La fuga de cargos políticos o el fin del tiempo de gobierno
Oscar A. Bottinelli

En el mes de marzo renunció el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Ruben Díaz, para incorporarse a la Cámara de Representantes y dedicarse a la actividad política. Para el próximo 31 se anuncia la renuncia del presidente de Antel Ricardo Lombardo, también para dedicarse a la actividad política, en calidad de aspirante a la precandidatura presidencial del Foro Batllista. Y para el 31 de octubre una apreciable cantidad de directores de entes autónomos abandonarán su cargo por exigencia constitucional, para poder ser candidatos al Parlamento.

Anteriormente ya operaba el impedimento constitucional del numeral 4º del artículo 77 de la Constitución, que establece una serie de limitaciones a los directores de entes autónomos , de servicios descentralizados y de empresas del Estado, para realizar actividad política. Para ser candidatos a diputados o a senadores, por otra disposición constitucional, debían ya renunciar un año antes de las elecciones.

Las empresas del Estado y los entes autónomos fueron creciendo en importancia en el país. Uno diría que, en un escalafón de importancia política, en los últimos años fue cambiando la perspectiva de los cargos en los entes autónomos -que tradicionalmente habían sido vistos como inferiores a los del Parlamento: para técnicos, para quienes no estaban en carrera política, o para quienes no lograban acceder a cargos electivos-, las empresas del Estado fueron adquiriendo una importancia mayor, y particularmente la presidencia de las empresas, al punto que de allí comienzan a surgir candidatos o aspirantes a la candidatura presidencial. El primer caso y más notorio fue el de Alberto Volonté, quien en el período pasado saltó de la presidencia de UTE.

Ahora empieza a darse un fenómeno asociado a esta anticipación del tiempo electoral, que se generó prácticamente apenas aprobada la reforma constitucional. En este período, Uruguay entró en tiempos electorales muchísimo antes de lo habitual, no sólo porque tenemos elecciones antes (en lugar de ser en noviembre, las primeras elecciones son en abril), sino porque las nuevas reglas, los escenarios desconocidos, generaron un marco de incertidumbre, de nerviosismo, que anticipó prácticamente en un año más todavía la campaña electoral. Pero junto a esto se fue generando otro hecho, que es empezar a ver, de parte de muchos actores, como desleal o desventajoso para la competencia política que quienes aspiran a determinados cargos siguieran ocupando puestos ejecutivos o de conducción partidaria. Yo diría que esto es bastante nuevo en el país: prácticamente el único cargo que -fuera de exigencias constitucionales- se consideró como no conveniente para un candidato de primera línea era el Ministerio del Interior, y en muchos casos se buscó que fuera una figura más bien neutra, de poco relieve político (generalmente de gran relieve intelectual), pero también se dieron casos como el del doctor Nicolás Storace Arrosa, que en unas elecciones fue candidato en una fórmula presidencial y al mismo tiempo ministro del Interior.

Lo cierto es que esto -limitaciones políticas por un lado, visiones sobre estar en un cargo ejecutivo y competir en candidaturas presidenciales por otro- determinó esto que estamos llamando "fuga anticipada de los cargos políticos". Comenzó por una razón un poco distinta: el presidente del Puerto, Ruben Díaz, una figura de gran vocación política, que se sentía muy atada en un grupo político que estaba necesitando, detrás de Millor, una figura de fuerte peso político que operara sobre todo en el plano parlamentario, y determinó su renuncia anticipada al cargo para incorporarse a una banca en la Cámara de Diputados, a la que políticamente se ve como menor, es decir que la vocación política privó sobre la jerarquía del cargo y llevó a esta primera renuncia.

Ahora se anuncia la del presidente de ANTEL, Ricardo Lombardo, para competir en esta elección interna de un colegio elector del Foro Batllista. Una renuncia que no tiene ninguna exigencia constitucional, y que en principio tendría como único motivo poder lanzarse abiertamente a una campaña electoral interna con vistas a esa primera nominación, que en principio sería en setiembre.

Pero en octubre viene un número impresionante de renuncias. Hay organismos públicos en los que, de los cinco directores originales, ya ha renunciado alguno y se piensa que lo harán otros tres en octubre, es decir que prácticamente cambiaría el directorio íntegramente. Se anuncia que algunos cargos de confianza también van a renunciar: en principio, y en el correr de los próximos dos meses, todos los cargos del Ministerio de Educación y Cultura que corresponden al grupo que originalmente fue "Reafirmación 99" y hoy se llama "Apertura", la última disidencia de la lista 99 que sigue al ministro Lichtensztejn (el propio ministro, la presidencia del Correo y otros).

Esto lleva a algo que parece preocupante, el agotamiento del período útil de gobierno. Esto, acentuado por los ingredientes que acabamos de mencionar (entre marzo, julio y octubre se produce esta fuga, algunos porque tienen impedimentos constitucionales, otros por razones de visión partidaria sobre la conveniencia o inconveniencia de que sigan ocupando cargos ejecutivos) es algo que advertimos como uno de los efectos que podía causar la reforma constitucional: que para diciembre el gobierno tenga un cambio de elenco en muchísimos puestos, incluyendo el nivel ministerial, lo que supondría que el elenco que gobernó el grueso del período no sea el mismo en su totalidad del que va a transcurrir desde entonces hasta la transmisión del mando, el 1º de marzo del año 2000. Queda muy fuertemente marcado un tiempo útil de gobierno de tres años y medio, y un largo tiempo electoral de bastante más de un año y medio. Esto parecería ser un efecto de la reforma constitucional por un lado, y de ciertas visiones y prácticas políticas que habría que estudiar muy profundamente, porque estos cortes, esta división en dos grandes períodos del tiempo de gobierno, parece un poco extraño en el funcionamiento normal de los países.

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
julio 02 - 1998