Acerca de las reformas del Estado
Oscar A. Bottinelli 

El país se encuentra en esos periodos históricos de transición en relación al Estado, en que existe cierta opinión prevaleciente de que se ha agotado el modelo anterior y se hace necesario o imprescindible trazar un nuevo modelo. Es decir, para usar el comodín en boga, impulsar la reforma del Estado. Cuando se habla del tema en general se habla de tres aspectos del mismo o quizás se habla de tres temas diferentes, que pueden estar directamente interrelacionados o no: Uno es la reforma de las funciones del Estado, otro el de la reforma de la administración del Estado y un tercero es el encare del mantenimiento, supresión o modificación del Estado de Bienestar, del Welfare State.

El asunto de las funciones del Estado es sin duda la clásica discusión que transcurrió a lo largo de todo el siglo XX entre un extremo la tesis del Estado Juez y Gendarme (asociada a la concepción económica del laissez-faire y en otro extremo la tesis del Estado omnicomprensivo y omnipresente. Sin duda no solo es un asunto central de la discusión global del sistema político, sino en particular una discusión central en el Frente Amplio. Si se considera que hay un eje donde cada una de ambas posturas es un extremo, al interior del partido oficialista pueden detectarse posturas que van desde el Estado total hasta más allá de la mitad, es decir, desde la mitad hacia el laissez-faire.

Un segundo tema clave es el de la reforma de la administración del Estado, donde en principio hay dos tipos de caminos (ambos íntimamente interrelacionados): el que apunta a la reforma de la organización y los procedimientos, y el que tiene que ver con la reforma de los recursos humanos. La discusión sobre lo primero, sobre trámites y métodos, la contienda es mucho más pedestre y está más alejada de ideologías, filosofías y principios. Porque por un lado toda la discusión está teñida por los temores de la burocracia a la pérdida de poder y, quizás ni tanto, a la pérdida de una apacible rutina. Pero por otro, la reforma de los recursos humanos presenta una doble faceta, una desideologizada y otra altamente ideologizada, que además se entrecruzan y retroalimentan: la afectación de los corporativismos y la contradicción calidad-igualitarismo. Los intereses corporativos son per se aideológicos; lo que se juega, lo que una reforma amenaza y lo que ante la amenaza levanta reacción, no son ideologías, filosofías, teorías, cosmovisiones, sino algo mucho más ramplón y más importante: los intereses de la corporación afectada por la reforma, por el conjunto de funcionarios a quienes cualquier modificación mueve el piso. La resistencia corporativo-burocrática es el punto más delicado de cualquier reforma, del signo que fuere, en el lugar y el tiempo que se eligiere.

Pero entrelazado y retroalimentado con lo corporativo-burocrático aparece un elemento con alta intensidad ideológica: la ecuación igualitarismo-calidad. En la teoría se puede sostener la política de la más amplia igualación y la más elevada calidad; en la práctica se sabe que lo uno y lo otro no van de la mano. Cuando se apuesta a la calidad, al mejoramiento de los servicios, al mayor nivel de los funcionarios y especialmente de los jerarcas, se apuesta al elitismo. Cuando se apuesta a la igualdad, a la retribución lo más similar posible, al achicamiento de la pirámide, se apuesta – se lo tenga consciente o no – a la baja calidad. Este es un dilema de hierro que se cruza con concepciones muy fuertes sobre la sociedad y el individuo. Va de la mano de apostar a una sociedad mucho más igualitaria o a una sociedad de mayor calidad. La izquierda uruguaya está en el prefacio de esta discusión, que aparece más larvada que explícita.

No hay duda de la existencia de una línea en el gobierno, sin duda minoritaria, que trabaja con sentido estratégico y por ahora más allá de las candilejas, que apuesta a la alta calificación del funcionariado, particularmente de los cuadros directivos de la administración estatal. A la calificación del conjunto de los funcionarios, a la selección en función de calidad y a la creación de verdaderas pirámides meritocráticas. La mayoría de las políticas del gobierno van por otro lado, uno diría que siguen el vector opuesto: la mayor igualación posible, el mayor achatamiento de las pirámides, el otorgamiento a todos los individuos de iguales derechos. Cuyo extremo es llevar la concepción antidiscriminatoria a un sistema de selección de personal que en realidad solo admite el sorteo, porque cualquier otro tipo de selección para no incurrir en discriminación. Porque si no se incurre en discriminación contra los obesos, o los anoréxicos, o los que no saben leer ni escribir, o los que no saben sumar ni restar, o los que no tienen buena presencia, o lisa y llanamente se puede discriminar a los que quieren un empleo pero consideran de mal gusto trabajar. Esta discusión la izquierda se la debe a sí misma y se la debe al país, porque si esta discusión no se salda, no hay proyecto alguno de reforma del Estado.

Luego queda el nada menor debate sobre la reforma del Estado de Bienestar. Por ahora se sigue el camino esquizofrénico de juntar por un lado a un calificado grupo de especialistas en el diseño estratégico, y por otro seguir con las modificaciones al Welfare State al compás de parches y recauchutajes, donde cada parche no es ideológicamente compatible con el anterior ni con el posterior. El tema es que una reforma con sentido estratégico, coherente, que signifique un modelo de país, provoca muchos heridos y multitud de magulladuras. Como se sabe, es más difícil enfrentar las heridas de un grupo específico que afectar el futuro de toda una sociedad, porque cada uno se reconoce como miembro de un grupo específico y nadie se reconoce como miembro genérico de la sociedad.

El país está ante la necesidad de un debate de esta naturaleza. Un debate que se debe la izquierda a sí misma, un debate que se deben los partidos tradicionales, un debate cruzado (no una polémica, sino un verdadero debate en profundidad) que se debe el país todo.
 

Publicado en diario El Observador
setiembre 21 - 2008