Denuncias sobre actos de corrupción
Oscar A. Bottinelli - diálogo con Emiliano Cotelo

EMILIANO COTELO:
Como todos los viernes a media mañana "En Perspectiva", vamos a iniciar nuestro habitual contacto con el politólogo Oscar Bottinelli. Aunque hoy vamos a modificar lo que en principio habíamos anunciado la semana pasada que iba a ser el tema del espacio "La opinión pública" este viernes 21 de junio. Vamos a modificarlo en función de los acontecimientos de pública notoriedad.


OSCAR BOTTINELLI:
Quiero aclarar que el tema de la enseñanza es muy importante y que ha sido postergado dos viernes consecutivos por temas de golpeante actualidad: uno fue el desempeño de Mariano Arana, ahora son las denuncias sobre corrupción. El tema de la enseñanza es muy importante, sigue teniendo actualidad permanente, y esperemos tratarlo el próximo viernes.


EC - Da la sensación, tenemos la impresión, de que hoy no habría en los oyentes demasiado entusiasmo por escuchar -hoy, repito- una encuesta que tuviera que ver con temas educativos, por eso hacemos ese traslado.
Vamos a tratar de concentrarnos, también desde el punto de vista de la opinión pública, pero enfocando otros aspectos por la vía del análisis en esto que nos ha inundado esta semana y que se ha convertido en un factor de conmoción en el ambiente político.


OB - Veamos primero algunos elementos. En primer lugar, lo que voy a decir no es nuevo: fue difundido aquí en este espacio de "La opinión pública" el último trimestre del año pasado, cuando ya habían empezado a sonar los ruidos especialmente en torno al Banco Pan de Azúcar. ¿Qué percepción tiene la sociedad uruguaya sobre el nivel de corrupción política y de administración estatal en el Uruguay? El 54% considera que es alta o muy alta; baja o muy baja el 16%; intermedia, ni alta ni baja, el 18% y no opina solamente el 12%. Tenemos un saldo de más 38%. El saldo es más 24% entre votantes colorados y blancos; más 38% en votantes nuevospacistas y más 57% en votantes frenteamplistas. El resumen es muy claro, hay una percepción de una corrupción elevada en el Uruguay. En segundo lugar, cuando se busca un elemento comparativo -con Argentina- considera que es más grande la corrupción en el Uruguay que en Argentina el 48% y tiene una percepción inversa el 16%.
Manejemos otro elemento. Hay una consultora internacional que ha elaborado uno de estos últimos índices (hay en estos momentos en el mundo una explosión de índices de distintas cosas: de Desarrollo Humano, de Calidad de Vida...) el Indice de Corrupción de los Países. Tomando en cuenta entrevistas a empresarios, inversores y otra serie de elementos, ranquea 180 y pico de países. Aparece en primer lugar, como el país más corrupto del mundo, Indonesia; y como el país menos corrupto del mundo Nueva Zelandia. Entre los diez países más corruptos del mundo -según este índice elaborado en Europa- están México, Italia y Brasil, para hablar de países con los cuales tenemos mayor nivel de información y más proximidad en muchos aspectos. En el 25% de países más corruptos entra también Argentina. En el 20% de países menos corruptos del mundo aparece Uruguay, con mucho menor nivel de corrupción que España, por ejemplo.
¿Cómo se atan estos dos rabos? Una sociedad que dice que la corrupción en Uruguay es alta, la mayoría absoluta considera que es alta, y no es que la mitad dice que sí y la mitad que no: la mitad dice que sí y después aparece un montón que más o menos, que no opina y sólo la sexta parte dice que es baja. ¿Cómo se ata esto con que está en el 20% de los países menos corruptos del mundo? Es que los temas son relativos. El ranking, este índice elaborado en Europa, lo que hace es ordenar los países de mayor o menor corrupción, sin establecer idea de qué es corrupción y cuál no la es. No establece un valor ideal para saber si un país está por encima o por debajo de ese valor ideal de moralidad. En cambio, lo que hace una sociedad es juzgar cuál es el límite de moralidad que exige y cuál es el límite de corrupción que está dispuesto a tolerar.
Todas estas denuncias de corrupción (lo hablamos ayer en un minianálisis entre distintos politólogos y sociólogos) en Argentina no es noticia. El miércoles sale titulado en los diarios argentinos que se le exige al ex gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, una fianza de medio millón de dólares para seguir en libertad mientras se sustancia el proceso...



EC - Esa fianza sonó aquí en Uruguay como un disparate...


OB - Además ya se está diciendo que la corrupción de la cual ya está acusado, es de varias millones, o decenas de millones de dólares. Pero acá es un problema no sólo de magnitud de la corrupción en términos de dinero, sino lo que una sociedad tolera o no tolera. Y, desde ese punto de vista, la sociedad uruguaya aparece como una sociedad mucho más rígida que otras, mucho más dura o intolerante a episodios de corrupción. Esto es una conclusión bastante clara de estos dos elementos.
Tenemos que ir precisando además un montón de cosas que están apareciendo con los temas de corrupción.
La primera de ellas, terminológica y no es menor. Se ha dicho que hay seis ex funcionarios del gobierno anterior acusados de presunta corrupción y luego se ha dicho la presunta corrupción del ministro o diputado Fulano. Aclaremos, la palabra "presunta" no cabe en ningún lado. Nadie lo acusó de "presunta corrupción", sino que lo acusó de corrupción. Cuando a alguien lo acusan de matar a otro, no lo acusan de un presunto homicidio, lo acusan de homicidio, después se verá si la acusación es correcta o incorrecta, si es o no homicida. No lo acusa de presumir que podría haber hecho algo, porque esa denuncia se la rechazan en la baranda.
Lo segundo, cuando se dice "la presunta corrupción de Fulano", uno ya está presumiendo que cometió un acto de corrupción y no está diciendo que fue otro el que lo acusa y uno está asumiendo esa acusación. Digo esto porque no es menor cómo se está manejando los temas, porque en un lugar parece que fortalece y en otro debilita lo que son los hechos.
Se ha manejado por ahí que algunas de las denuncias están fundamentadas en documentos, pero que o fueron robados los documentos o fue robada la información, y si esto invalida la acusación. Dejando de lado el aspecto jurídico penal -no es el que nos interesa ni seríamos nosotros lo que tendríamos que opinar, habría que llamar a un penalista- sí desde el punto de vista sociopolítico y ético, si alguien robó información o documentos estaría cometiendo un acto delictivo o inmoral, que no invalida lo que denuncia, a lo sumo habría otro tipo de acusación contra el que robó. Pero si lo que está demostrando es que hubo un acto de corrupción, si se demuestra -no estoy diciendo que esté demostrado- son dos cosas independientes. Una no invalida lo otro. Acá hay que probar si los hechos son ciertos o no, o si son falsos o no, y por otra parte habrá que probar si se robó o no información y si ese robo fue delito o no fue delito. Y cada uno es autónomo.

Pasando ahora al tema corrupción, hay distintas cosas que uno ve que se están confundiendo en estos momentos. En primer lugar ¿qué es corrupción? No es fácil ponerse de acuerdo. Uno dice: "¿Cómo no se van a poner de acuerdo? Se sabe lo que es". Pero no, no se sabe, porque en definitiva se sabe cuando se transgrede algo, cuando hay un código muy claro y muy estricto y asumidos por todos. Yo diría que, para empezar, entre uruguayos y argentinos hay diferencias muy notorias de los límites que se está dispuesto a tolerar en materia de corrupción y cómo se juzga al corrupto. En Argentina uno ha visto cómo hay gente que se vanagloria, como un acto de picardía, de que pudo salir enriquecido de un cargo público.
Lo otro es cómo se juzgan las conductas. Y ahora vamos a querer marcar diferencias de actitudes, de algunos que dirían "Sobre esto no hay duda que hay corrupción", mientras otros pueden tener opiniones divergentes.
Por ejemplo, el caso de alguien que hace tráfico de influencias, es decir usa el poder del Estado para beneficiar a alguien y la contrapartida de beneficiarse a sí mismo: estoy hablando de que ese señor se compró una casa, invirtió en las Bahamas,... eso es algo inequívocamente aceptado como un acto de corrupción.


EC - Tú estás hablando de un funcionario que consigue que una determinada empresa se haga -por ejemplo- de una licitación y entonces beneficia a esa empresa pero al mismo tiempo él recibe un beneficio de esa empresa, digamos...


OB - Una "coima"...


EC - ...una "coima", una comisión -como se la quiera denominar- que es un beneficio para él.



OB - Ese es un nivel. Hay un segundo nivel, que a veces se confunde, y yo creo que hay que marcarlo como una categoría distinta (quiero aclarar que yo no estoy haciendo juicios de valores: estoy tratando de clasificar en función de los valores de la sociedad) cuando hay esa desviación de poder y la contrapartida es un aporte político. Acá tenemos una diferencia con la anterior, que es que no hay un beneficio personal en principio; lo que sí hay es una desviación del uso del poder del Estado para beneficiar a alguien.


EC - ¿Qué ejemplo podrías manejar en este terreno?


OB - Siguiendo el mismo ejemplo, que se adjudique una licitación, se recibe un dinero como contrapartida, pero no para que ese individuo se compre una casa, sino para que un partido o un grupo político financie la campaña electoral.
Ahí no hay un beneficio personal en términos directos, pero sí hay una desviación del uso del Estado, lo cual además es delictivo no por recibir el dinero sino por desviar el poder del Estado, por hacerlo para beneficiar a alguien deliberadamente.

En tercer lugar puede darse -y esto ya saldría de este ranking- que se use el poder del Estado para beneficiar a alguien sin ninguna contrapartida. Pero ese alguien es un amigo, es un familiar...


EC - ...o en todo caso una contrapartida digamos por el lado de expectativa de que me voten.


OB - Ahí estaríamos mezclando otro tema. A veces el beneficio no tiene que ser la persona física, puede ser del núcleo, del entorno al que pertenece.

Luego vienen otras actitudes que son beneficios que alguien recibe sin que haya una desviación del poder del Estado, sino que entra en determinada discrecionalidad que hay en el Estado. Aclaremos: no toda compra del Estado se hace mediante concursos abiertos en las que participa todo el mundo en pie de igualdad. Hay muchas formas en que el Estado puede adjudicar o comprar en forma directa, yo diría normales, sin que haya nada detrás y eso puede usarse bien, puede usarse más o menos o puede usarse mal. Puede usarse para tener la contrapartida de un beneficio personal, ahí no hay ningún acto de desviación en la compra, pero sí hay en que se recibió para hacerla.
Acá tenemos tres categorías. Que no se reciba nada, que haya una expectativa no económica (que lo voten), lo cual no entraría en este esquema de corrupción, a lo sumo entraría en otra discusión, que son las tácticas políticas. Hay que diferenciar los temas: si metemos todo en la bolsa, terminamos en que es lo mismo haberse llevado un diario comprado por el Estado a la casa o tres hojas de papel, que haberse agenciado la propiedad de un banco. No: el moralismo extremo lleva como contrapartida que después todo es corrupto o nada es corrupto. Ese es otro tema y habría que diferenciarlo.
Y luego aparecen algunas de las cosas que se han mencionado, de empresas que sin estar ligadas a ningún beneficio del Estado, han contribuido con el financiamiento de las campañas electorales.
Sobre esto último, habría que decir lo siguiente: no es bueno discutir esto en el marco de una discusión sobre corrupción. Alguna gente lo considera corrupción, otra no, y hay gente que sin estar de acuerdo con esto, no lo considera corrupción pero sí lo considera una forma de influencia indebida sobre los partidos políticos. El tema de los recursos de los partidos políticos es muy largo, porque está la obtención de recursos extranjeros de parte de Estados, de parte de partidos políticos, de partes de Fundaciones; está la obtención en el país de recursos que puedan provenir directa o indirectamente de grupos de presión, de grupos sociales o que puedan venir directamente de empresas. Entonces ese es todo un tema sobre la relación entre los partidos políticos y sus fuentes de financiamiento. Mientras no se obtengan los recursos mediante una desviación de poder, y esos recursos vayan para el financiamiento de los partidos, no entraría en el tema corrupción, sino en otra discusión. No estoy diciendo que por que no entre en corrupción esté bien, estoy diciendo que es otra discusión, en la cual hay muchas posiciones, y no estaría mal algún día analizar ese tema. Pero separésmolo.
Aquí estamos más bien manejando realmente dos tipos de actitudes que se puede mezclar en un mismo caso: una es cuando se distorsiona la forma en que debe actuar el Estado para beneficiar a alguien en perjuicio de otros, o sin una adjudicación sanamente competitiva, con equilibrio de posibilidades (es decir, hay una desviación de poder en beneficio directo de alguien), y lo segundo que puede ser paralelo a esto o puede ser autónomo, cuando ejercer la función una persona indebidamente obtiene para sí, su familia, sus amigos, beneficios materiales. Y a veces lo uno y lo otro están unidos, siendo uno la contrapartida de lo otro, o pueden estar separados, e independientemente también son actos que esta sociedad en general los considera como actos de corrupción

Publicado en radio El Espectador - programa En Perspectiva - espacio La Opinión Pública
Junio 21 - 1996