Primero asusto, luego callo
Oscar A. Bottinelli
 

A esta altura hay consenso en que el nuevo gobierno presenta serios problemas en la comunicación. Un tema es la comunicación entendida como la información, propaganda o publicidad que emana de órganos especializados. Otro tema, objeto de este análisis, es la comunicación que resulta de las señales que emanan de las diversas autoridades: presidente y vicepresidente de la República, ministros y subsecretarios de Estado, presidentes de entes autónomos y otros jerarcas de la administración central o descentralizada.
El gobierno presenta una línea consistente de comunicación en lo relativo a señales a los grandes inversores externos, fueren estos financieros o con proyectos de radicación en el país. En lo sustancial el elenco de gobierno como conjunto trasmite señales que estos potenciales inversores estiman positivas: clara continuidad de la política macroeconómica, muy buena sintonía con los organismos internacionales de crédito, apuesta a la seguridad jurídica y capitalización de los efectos del canje de deuda.
Pero en otros planos, que impactan sobre los inversores radicados en el país, grandes, medianos y pequeños, y sobre los inversores en tierras, hay una peligrosa línea comunicacional que se caracteriza por dos cosas: primero por la realización de impactantes anuncios relacionados con cambios sustanciales y luego por la no existencia de información sobre los lineamientos de esos cambios trascendentes. Tres elementos significativos al respecto son la reforma tributaria, la creación del sistema nacional integrado de salud y la prohibición de que las sociedades anónimas con acciones al portador sean propietarias de inmuebles rurales.
De la reforma tributaria se ha lanzado la señal de que viene un cambio radical que supone la centralidad de la imposición sobre la renta y dentro de ella en la renta de la persona física. A la vez la disminución progresiva de la tributación sobre el consumo y el anuncio de eliminación de impuestos y la simplificación del número de gravámenes. Por último la señal de una fuerte imposición al patrimonio que, en esencia, afecta la tenencia de inmuebles urbanos. Los datos más concretos sobre la reforma tributaria son: que se conocerá al despuntar el próximo semestre y entrará en vigencia al comenzar el segundo semestre del 2006; que el IVA podría quedar igual o bajar y que la tasa básica podría ser del 23%, del 20% o quizás del 18%, ahora o algún día; que la tributación de la renta sobre las personas físicas posiblemente se aplique sobre la renta bruta y que la tasa sería progresiva y su tope quizás podría ser del 20%; que los actuales gravámenes sobre la renta de industria, comercio y servicios (el conocido IRIC) podría quedar igual o podría sufrir cambios y que en esos cambios podría bajarse la tasa del 30% al 25%, o quizás quedar igual, y que se deducirían importantes porcentajes en caso de reinvertir las utilidades, deducción que podría llegar a la mitad, o quizás podría llegar a ser total; que no se sabe qué pasaría con la distribución de utilidades de las empresas que ya pagaron el impuesto a la renta vía IRIC, si además pagarían o no el impuesto a la renta de las personas físicas; que se aplicará el impuesto a la renta a las empresas agropecuarias pero que también (o alternativamente) los productores rurales pagarían el impuesto a la renta a las personas físicas; que los arrendamientos tributarían impuesto a la renta, no se sabe cómo ni cuánto, y si es sustitutivo o adicional al impuesto al patrimonio; que las colocaciones bancarias o los intereses pagarían impuesto aunque se mantendría el secreto bancario. Esta enumeración de noticias aparecidas en la prensa y discursos del equipo económico es un poco confusa, ya que más o menos se traduce en: la reforma tributaria podrá estar dentro de los parámetros de cualquiera de los sistemas tributarios conocidos en el mundo moderno. Como orientación a los inversores es muy magra, o al menos así lo creen los inversores, ya que según datos que van desde los promotores de la construcción hasta comerciantes minoristas, hay una actitud de expectativa y parálisis en las inversiones, desde iniciar la construcción de un edificio hasta ampliar el horno de la pizzería. Serán así los datos económicos, pero es la sensación térmica.
Se anuncia que se prohibirá que sociedades anónimas con acciones al portador sean tenedoras de inmuebles rurales, es decir, que las acciones deberán ser nominativas. Pero no se aclara si esa nominatividad debe ser necesariamente de personas físicas o puede ser de personas jurídicas, a la vista de la gran cantidad de hectáreas en propiedad de fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos o empresas que cotizan en bolsas extranjeras.
De la reforma de la salud se sabe que está basada en la equidad, solidaridad, justicia, calidad de la atención, obligación de pago de acuerdo con la capacidad del contribuyente. También se sabe que los fondos serán centralizados en una entidad más o menos en manos del gobierno y que ella distribuirá los fondos, no se sabe si en función de parámetros objetivos o subjetivos, a la luz de las últimas declaraciones en que se medirá el cómo de la prestación de la asistencia de cada institución. Tampoco se sabe si sobrevivirán o no las empresas de emergencia médica móviles con los actuales niveles de prestaciones. Porque los detalles del nuevo sistema todavía están en elaboración y porque la estructura madre en principio no va por ley, sino – como lo hicieron muchas veces los partidos tradicionales y la izquierda combatió – por vía de la concesión de amplias facultades al Poder Ejecutivo en medio del multitudinario articulado presupuestal.
Cualquier solución puede ser buena o mala, porque en definitiva la bondad o maldad depende del cristal ideológico de cada quien. Lo que parece un persistente error es realizar anuncios genéricos que provocan paralización y luego dilatar por los tiempos el presentar las medidas concretas.

 

Publicado en diario El Observador
octubre 16 - 2005