La suspensión del diputado Nicolini
Oscar A. Bottinelli - diálogo con Jorge García Ramón

JORGE GARCIA RAMON:
Días pasados se produjo un hecho político relevante: la culminación del juicio político contra el diputado frenteamplista Leonardo Nicolini, que finalizó en la decisión del Senado de suspenderlo en sus funciones por el término de seis meses.

El tema seguirá dando que hablar, seguramente. El Frente Amplio se dispone a iniciar una campaña de denuncia por todo el país. Y la sanción del Senado es el tema del análisis a cargo del politólogo Oscar Bottinelli, quien se encuentra en línea ahora.


OSCAR BOTTINELLI:
El tema puede analizarse desde varios puntos de vista, sobre todo desde dos. Uno es el tema de lo ocurrido en cuanto a la conducta del diputado Nicolini, los hechos que él protagonizó, la actitud de los otros partidos políticos, particularmente el Partido Colorado y el Partido Nacional. Es decir, un ángulo de análisis es el tema de las conductas parlamentarias de una y otra parte. El otro tema es el que tiene que ver con la suspensión de un legislador, no importa si fue el diputado Nicolini.

Entonces vamos a analizar primero el tema muy globalmente. Esto está vinculado a lo que se puede denominar el tema de la investidura parlamentaria y de los fueros parlamentarios. ¿De qué estamos hablando? En el caso uruguayo hay, en la Cámara de Diputados, desde la Constitución del 18, representación proporcional integral, es decir que más o menos los diputados expresan en forma matemáticamente lo más proporcional posible todo el abanico de ideas, intereses y valores en que se forma o se matiza toda una sociedad. En forma muy grosera se puede decir que 20.000 personas se ven reflejadas en la opinión, la actitud y la forma de manejarse de un diputado. Y en una proporción mucho menor -alrededor de 66.000 personas-, se ven representadas por cada senador.

Este abanico político que representan, la necesidad de que cada legislador pueda expresar las opiniones, esos intereses y esos valores, lleva a que la investidura parlamentaria esté asociada a la representatividad ciudadana o a la representatividad popular.

Cuando se protege a un legislador que tiene fueros, que se considera que no es responsable de sus dichos, no se quiere decir que cualquiera pueda ser un irresponsable, sino que se está hablando desde un punto de vista civil y jurídico penal. Los legisladores no pueden ser demandados civil ni penalmente por los dichos que realizan en el cumplimiento de sus funciones.

Todo esto busca proteger esa independencia de un legislador, no porque sea Fulano de Tal, sino porque está invistiendo una representación de una porción determinada de la ciudadanía. Entonces, al establecer fueros, privilegios, desde este punto de vista lo que se busca es garantizar el ejercicio de esa representación. Esta es una cara del instituto.

La otra cara es que un legislador, independientemente de la representatividad que inviste, puede excederse en su conducta. Desde ese punto de vista, la Constitución prevé dos caminos ante esa eventualidad. Un caso es el de la comisión de delitos contra la Constitución u otros delitos graves. Este texto que se incorpora en la Constitución del 52 está sustituyendo al texto anterior, que mencionaba básicamente dos áreas de delitos: lo que podemos llamar graves delitos políticos contra la Constitución, traición a la Patria, etcétera, y los delitos de carácter ético relacionados con la función (concusión, soborno, conducta de coima o algo por el estilo). Este es el juicio político.

El juicio político es un juicio en que la Cámara de Diputados se transforma en fiscal o en acusador, y la Cámara de Senadores en juez, y como juez puede determinar la separación del cargo de la persona acusada, en el caso de que la considere culpable.

El otro instituto es el del artículo 115, en que cada Cámara es una especie de juez de sus miembros. Es el caso de delitos -acá en un sentido mucho más genérico-, de desarreglos de conducta o de actos personales que lo hagan incompatible con la función de legislador.

Las Cámaras en general tienen que buscar un equilibrio entre ejercer estas potestades éticas o jurídicas y no violentar la representatividad popular. Por eso es que a lo largo del siglo tenemos muy pocos antecedentes de aplicación de uno u otro caso en relación a legisladores.

Yendo de atrás para adelante, veamos cómo han tenido un fuerte contenido político los casos en que se ha aplicado esto. El siglo comienza con la expulsión de varios legisladores por aplicación del artículo 115, en 1904. Estamos hablando de la revolución de Aparicio Saravia, los expulsados son blancos y la causa es haberse incorporado a la revolución blanca, que desde el punto de vista estrictamente técnico constitucional implicaba atentar contra la Constitución de la República, por lo menos en el plano formal.

Luego tenemos unos casos muy claros en los años 30, desde el punto de vista no político, que es un conjunto de legisladores acusados de delitos directamente éticos, de corrupción en el ejercicio de la función de legislador, que culmina con la renuncia de uno y con la separación del cargo de otro.

En 1942 hubo un caso muy sonado de un diputado colorado independiente, de apellido Kayel, que era abiertamente pronazi, que dirigía un diario llamado "Libertad" y que fue separado del cargo en función de lo escrito en el diario. Ese fue un hecho claramente político y ocurrió en función de una actitud de prensa.

Luego ya tenemos que ir a 1972, cuando se aplicó el artículo 115 a un diputado frenteamplista suplente, Washington Leonel Ferrer, que fue acusado de un delito que en ese momento pasaba a la intervención de la Justicia militar, como era la colaboración con organizaciones subversivas; ésa fue la acusación.

Y en 1986 tenemos también la aplicación del artículo 115 en el Senado, que determina la separación del senador frenteamplista José Germán Araújo, en este caso por esta acusación genérica (no hubo una articulación precisa de cargos), por incitar a actos, a motines callejeros contra otro miembro de la Cámara de Senadores o genéricamente.

Y finalmente llegamos al diputado Nicolini.

El tema es muy largo y vamos a continuarlo el jueves que viene. Pero mencionemos lo siguiente. En 1973, a pedido de la Justicia militar, se inició un proceso de juicio político contra el senador Enrique Erro, con acusación de delitos vinculados a actividades subversivas. La acusación fue votada por la Cámara de Senadores, en aplicación del artículo 115, por el desafuero que dio la propia Cámara. Y al no obtenerse los votos, se fue a la Cámara de Diputados para iniciar el juicio político. Este fue el último acto parlamentario que hubo en Uruguay antes de la interrupción institucional, cuando la Cámara de Diputados, un día jueves, votó negativamente, por un voto de diferencia -fue 50 a 49 la votación- y rechazó iniciarle juicio político al senador Erro.

¿Por qué se trae a colación esto? Por un lado, porque es uno de los antecedentes importantes que hubo. Por otro, porque allí ocurrió algo parecido a este caso, en que se ensaya un camino y luego otro. En aquel caso ambos quedaron bloqueados. Era una situación distinta del país y un tema totalmente distinto. Aquí, primero se ensayó el artículo 115, no llegó a plantearse, no llegó a tener trámite parlamentario, fue manejado periodísticamente. Es decir que la propia Cámara de Diputados, dado que el Nuevo Espacio no acompañaba y por lo tanto no se llegaba en Diputados a los dos tercios, fue por el camino del juicio político, que requería simple mayoría en la Cámara para iniciar la acusación y dos tercios en el Senado para hacer la suspensión, mayorías a las que sí llegaban el Partido Colorado y el Partido Nacional juntos, que fue lo que ocurrió.

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio Análisis Político
Marzo 27 - 1997