La confrontación entre la Policía y el Poder Judicial
OscarA.Bottinelli - diálogo con Emiliano Cotelo

El fin de semana pasado, tanto desde la Policía de Montevideo como desde el propio Ministerio del Interior surgieron voces fuertes en relación a la responsabilidad del Poder Judicial en el combate a la delincuencia. Y el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia replicaba el lunes pasado de manera severa a los dichos del jefe de Policía capitalino y del escribano Guillermo Stirling.

La base del tema es profunda; mucho más profunda: es el crecimiento o la existencia de niveles fuertes en la población de un sentimiento de inseguridad pública, de que hay niveles altos de delincuencia que afectan la vida cotidiana de la gente. Una sensación que tiene mucho más que ver con los robos en casas, de copamientos en casas o comercios, que de los espectaculares asaltos de las "superbandas". En general, la sensación de inseguridad está marcada por

lo que afecta personalmente o puede afectar al común de la gente, sobre todo en el sur del país, en el área metropolitana, en Maldonado.

Hay una insatisfacción de la población, bastante vieja (ha tenido picos más altos y más bajos) tanto con la labor policial como con la de la Justicia Penal. Importa destacar que la población hace una cierta distinción en la imagen del Poder Judicial por un lado y de la Justicia Penal por otro. Pero lo cierto es que hay una base de insatisfacción de la población que motiva la creación de esta especie de cancha de ping -pong en que las dos partes más visibles en el faz represiva del tema se tiran la pelota uno hacia la cancha del otro.

Y surgen visiones enfrentadas. Creo que en el enfrentamiento de estos días, independientemente del contexto y el momento en que surge, lo que hace es emerger visiones contrapuestas, también de larga data, entre la Policía, los funcionarios policiales, la estructura policial y lo que lo rodea, y el Poder Judicial, la estructura judicial y lo que lo rodea.

La visión de la Policía, que no se traduce necesariamente en declaraciones públicas, muchas veces sí se traduce en declaraciones de actores políticos o sociales que salen en defensa de la Policía y usan estos argumentos. Yo diría que es, por un lado, la autopercepción de ser la responsable primera, única, en "el combate al crimen"; considerarse la entidad encargada exclusiva o primordialmente de investigar los delitos, de esclarecerlos y establecer las responsabilidades. Esto se

refleja en un hecho muy común: las crónicas policiales según las cuales "apareció el culpable de tal delito", lo que implica que ya hay un juzgamiento en la etapa policial. Por otro lado, desde esos ámbitos,

existe la percepción de que el Poder Judicial o la Justicia Penal es algo administrativo, burocrático, cuando no directamente permisivo en relación a los acusados de delitos que surgen de investigaciones

policiales.

Y por otro lado, la visión del Poder Judicial. Diría que, al igual que la visión policial, no necesariamente surge de declaraciones públicas de los magistrados ni del Poder Judicial como tal, pero sí muchas veces de los abogados penalistas, de quienes rodean al sistema judicial, o de actores políticos o sociales que lo defienden. Existe también una autopercepción contrapuesta a la anterior en cuanto a quién es el responsable de la Justicia y de la equidad jurídica, según la cual la labor de la policía es auxiliar y que el Poder Judicial es el único encargad de establecer las responsabilidades y de efectuar las investigaciones. Que sí salió públicamente en esta confrontación entre Policía y Ministerio del Interior de un lado, y Poder Judicial, Suprema Corte y abogados penalistas del otro. En estos ámbitos existe la idea de que la Policía no colabora debidamente, que es poco profesional e ineficiente, e incluso (al menos desde algunos ámbitos vinculados a los defensores) la acusación de que la Policía fabrica pruebas.

Repito que no estamos tanto analizando la confrontación de estos días, sino lo que estos días suponen como emergencia de un fenómeno de larga data, de visiones contrapuestas, que llevan a períodos de acercamiento entre el Poder Judicial y Policía - Ministerio del Interior, como se había producido últimamente con un acuerdo de cooperación (que es precisamente lo que reprocha al ministerio el presidente de la Suprema Corte, Raúl Alonso de Marco: el violar el espíritu de ese acuerdo).

Pero en el sistema político se puede decir que existen de larga data alineamientos más o menos automáticos en relación al eje Policía - Poder Judicial. En forma muy consistente, hay sectores políticos defensores de la visión policial: muy claramente el pachequismo original con sus distintas derivaciones, por ejemplo la Cruzada 94; por otro lado el Herrerismo... Uno diría que en general, en buena parte del Partido Colorado y una parte significativa del Partido Nacional, existe un alineamiento que más bien coincide con la visión de la Policía. En la izquierda (tanto en el Encuentro Progresista como en el Nuevo Espacio) predomina una visión más coincidente con la del Poder Judicial. Y estos alineamientos aparecen con bastante fuerza cada vez que existe una idea de confrontación entre Policía y Poder Judicial.

A nivel de la opinión pública diría que el eje quizás es otro. La opinión pública no tiende tanto a alinearse con unos u otros, sino que hay una división (que puede coincidir en algo con la anterior) entre quienes consideran que los delitos, la delincuencia, la inseguridad son problemas que requieren una respuesta represiva, hoy insuficiente, o por otro lado que son un problema esencialmente de causas sociales, y que sólo es posible resolver a través de soluciones de tipo social. Esta es básicamente la visión de la opinión pública, en mitades. No entra tanto en esta confrontación que queda más bien como del mundo de poder o de toma de decisiones.

Lo que podemos llamar la corporación de los abogados tiene en todos los temas, no sólo en el penal, un alineamiento bastante automático con el Poder Judicial en su accionar público, que no necesariamente coincide con las opiniones privadas que uno pueda recoger en una encuesta entre abogados sobre deficiencias del Poder Judicial. Pero hay como un elemento ideológico en la coincidencia con esa visión.

Y hay otro tema para este análisis. Tanto policías como magistrados (no es el caso del ministro del Interior pero sí del resto de los funcionarios policiales, y sí es el caso de la Suprema Corte y de los demás magistrados) están todos comprendidos en el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución, que prohibe a funcionarios policiales y judiciales realizar cualquier tipo de actividad política, pública o privada, con la única excepción del voto. Evidentemente, aquí no se está realizando una actividad política; se está juzgando comportamientos de una u otra institución. Pero cuando funcionarios policiales sujetos a jerarquía hacen consideraciones sobre el funcionamiento de un poder del Estado, y cuando la cabeza de use poder del Estado hace consideraciones sobre el funcionamiento de una rama ministerial de otro de los poderes, no deja de estar en la frontera de incursionar en un posible desborde constitucional. Es un tema que hace ya tiempo tenemos prometido analizar, que es todo el funcionamiento de estas limitaciones a la actividad política, pero que aparentemente aparecen en el borde, ya sea desde el ángulo militar, de directores de entes autónomos, ahora en el caso de policías y magistrados.

Y finalmente tenemos que esta confrontación ocurre en un momento muy particular, en tiempo electoral. Es un tiempo en que están apareciendo confrontaciones o explosiones de diverso tipo, y a veces corresponde también hacer su lectura (cuando se producen a menos de 90 días de las elecciones) en la propia clave electoral que actúa como contexto

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
agosto 12 - 1999