Cerro Largo, política y justicia
Oscar A. Bottinelli

Los oyentes de En Perspectiva habrán escuchado ayer la entrevista al intendente Villanueva Saravia, sobre un episodio relacionado con una denuncia penal de difamación e injurias contra dicho intendente. Esto replantea un viejo tema que habíamos tratado en algunas oportunidades aquí, que tiene que ver con el tema de la relación política-Poder Judicial.

En estos dos años y medio, en este período de gobierno, ha habido una recurrencia de actores políticos -dirigentes personales de partidos políticos o de instituciones- remitiendo al Poder Judicial acusaciones contra otros dirigentes políticos o personas ligadas al mundo político con connotaciones políticas en una cantidad que podemos decir que es realmente inusual. No sé, si uno hace una contabilidad, si por ejemplo en 20 o 30 años no fue la misma cantidad que en estos dos años y medio.

Y por otro lado ha habido la contrapartida de actitudes de magistrados judiciales que llegaron en algún caso a planteos formales del Directorio del Partido Nacional o de la Cámara de Senadores por unanimidad, por entender que esos magistrados habían hecho incursiones claramente políticas en sus indagaciones o en sus manifestaciones públicas.

Sobre este tema tenemos lo siguiente. En primer lugar, el tema del intendente; los intendentes no tienen inmunidades, como sí tienen los legisladores.

EMILIANO COTELO:
No tienen fueros.

O.A.B. - Sí, también se llaman inmunidades. Es decir, el legislador no puede ser citado a una dependencia judicial penal, no puede ser indagado y además no es responsable por sus dichos -responsable desde el punto de vista jurídico-, no puede ser demandado ni civil ni penalmente por lo que haya dicho. Los intendentes no tienen esta protección; pertenecen a un conjunto de cargos representativos, electivos o no, que carecen de esto, pero como contrapartida tienen como única forma de ser removidos del cargo el instituto del juicio político. Como define el doctor Lavandera, "juicio político por delitos". Y el juicio político por delitos en este caso sólo se puede realizar mediante acusación de un tercio de la Junta Departamental, y luego juzga el Senado, como en cualquier juicio político. El mecanismo se pone en marcha por el artículo 296 de la Constitución y luego funciona en el ámbito senaturial en función de los artículos 93, 102 y 103. La Cámara de Senadores puede separar de los cargos a los acusados en caso de que los considere culpables o de que considere que es válida la acusación; los acusados además pueden quedar sujetos a la justicia conforme a la ley, como dice la Constitución.

E.C. - ¿Eso quiere decir que el intendente no puede ser juzgado en el ámbito penal si no se pasa antes por ese trámite del juicio político?

O.A.B. - Acá hay un tema jurídico -exactamente no es el mío- y un tema de funcionamiento de instituciones. Desde el punto de vista jurídico, tengo entendido que no está impedido de ser juzgado; ése solamente es el caso de los legisladores. Vamos a suponer que esto derivara en un procesamiento con prisión y terminara en una prisión con pena de penitenciaría; eso deriva en la pérdida de la ciudadanía. Y la pérdida de la ciudadanía tiene que decretarla la Corte Electoral, pero por otro lado la única que puede desinvestir al intendente es la Cámara de Senadores.

Jurídicamente podrá resolverse, siempre hay mecanismos en los cuales se contiende y un órgano que resuelve, pero desde el punto de vista político estas cosas llevan a rispideces y chispazos en las relaciones entre el sistema político y el sistema judicial.

Que los intendentes no tienen fueros no sólo es una forma teórica; vamos a contar una anécdota, aunque no tiene que ver con el sistema judicial. En 1967, el jefe de Policía de Artigas -también en la frontera-, Ariel Riani, caudillo pachequista que había perdido la disputa de la Intendencia con el caudillo quincista Atilio Ferrandiz, aplicó un decreto del Poder Ejecutivo sobre contralor de uso de autos oficiales. El intendente iba en su auto, en el auto número uno de Artigas, y el jefe de Policía lo mandó detener y lo llevó preso. Primero, era un problema entre el Poder Ejecutivo y el intendente; en segundo lugar, terminó con una interpelación con el ministro brindando explicaciones, y casi cae el ministro del Interior. Fue un tema típicamente político, porque no es que el ministro del Interior cayera porque había sido absolutamente ilegítimo detener a un intendente, como detener a un legislador, sencillamente porque había sido un acto que tenía una connotación política del uso de la fuerza policial impresionante.

Entonces, el primer problema que tenemos acá jurídicamente tendrá sus soluciones; los jueces toman determinadas resoluciones que pueden ser apeladas en los tribunales de apelaciones. Podría entenderse por alguien que hay una contienda entre la Intendencia y el Poder Judicial. Hay mecanismos; la parte jurídica tiene sus vericuetos, que pueden caminar siempre en un sentido y otro.

E.C. - Que parten de una redacción de la Constitución que no es clara.

O.A.B. - Lo que ocurre es que la Constitución establece mecanismos que no perfecciona, deja una serie de vacíos que por supuesto pueden ser interpretados como toda norma jurídica, pero lo que me importa es que deja lugar a que puedan producirse enfrentamientos entre el Poder Judicial y la Intendencia o el poder político en general.

El segundo aspecto tiene que ver con esto y con otros temas: hay distintos tipos de denuncias o de intervenciones del Poder Judicial que han sido originadas en el poder político. Uno es el que tiene que ver con investigaciones -caso Banco Pan de Azúcar, caso Focoex- en que se está denunciando la comisión de delitos comunes, delitos donde se está diciendo que se estafa al Estado, que alguien se lleva dinero. Quiero ser muy claro: yo no estoy diciendo que haya ocurrido, estoy diciendo que se está acusando de eso. Ante ese tipo de acusaciones, si existen pruebas suficientes interviene el Poder Judicial. Si las pruebas no son suficientes las descarta, si son suficientes procesa, si las considera más o menos indaga. Es un procedimiento judicial exactamente igual que si estuviéramos hablando de un problema entre particulares o si en lugar de hablarse de figuras con connotación política se estuviera hablando de un auxiliar del Banco de Previsión Social o de un cajero del Banco de Seguros.

E.C. - Ese es un primer grupo de denuncias que se han presentado en los tribunales desde el poder político, un primer grupo en esta relación que se ha vuelto tan tensa en los últimos tiempos entre política y Justicia. Son denuncias que tienen que ver con delitos comunes.

O.A.B. - Exacto; delitos claramente comunes.

E.C. - Y después hay otro grupo…

O.A.B. - Tenemos otro grupo.

E.C. - …que es el de las denuncias de difamación e injurias.

O.A.B. - Ha habido una cantidad impresionante de denuncias de difamación e injurias, y acá lo curioso es que las víctimas y victimarios son los mismos. Es decir, el Partido Nacional ha protestado por denuncias que se realizan y por el uso del Poder Judicial con fines políticos. Presentó oficialmente entre el Directorio y los miembros del Directorio casi una veintena de juicios simultáneos contra un legislador. El propio intendente Villanueva Saravia, que aquí aparecería como víctima de un uso del Poder Judicial con intencionalidad política, según él denuncia, también inicia un juicio por difamación e injurias contra un edil. Lo mismo ha ocurrido a nivel del Frente Amplio; personas que han sido víctimas del uso de instituciones o institutos o acusados de difamación e injurias también han puesto en marcha estos mecanismos.

E.C. - En los últimos días diría que en cada jornada aparece una denuncia nueva de estas características.

O.A.B. - Yo he tratado de hacer la nómina de denuncias presentadas y es impresionante, por eso digo que creo que es la misma cantidad que debe haber habido en los últimos 30, 40 o 50 años del país.

El tema es el siguiente: en qué puede diferenciarse la difamación e injuria de los otros delitos y cuál es el tema en relación a la actividad política.

Por supuesto que existe el delito de difamación; nadie va a negarlo, existen responsabilidades y hay daños y perjuicios. Pero una cosa es que estemos hablando de que un dirigente político acusa a otro de actos claramente referidos a su vida privada, en cuyo caso no hay duda de que estaríamos en presencia de una difamación, sobre todo -y creo que también es importante la distinción porque las cosas hay que analizarlas siempre en su contexto- en un país en que la vida privada de las figuras públicas es muy privada.

E.C. - A diferencia de otros.

O.A.B. - A diferencia de Argentina, para no ir muy lejos. En un país donde los dirigentes políticos son parte de un jet-set y carecen de vida privada y poco menos que hacen desfiles de modas, bueno, no tienen vida privada porque ellos mismos han decidido tener una vida pública de lo íntimo. En el caso uruguayo, la frontera entre lo público y lo privado está muy establecida y hay una especie de código tácito de que nadie invade la privacidad de ningún hombre público. Entonces, si alguien difama en relación a la vida privada claramente sí estaríamos viendo delitos que exceden y escapan a lo político y son claramente judiciales.

Pero acá, en general, de lo que estamos hablando todos es de acusaciones -no importa que las acusaciones sean de que alguien está cometiendo delitos- que tienen que ver directa o indirectamente con el cumplimiento de la actividad pública, estatal, gubernativa o política, y esto ha sido normal en el país. Luis Alberto de Herrera habría sido procesado, preso de por vida por las campañas electorales particularmente, las que realizara en 1958 y 1946, donde en la campaña electoral trataba al gobierno de ladrón. Y eso es entendido como un juego político; a algunos puede parecerles un exceso y a otros no. Pero justamente, la que juzga en ese caso votando o dejando de votar, otorgando credibilidad y no otorgándola, es la gente. La gente se puede equivocar, ésa es la esencia de la democracia, que la gente se equivoque y que no haya quién juzgue si la gente se equivoca o no se equivoca. Pero si lo que es la controversia política, por más dura que fuere, se va a trasladar permanentemente al Poder Judicial, entonces se está cambiando la naturaleza de la función del Poder Judicial. Ya no estoy entrando en el aspecto práctico, que es decir: "¿Y los jueces tienen tiempo suficiente para ocuparse de todas estas denuncias además del funcionamiento normal?".

E.C. - En ese plano es obvio que con esta andanada de denuncias se le está complicando la vida de una forma espectacular al Poder Judicial, ¿no?

O.A.B. - Casi habría que crear una Justicia especializada, una especie de tribunal arbitral por denuncia de difamación e injurias de dirigentes políticos. Pero además, el tema es que cada vez más el poder político pretende -no digo todo ni la mayoría, pero hay muchos actores y algunos relevantes del poder político- dirimir las diferencias políticas en el terreno judicial.

E.C. - Muchas veces, creo, en el pasado este tipo de episodios terminaban en un reto a duelo, en todo caso.

O.A.B. - Antes de la ley de duelo y durante la ley Ramírez del año 20 hasta que fue derogada, hace poco esto generalmente terminaba en un reto a duelo o algunos se agarraban a trompadas o sencillamente se quitaban el saludo, según qué instrumentos considerara cada uno.

E.C. - Ahora, en lugar de todo eso se va al juzgado y se presenta una denuncia.

O.A.B. - Pero se va al juzgado varias veces por día, ¿no? Es un recurrir. Y esto trae como contrapartida -no digo que sea la causa, solamente, es un proceso de retroalimentación- que luego empiezan los jueces, en un fenómeno que no es uruguayo, que tiene ramificaciones en el exterior, que fue muy fuerte en Italia y que precisamente toda la reforma política está tratando de corregir, que luego empieza en muchos jueces a surgir la idea de que ellos son los árbitros del poder político o como apareció en una resolución que fue rápidamente cuestionada por la Suprema Corte de Justicia, el sentirse la conciencia moral de la Nación o la conciencia moral del pueblo o los tutores morales de un sistema político. Estos riesgos existen. Pero el poder político no puede herirse por lo que haga el Poder Judicial si en el fondo está diciendo que el Poder Judicial va a ser el árbitro creciente de disputas que ocurran entre dirigentes políticos en función de temas políticos o temas relacionados con la administración que ha realizado uno o que ha realizado otro.

En resumen: lo que Cerro Largo plantea es, por un lado, un problema importante, los riesgos que suponen estas situaciones desde el punto de vista de generar roces entre el funcionamiento judicial y el funcionamiento político del Estado, porque esta cadena de darse que un intendente no vaya, que un juez pueda aplicar las normas que corresponden a un desacato… Se entra en una cadena, que puede ser explosiva. Estas cosas conviene desactivarlas antes. Ese es un riesgo que venía latente y ahora queda claramente planteado a partir de este continuo recurrir al Poder Judicial de parte de actores políticos.

Y lo segundo es el tema de ir generando una nueva función del Poder Judicial que se ha visto en otros países, que termina siendo peligrosa para la estabilidad de los funcionamientos institucionales porque termina habilitando actividades casi políticas de los propios jueces. En algunos casos, los propios jueces podrán equivocarse, pero en otros casos los están obligando a que participen desde el punto de vista judicial en controversias que son de naturaleza casi 100% política o por lo menos con una base política fenomenal.

Esto es lo que plantea el tema Cerro Largo, política y Justicia, que es darle quizás mayor claridad y mayor firmeza y notoriedad a un tema que desde hace dos años va teniendo una serie de episodios que son realmente significativos y novedosos en el país.

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
octubre 9 - 1997