Lo que hay debajo del agua
Oscar A. Bottinelli
 

Hay una opinión dominante en el sistema político en cuanto a que el texto de la reforma constitucional sobre el agua es desprolijo y maximalista. Y hay también opinión sottovoce que la interpretación correcta es que caen todas las concesiones de abastecimiento domiciliario de agua. Como abogados tiene la Santa Madre Iglesia, el gobierno buscará intérpretes e interpretaciones que le ahorren juicios millonarios y deje las concesiones en paz. La culpa es compartida por el oficialismo y por la mayoría de la segunda fuerza política del país, lo que lleva a que ganase quien ganase la Presidencia, el enredo que recibiera el presidente había sido causado por sí propio.
Pero si de causas se trata, llámese culpa o no, surge con bastante claridad que los grandes impulsores del plebiscito del agua fueron los dos mayores concesionarios, Aguas de la Costa y Uragua; en particular este último. Puede discutirse en los tribunales si hubo jurídicamente incumplimiento de Uragua, en función de si hubo o no notificaciones en plazo. Políticamente hay una sola interpretación: la empresa no cumplió lo prometido. A ello cabe sumar los fenomenales yerros iniciales, de comunicación, atención a la gente, cumplimiento del servicio y confiabilidad sobre la calidad sanitaria del producto. A lo que hay que añadir algo en lo que ha sido pionera Gaseba: la trasmisión al público de la imagen de ejecutivos extranjeros que parecen salidos del Colonial Service operando en territorio sometido. El ejecutivo en jefe de Gaseba, en nombre de Gaz de France, desembarcó en Montevideo como si lo hubiese hecho en la Indochina francesa, antes por supuesto de que los franceses fuesen corridos tras la derrota de Dien Bien Phu. El homólogo español de Uragua hizo lo propio, no se sabe bien si ubicándose en la Guinea Ecuatorial o en esta tierra con un anacronismo de un par de siglos. Al igual que Uragua, Gaseba en términos políticos y fácticos – lo jurídico es mejor dejárselo a los abogados – no satisfizo las expectativas ni cumplió lo prometido.
Las empresas privadas de servicios públicos, y algunas otras que prestan servicios al público (como algunos de los más importantes bancos internacionales), se han trasformado en los mayores publicistas de la estatización de servicios y en los mayores enemigos del libre mercado y de la empresa privada. No han podido justificar que la empresa privada es más eficiente que la pública. Al menos en un concurso de opinión pública. Para los uruguayos, UTE, ANTEL y ANCAP son altamente eficientes; no lo son Uragua o Gaseba. Esta empresa francesa hizo algo más: para un país sin cultura de gas, puso en duda al menos a nivel hogareño la utilidad o seguridad del empleo del gas. Complicó los trámites, desatendió pedidos, no se responsabilizó por el incumplimiento de sus concesionarios, penalizó a los usuarios por los errores propios o de sus concesionarios. Como los errores propios se pueden mitigar con errores ajenos, el nuevo gobierno hizo un gran favor al gas al hacer perder confiabilidad a la electricidad. Un descomunal alarmismo generado desde la cúpula ministerial de la energía y una campaña que puede sintetizarse en: por favor, no compre mi producto.
El ex presidente Sanguinetti dice y repite que en Uruguay las empresas públicas han sido eficientes, y eso es lo que diferencia el debate aquí del debate en otras partes del mundo, o al menos de América Latina. Serán o no eficientes o eficaces, y esa es una discusión para calificadores de eficiencia. La sociedad uruguaya sí cree que lo son, que son eficientes y que son eficaces. Puede darse y se da, que algunas personas o la sociedad globalmente opine una cosa pero en realidad actúe de manera diferente. Lo singular del caso es que el uruguayo votador, el uruguayo opinante y el uruguayo consumidor van de la mano, y actúan con coherencia. Para un libremercadista puede ser señal de falta de inteligencia, pero en definitiva ese es otro tema. Lo importante es cómo cree el uruguayo que son las cosas y cuál es el grado de coherencia con que actúa en función de sus convicciones.
Tres ejemplos significativos en el terreno donde es posible medir esa coherencia o incoherencia: donde los servicios estatales no son monopólicos y están en libre competencia con empresas privadas. En telefonía celular la empresa privada multinacional gozó de un monopolio de hecho por alrededor de cuatro años; con retraso salió ANCEL a la competencia y hoy cuenta con alrededor del 70% del mercado; la empresa estatal en libre concurrencia, corriendo de atrás, derrota por más de 2 a 1 a la competencia privada, que ahora por la razón que fuere tiró la toalla. En seguro de automotores, al cabo de casi una década de desmonopolización, la compañía estatal (Banco de Seguros del Estado) anda más o menos por otro tanto, en torno al 70% del mercado, frente a cerca de media docena de competidoras de nivel internacional. Y finalmente en fondos de ahorro previsional, la estatal AFAP República cuenta con una holgada mayoría absoluta de los fondos, en competencia inicial con cinco empresas privadas, cuatro de las cuales tuvieron que fusionarse en dos para poder seguir en carrera. Lo que en cambio es bastante claro que la competencia aportó eficiencia donde antes había monopolio e ineficiencia, como en el caso de los seguros de automotores del Banco de Seguros. Aunque por otro lado sin competencia alguna lograron alta eficiencia UTE y ANTEL. Inteligentes o burros, con buen o mal criterio para decidir sus asuntos en las urnas, en las encuestas o en el consumo, los uruguayos prefieren las empresas estatales antes que las privadas, allí donde les es posible elegir. Y esto explica el referendum sobre ANTEL de 1992, el cuasi-referendum también sobre ANTEL de 2003 (como quien dice ganado por retiro del adversario), el referendum sobre ANCAP y el plebiscito sobre el agua.

 

Publicado en diario El Observador
junio 12
- 2005