¿La Paz definitiva?
Oscar A. Bottinelli
 

Una de las apuestas más riesgosas del presidente Batlle fue precisamente su mayor éxito (o uno de los dos mayores, si se considera en pie de igualdad el apoyo del gobierno norteamericano en materia financiera). En tres años de gestión la Comisión para la Paz alcanzó conclusiones que superaron la imaginación del más optimista. Y lo coronó con el mejor mensaje presidencial de toda su gestión, el único en que alcanzó la real dimensión de un jefe de Estado. Pero así como a Lacalle su plan de reformas quedó frenado por un referendo abrumadoramente negativo, el éxito de Batlle puede quedar perforado o esmirriado en función de los nubarrones a la vista. Porque la Comisión para la Paz fue concebida para lograr “la paz definitiva”, mediante la resolución del único tema que entonces, en marzo de 2000, se consideraba pendiente del periodo de facto: el esclarecimiento de la suerte de los detenidos-desaparecidos, que suponía para todos conocer las circunstancias de su muerte (más la búsqueda y encuentro de los menores desaparecidos). Al cerrar el tema, Batlle no limitó la paz definitiva exclusivamente al periodo de facto, sino que lo extendió a toda la violencia política en el país, cuyo comienzo ubicó hace cuatro décadas, es decir, cuando comenzó la acción guerrillera.
Cada sociedad mide su tragedia de acuerdo al valor que le da a la vida. Uruguay mide sus víctimas con nombre, apellido y foto de cada una, lo que da una medida del valor que en el país siempre se le dio a la vida, aún en el momento de mayor violencia de su historia moderna. Pero para esos parámetros de valor de la vida, el número de personas muertas resulta alto. No hay un inventario completo (este analista al menos no lo conoce), pero incluye:

a) los 26 a 28 uruguayos y 5 ó 6 argentinos desaparecidos en Uruguay; b) personas muertas en unidades militares, con entrega del cuerpo, en dos de los cuales hubo una admisión en el Parlamento de la muerte por apremios físicos, y en otros casos entrega del cuerpo a cajón cerrado; c) alrededor de 16 ó 17 funcionarios militares y una treintena de funcionarios policiales muertos por grupos guerrilleros o a consecuencia de acciones guerrilleras;

d) 18 civiles muertos por acción de grupos guerrilleros, a consecuencia de enfrentamientos entre grupos guerrilleros y fuerzas del Estado, o como consecuencia de episodios confusos de enfrentamiento político;

e) 4 estudiantes muertos a consecuencia de la represión policial a manifestaciones callejeras, más algunos otros civiles (si se va un poco más atrás en el tiempo);

f) muertos en procedimientos militares o policiales o en enfrentamientos con personal militar o policial, de personas real o presuntamente pertenecientes a grupos guerrilleros;

g) muertos en procedimientos de las fuerzas conjuntas pertenecientes a grupos de izquierda, no guerrilleros (caso los de la seccional 20ª del Partido Comunista);

h) personas presuntamente pertenecientes a grupos guerrilleros o presuntamente colaboradores de los mismos, aparecidas muertas en lugares públicos sin ser a consecuencia de enfrentamientos o procedimientos (por ejemplo: los casos atribuidos a “escuadrones de la muerte”).

A lo que cabe agregar las personas muertas en lugares de detención en función de los tratos recibidos o por ausencia de debida atención. Y además los desaparecidos y muertos en el exterior. De estos una parte puede ser ajena a la violencia en el país, como consecuencia de involucramiento de dichas personas en hechos de esos países; pero en otros casos hay sospechas, indicios o elementos suficientes sobre la participación de funcionarios militares o policiales uruguayos en la desaparición o muerte de uruguayos en Argentina.

Con excepción de los desaparecidos, en todos los demás casos existió el funcionamiento regular del sistema judicial, se aplicó la amnistía ya sea en forma abierta o en la forma indirecta de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, u operó la prescripción. Los cierres del pasado se hacen en base al olvido, que no otra cosa quiere decir la palabra amnistía. Y todo olvido implica alguna forma de injusticia. Los pueblos en particular eligen muchas veces el olvido para poder encarar el futuro ( “no hay que permitir que la historia nos impida ver el futuro”, sentenció hace poco el ex presidente checo Václav Havel) y otras veces los pueblos mantienen viva la memoria por décadas y décadas. Cada opción corresponde a cuánto se vea comprometido el futuro por el rebuscar en el pasado, y a cuáles han sido las circunstancias de salir del pasado. Pero la amnesis como toda injusticia no deja conforme a todos, y siempre hay quienes buscan abrir ese pasado e intentan encontrar la rendija que les permita impedir la clausura del pasado. Con el paso del tiempo esa rendija primero se encontró y luego se ensanchó. Para ello fue necesario que en la magistratura operase un imprescindible cambio ideológico y además que la distancia del tiempo hiciese más verosímil atenerse a la formalidad más estricta del derecho. Porque cuando apenas se termina una transición, la lógica de los hechos tiene tal fuerza que las sutilezas jurídicas aparecen o como actos de irrealidad formal o como claros juegos políticos. Pero muchos años después, la percepción es otra y con mucha fuerza hoy los magistrados pueden negar la lógica de los hechos en periodos de facto y afirmar que los hechos no crean derecho (lo cual en general es así, pero excepcionalmente no lo es; por algo no se aplica la constitución de 1918 que nunca fue derogada según la más pura formalidad jurídica, ni tampoco el derecho indiano, porque en definitiva la independencia del país fue un acto de fuerza al margen del derecho imperante en el territorio; y por algo toda transición supone combinar el factum con el jure).

¿Cuál es el riesgo para la estrategia del presidente Batlle, y para la estrategia inaugurada por el presidente Sanguinetti? Que se judicialicen las conclusiones de la Comisión para la Paz, lo que ya fue anunciado. Desde un punto de vista estrictamente formal los miembros de la comisión han tenido conocimiento de cómo, cuándo y dónde se cometieron los delitos de homicidio, así como con el ocultamiento y destrucción de los cuerpos. Y que se sepa todos esos datos no fueron puestos en conocimiento de la magistratura. De donde hay mucha tela para cortar en la lógica de la formalidad jurídica. Por lo que, de lo que ocurra en las próximas semanas o meses, de las resoluciones que adopte el Poder Ejecutivo como corolario del informe de la Comisión para la Paz, de lo que diga la ley que aprueben las cámaras, de lo que haga o deje de hacer el sistema judicial, de todo ello dependerá valorar si se encontró la paz definitiva o por el contrario si lo que se hizo fue darle más fuerza a la búsqueda de la revisión del pasado.

 

Publicado en diario El Observador
abril 13  - 2003