La salida de Pinochet a Chile
Lo que queda después del "affaire Pinochet"
Oscar A.Bottinelli - diálogo con Emiliano Cotelo

EMILIANO COTELO:
¿Por qué vas a analizar el caso Pinochet ahora que de alguna manera se ha cerrado un capítulo? ¿Cuál es la idea?

OSCAR A. BOTTINELLI:
Por un lado, (Augusto) Pinochet regresa a Chile y allí se abre todo un capítulo que en gran medida no sólo tiene que ver con Pinochet sino con la transición chilena, que realmente no ha terminado. Pero por otro lado hay otro capítulo, que ya no tiene que ver con lo que le pase en el futuro al general Pinochet, al juez (Baltasar) Garzón o al ministro (Jack) Straw, no tiene que ver con los jueces y lores británicos ni con las organizaciones de derechos humanos, damnificados o denunciantes u otros países querellantes. Este capítulo no tiene que ver con nada del caso concreto sino con el precedente judicial sentado y toda la discusión de los varios puntos en juego desde el punto de vista jurisdiccional y del Derecho Internacional desatada por el "affaire" Pinochet. Hay un tema que va más allá de Pinochet y de Chile que afecta a todos los países donde han ocurrido -o se presume que han ocurrido, o se han denunciado, con razón o sin ella- violaciones a los derechos humanos en un pasado lo suficientemente reciente como para que queden responsables sobrevivientes. Es decir, donde pueda haber algún reclamo sobre alguna persona física a la cual se acusa o que se presume culpable. Desde este punto de vista, lo que replantea el tema Pinochet implica una enumeración de países lo suficientemente larga si tomamos nota de que todavía hay personas vivas que tuvieron responsabilidad de decisión o de comisión de actos durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos el caso de (Erich) Priebke, el ex comandante de las SS responsable de la matanza de las Fosas Ardeatinas, que todavía está preso en Italia. El tema puede tener repercusiones en distintas latitudes y longitudes. Mucho más recientes que la Segunda Guerra Mundial son los pasados no tan lejanos de España, Portugal o Grecia, donde ha habido fuertes denuncias de violaciones a derechos humanos hasta hace un cuarto de siglo, o los muy poco más recientes del Cono Sur de América, entre los que se encuentra esta República Oriental del Uruguay.

Es decir que no estamos hablando ni de un tema concretísimo vinculado pura y exclusivamente a Chile y Pinochet sino de un tema que por un lado es abstracto, de carácter general, y por otro es concreto en la medida en que toda esta discusión política, judicial y jurisdiccional es muy concreta y esa concreción puede afectar a muchos países, entre ellos al nuestro. De modo que se abre varios campos de análisis.

EC - Vamos a ver esos diferentes ángulos de análisis, ahora que Pinochet está en Chile y se ha cerrado uno de los capítulos de discusión que durante meses dominó no sólo la vida política chilena sino también el debate a nivel internacional.

OAB - El primero de esos ángulos tiene que ver con un tema que apareció muy confuso en toda la discusión del caso Pinochet. El mundo ha ido evolucionando hacia un cierto debilitamiento o cierta pérdida de rigidez en cuanto al concepto de la soberanía irrestricta de los países e ir configurando la idea de la existencia de derechos globales. En el plano jurídico esta idea ha ido evolucionando a través de determinadas formas en que los países van debilitando su soberanía con pactos internacionales por los que van aceptando la obligatoriedad de resoluciones tomadas en el ámbito internacional o creando organismos que todavía son un poco confusos pero que van jugando hacia entidades supranacionales como la Unión Europea o -con mucho menor desarrollo- el Mercosur. O van creando estructuras y derechos de carácter internacional, como el reciente tratado que crea el Tribunal Penal Internacional que todavía no está en funcionamiento, todavía no firmado por países muy importantes, y que hasta ahora ha tenido un bajísimo nivel de ratificación, lo que significa que está lejos de ponerse en marcha.

Esta situación crea un tema que implica la necesidad de no confundir la existencia de derechos internacionales, que se avance hacia tribunales internacionales constituidos por un conjunto de naciones que represente al mundo entero, a una región o a una parte de ella y los juzgamientos o intervenciones de un país en otro, dos cosas completamente distintas. En el caso Pinochet en ningún momento estuvo en juego su sometimiento a ningún Derecho de ningún tribunal internacional, sino que un país como España reclamaba juzgarlo en España por crímenes cometidos en Chile contra españoles.

Este primer tema de análisis es muy importante, porque si no se distingue puede llevar a confusiones muy grandes. Con acierto o error, en Bosnia se intentó un tribunal internacional -más allá de que pudiera discutirse la legitimidad del tribunal o de las penas que se pretendió aplicar, se discutió si no se asemejaba mucho al derecho de un vencedor sobre un vencido y qué aceptación previa había tenido la existencia de esa jurisdicción- creado por los países de la OTAN. En el caso de Pinochet no había ningún tribunal internacional, no hubo ninguna conjunción de naciones que intentara juzgarlo en función de determinados principios o derechos; era un país sobre otro.

Este hecho entra directamente en el otro tema de análisis, el de las jurisdicciones, de los principios territorialidad, de cuándo un delito puede o no ser juzgado fuera del país en que se cometió. Parecería bastante importante esta primera clarificación, porque el desarrollo de este tipo de temas puede llevar a muchas confusiones cuando se cree que el solo hecho de salir de las fronteras internacionaliza el tema, cuando lo que hace es nacionalizarlo en otro país. En este caso se jugó en tres países: por un lado Chile, donde se cometió los delitos, y por otro España -país reclamante- y Gran Bretaña -que estuvo en el medio por ser donde Pinochet fue detenido a pedido de España-, que queda en el medio entre Chile y España, decidiendo si aceptaba el reclamo y lo enviaba a España o lo devolvía a Chile, como finalmente ocurrió. Pero el hecho de que intervinieran estos tres países en ningún momento supuso que se tratase de un tema de tribunales internacionales. Se trató de tribunales de distintos países, intervinieron por un lado tribunales -con la participación de la Cámara de los Lores- y el poder político en el caso británico, la Justicia española y el gobierno chileno como reclamantes políticos, pero no hubo ningún tribunal internacional.

EC - Vamos al segundo capítulo de análisis, que tiene que ver con la jurisdicción.

OAB - La jurisdicción es clave fundamental en todo juzgamiento penal; es decir, quién es el que tiene derecho a juzgar. Este no es sólo un tema de Derecho Internacional; tiene que ver con que un delito que se cometa en Uruguay implica disponer si el que tiene que intervenir en el delito es el juez de Colonia o el de Soriano, según dónde haya sido cometido. Es un principio básico elemental disponer quién es el que juzga. No juzga cualquiera porque se le ocurra. El que juzga tiene que pertenecer a una estructura de carácter judicial, una especialidad penal y un territorio. Esto es mucho más importante cuando se traslada al plano internacional. Modernamente, rige el principio de territorialidad que tiene que ver con el lugar donde se comete el delito, es decir que -con algunas excepciones- el principio básico es que el país que juzga es aquel donde se comete el delito y el Derecho que se aplica es el de ese país. El delito implicado puede ir desde un homicidio hasta una mera punga. El principio es el mismo, la calidad de los delitos no tiene nada que ver.

Pero, por supuesto, hay excepciones al principio de territorialidad, como por ejemplo la falsificación de moneda; en general se admite que sea el país afectado por la moneda falsificada el que tenga derecho a juzgar. También hay muchas excepciones por la vía de convenios bilaterales, como por ejemplo las que ha logrado Estados Unidos con los países en los que tenía bases militares, logrando ser Estados Unidos quien juzgara a los militares residentes en sus bases. Empieza a abrirse otro flanco con la Convención Internacional sobre la Tortura que abre la posibilidad de juzgamiento por parte de otros países.

Cuando se va debilitando el principio de territorialidad y un país puede juzgar a nacionales de otro ya no estamos hablando de cualquier delito sino de violaciones de derechos humanos, que por lo general implican a personas que han tenido un poder fáctico muy importante, que puede ser militar, policial o directamente político. Hubo algún poder que permitió llevar adelante determinadas cosas que no se puede hacer si no se tiene poder. Si hay violaciones de derechos humanos, actos más o menos masivos, es porque hubo un poder importante que se impuso sobre determinado territorio. El tema es si luego, cuando hay reclamos por esas violaciones o cuando se quiere hacer un juicio, todos los países tienen el mismo peso para ejercer esa potestad.

Lo que ocurrió en el caso Pinochet fue muy claro en cuanto a que fue un país que forma parte de lo que podemos llamar el conjunto de países centrales con más peso en el mundo, como es España, el que trató de juzgar lo que ocurrió en Chile. Muchas veces se ha planteado el caso inverso: si, en el caso de que un país africano intentara juzgar por lo que le pasó a un ciudadano de su país o porque tiraron una bomba en ese país al presidente o gobernante de un país europeo o de Estados Unidos, realmente existe ese tipo de reciprocidad, si el desnivel de fuerza, de peso de los países permitiría que ese derecho a juzgar sea recíproco. Y también, si no se está produciendo la posibilidad de un desnivel entre los países estableciendo esa violación o debilitamiento de la territorialidad, que siempre existe pero que se trata de atenuar a través del respeto a determinadas normas internacionales, y los países se acantonen en el principio de no intervención. Esto se vio en las discusiones sobre el tema Pinochet, aunque no tuvo la repercusión que debió haber tenido en la controversia reflejada por la prensa.

En general se dio dos tipos de posturas políticas con respecto al tema Pinochet. Por un lado estuvo la postura humanista representada por las organizaciones de derechos humanos, pidiendo tratar de impedir que continuara la impunidad sobre los grandes violadores de los derechos humanos que deben ser juzgados. Esa postura fue considerada victoriosa por parte de sus impulsores por el hecho de haber tenido a Pinochet detenido durante un año y pico y haber generado que el tema continúe ahora en Chile. La otra postura fue manejada en forma un poco más silenciosa por algunos países -fue manejada incluso por Fidel Castro-; es la postura no intervencionista que sostiene el derecho a que ningún país intervenga, pase lo que pase, en los asuntos internos de otro. Este no intervencionismo fue ligado a posturas anticolonialistas o antiimperialistas que alertaban sobre el hecho de que los países centrales empezaran a intervenir en países de menor porte o peso.

El caso Pinochet desnuda una contradicción entre dos posturas, ambas sostenibles por muchísima gente, de por un lado no querer que países más fuertes tengan más derecho que los demás, y por otro querer que no haya impunidad en materia de derechos humanos. Muchas veces estos dos principios entran en contradicción y se opta por uno en detrimento de otro. Esta situación va a quedar planteada cada vez con más fuerza en la medida en que se internacionaliza la discusión de todos estos temas.

EC - Vamos al último ángulo de análisis, que tiene que ver con el tema político.

OAB - El aspecto político es la consecuencia, es el tema que repercute sobre todo en los países que han hecho transiciones relativamente recientes, en el último cuarto de siglo. Podemos definirlo preguntándonos cuál es el derecho de un Estado o una sociedad a poner fin por sí mismo a un determinado tiempo político, a determinado estadio político o a hacer un proceso de transición de un sistema a otro, también por sí mismo. En otras palabras, cuáles son los límites que tiene un país para usar institutos de Derecho Interno tales como la amnistía, el indulto o la gracia o cómo hace para establecer formas de olvido, de perdón o de borrón y cuenta nueva. Esto no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo en que esto se haga de esta manera ni que estos sean los procesos que realizan todos los países. Se trata de establecer cuál es el derecho que tiene un país si quiere hacerlo.

Las transiciones hacia situaciones democráticas han sido muy diferentes en los distintos países y regiones. No fueron iguales en el Sur de Europa -incluso allí fueron totalmente distintos el de Grecia, el de España y el de Portugal-, no fueron iguales en el Cono Sur, en los países centroamericanos o en Africa, Asia o en la Europa del Este. Cada región -y dentro de cada región cada país- hizo un proceso diferente. En algunos lugares -como Alemania Oriental- se realizó juicios a jerarcas gubernamentales o a personas pertenecientes a organismos del tipo de una Policía política. En otros países no hubo ningún tipo de juicio y en otros hubo casos selectivos.

Cada país hizo la transición a su manera y muchas veces la manera no es un tema solamente de voluntad, de decir yo quiero olvidar o yo no quiero olvidar, sino que es también un tema de posibilidades. Se realiza un camino determinado porque se tiene la posibilidad de hacerlo por el camino "a" y no por el camino "b". Cada país tiene una forma distinta determinada por una realidad distinta. En Grecia, como en Argentina, los militares abandonan el poder porque pierden una guerra externa y esa derrota lleva a un colapso del gobierno interno. En otros países, como Chile, la transición es tan lenta, tan atada, que todavía no ha terminado. También puede haber procesos de conjuntos de países, como en el caso del Medio Oriente, donde hay acusaciones recíprocas de violaciones de derechos humanos, de actos que pueden calificarse como crímenes de guerra de un país contra otro. Sea exclusivamente un proceso interno o sea un proceso externo, la pregunta es si un país -o una región- tiene derecho a cerrar una etapa histórica para abrir otra o si se considera que hay aspectos que la humanidad considera que no pueden ser prescribibles, amnistiables, indultables, olvidables o perdonables y por lo tanto otros terceros, por la nacionalidad de las víctimas o por cualquier otra razón, tienen derecho a intervenir.

Este parecería ser el tema más importante que quedó como saldo hacia adelante del caso Pinochet desde el punto de vista propiamente político -no desde el punto de vista jurídico o humanitario- de los procesos de transición e incluso de pacificación interna de un país o entre varios países donde pueda estar presente la violación de derechos humanos.

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
marzo 13- 2000