Entre la privacidad y la impunidad
Oscar A.Bottinelli - diálogo con Emiliano Cotelo

EMILIANO COTELO - A partir del trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Representantes sobre licitaciones en la Administración Nacional de Puertos, quedaron sobre la mesa un conjunto de temas que han formado parte del debate sobre estos meses de diciembre y enero, temas que el politólogo Oscar A. Bottinelli examinó el pasado martes. Pero uno de los puntos que aparecía en aquella enumeración, uno de los de mayor relieve que aparecían en esa polémica lateral a partir de la investigadora, el derecho a la investigación y el derecho a la privacidad, quedó para ser desarrollado hoy.

OSCAR A BOTTINELLI - Uno de los grandes temas de debate que surgió en Europa y en Estados Unidos, con el "boom" de la informática, como relanzamiento de un muy viejo debate que abarcó buena parte del siglo XVIII y los períodos de construcción constitucional del siglo XIX tiene que ver con el derecho a lo privado y sus límites, el derecho a la intervención del Estado y a la investigación y sus límites. Este es un tema de una gran relevancia para la sociedad en su conjunto, y es un debate que Uruguay debería replantearse. Lo debatió a principios de siglo o en los períodos en que se encaró las reformas constitucionales con una discusión profunda. Y observábamos que Uruguay hace ya unos cuantos años que está debatiendo poco. Se discute mucho, con mucha fuerza política, con mucha virulencia, pero hay pocos debates calmos, profundos, extensos, y en clave societal más que política. Con más razón parece que no es un tema que pueda debatirse en clave electoral, cuando estamos en el tramo final, a 60 y pocos días de las primeras elecciones de un largo ciclo. Además, cuando este tema aparece muy vinculado a sectores políticos, a personas, a denunciados y a denunciantes, es la peor forma de que pueda discutirse y defender en abstracto una u otra posición.

Mucho más cuando, además, se observa posturas que no se sabe si obedecen a la existencia de los movimientos políticos propios de una campaña electoral o hay giros en posturas político ideológicas que sería muy importante detectar. Pero sin duda hemos observado, a lo largo de esta investigadora, que sectores políticos que tradicionalmente fueron muy duros en cuestionar todo tipo de invasión de la privacidad en materia de las comunicaciones, toda posible injerencia del Estado, en este momento promueven esa investigación en aras de descubrir lo que pueda haber oculto.

Esta discusión adquirió una importancia sustancial en la era de la informática, porque se empezó a observar que lo que antes era una información que el Estado tenía en papeles, en archivos de muy difícil acceso para detectar lo que iba juntando sobre cada individuo o cada ciudadano, mediante las computadoras se podía ordenar y presentar muy rápidamente.

Pero además, Francia fue uno de los países donde se empezó a discutir más tempranamente el peligro de que si se cruzaba la información del Registro Civil, la de la educación, la del seguro social, los registros de correos (muchos países tienen correos eficientes que tienen almacenada la dirección de buena parte o casi todos los individuos del país), los servicios de giros postales a través de los cuales la mayoría de los asalariados cobran sus sueldos, en los que hacen sus depósitos, efectúan sus pagos por débitos… Si se suma toda esta red de computadoras, más la de la policía, los registros policiales clásicos más los de inteligencia policial, se llega a un control del individuo propio de los temores expresados en novelas como "Un mundo feliz", de Huxley, o el "1984" de Orwell.

Aquí surgió entonces todo un debate entre el derecho a la privacidad, por un lado, y el derecho al registro, al conocimiento, a la investigación del Estado. A veces, cuando se discute un tema, no se toma en cuenta que el análisis parcial lleva a una postura, y ambas son contradictorias. Todo el mundo sostiene el derecho a la privacidad, todo el mundo quiere tener la inviolabilidad de las comunicaciones, a hacer en la vida privada lo que se le antoje sin ser fisgoneado ni por los demás ni mucho menos por el Estado. En el otro extremo, se demanda que no puede haber impunidad.

El derecho a la privacidad absoluta lleva a la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas, del correo, de que se sepa quién le escribe a quién, quién llama a quién, qué tiene depositado quién en qué banco… Para garantizar la privacidad se llega al secreto bancario, al secreto de las comunicaciones, al secreto de los registros, a que no se los pueda divulgar. La más absoluta privacidad lleva a problemas como la discusión sobre el secreto bancario en Uruguay o en otros países, ya que la privacidad absoluta lleva a que puedan ser utilizados para refugio del narcotráfico, de dinero proveniente del terrorismo, de ilícitos financieros, o la pérdida de pruebas sobre esa actividad.

Frente al derecho a la privacidad absoluta surge la posición contraria: que una sociedad tiene el derecho a investigar las conductas, las conductas irregulares, ilícitas, contrarias a la ética, e incluso a llevar registros y controles para el propio funcionamiento normal de una sociedad: desde que se cumple con los impuestos, que los ciudadanos tengan ingresos que se correspondan con lo que lícitamente está admitido realizar, e incluso de que el Estado tenga registros para su propio funcionamiento (el más elemental, el registro de las personas que existen).

¿Cuál es, entonces, el límite de los registros del Estado? Cada registro es una invasión de la privacidad. La discusión sobre cuál debe ser el derecho a la privacidad, cuál deber ser el derecho del Estado a investigar lo público, y en consecuencia cuáles son los límites entre lo público y lo privado, ahí radica el debate de la sociedad. Aquí surgió una discusión muy sesgada desde el ángulo jurídico: qué dice al artículo 28 de la Constitución. Pero la sociedad, mucho más allá de esa norma, debe debatir qué es lo que quiere. Incluso, si el artículo 28 le resulta demasiado restrictivo o demasiado insuficiente, cambiarlo. ¿Cuál es el nivel de secreto que quiere en las comunicaciones? ¿Qué sean absolutamente secretas todas las comunicaciones de la gente pero que se pueda registrar y hacer público quién llama a quién, quién le envía una carta a quién, o que también esto sea secreto? Más allá de lo que se está investigando ahora, y más allá de la terminal de contenedores, es un tema estratégico para la sociedad. Los registros de educación de una persona ¿son públicos, cualquiera los puede pedir, o deben ser algo que cualquiera maneja por sí mismo? ¿Los laborales, los de salud, los de seguridad social…? Incluso ahora está apareciendo lateralmente la discusión sobre los registros de inteligencia policial.

Todos estos son los temas que una sociedad debe debatir, porque no hay una posición única: hay una gama de matices muy amplia, y esa gama tiene mucho que ver con la forma en que cada uno ve la organización de la sociedad, con los valores que uno cree que deben prevalecer en una sociedad: hay un valor de defensa del Estado por un lado, hay un valor de defensa de la sociedad por un lado, pero hay un valor de defensa del individuo y de la privacidad por el otro.

Componer estos dos valores diferentes es uno de los elementos más difíciles que se da en la búsqueda de una solución. Y este es uno de los grandes debates que apareció muy lateralmente, muy ligado a hechos puntuales, o a lo sumo en un contexto de discusión jurídica, y que parecería que es uno de los grandes debates que la sociedad uruguaya se está debiendo.

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
febrero 9 - 1999