia sobre la fuerza política que en general resta eficacia en la captación de opinión pública. Se observa que la pelea entre lo sindical y lo político también es una forma de lucha de los sectores que pueden tener un mayor peso en el área sindical que en el área política.

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EC - Vamos a las conclusiones.

OAB - Primero, el solo planteo del referendo constituyó en sí mismo un desafío mayor que sólo deja camino a una victoria o a un fracaso. La victoria puede ser que la izquierda logre el freno a la ley mediante una negociación o que logre la convocatoria a referendo. Cualquier opción que implique el fracaso del referendo y la vigencia de la ley es un fracaso.

Segundo, se puede decir que ha habido otras derrotas. Los tres prerreferendos anteriores -de los años 1998 y 1999-, el balotaje, la pérdida de las elecciones municipales en Canelones, Maldonado y Paysandú. Pero estos en principio son de menor impacto desde el punto de vista estratégico que un fracaso en esta instancia, que sería una especie de pérdida del desafío de crear un escenario de balotaje anticipado, una polarización del mismo tipo que el balotaje de 1999 o del próximo 2004. Además, ocurre que en función del estado de opinión pública las posibilidades de que la izquierda pueda ganar ese referendo son mayores una vez que logre llegar al referendo. La gran dificultad para la izquierda, la mayor posibilidad de fracaso, está ahora. Por supuesto que puede ganar o perder habiendo referendo, pero el eje se juega en esta instancia, y es aquí que aparece todo este conjunto de señales que sorprenden por lo que aparece como una mala evaluación de fuerzas o una falta de "echar la carne en el asador".

 

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
junio 1 - 2001