El reto de privatizar
Oscar A. Bottinelli
 

La privatización del puerto de Montevideo ha pasado a ser una experiencia piloto en varios campos, o para ser más exactos, la concesión a privados de la casi totalidad del paquete accionario de la empresa encargada de la explotación de su terminal de contenedores. Una experiencia tuvo que ver con la forma de resolución de la adjudicación, mediante un procedimiento que en principio asegura mayor paz y aceptación, menor conflictividad. Es posible que ofrezca mayor transparencia, pero lo importante es que los oferentes ante una subasta han actuado en forma civilizada, lo que es un logro impresionante, y que los actores políticos se sujetaron a su papel de tales, es decir, no se entrecruzó el juego político con el juego empresario. Con todo es necesario que las campañas que se han echado al vuelo en estos días se mesuren un poco, porque siempre hay posibilidades de sesgar las adjudicaciones, como pasa también con los sacrosantos concursos. Es sabido que la forma de elaborar los llamados a concurso, los requisitos para la presentación, la forma de otorgar los puntajes, pueden desde el vamos inclinar la balanza hacia algún candidato o grupo de candidatos en detrimento de otros; esto es una práctica de uso en el país. De la misma manera las condiciones previas a la subasta pueden formularse de manera tal que se excluya deliberadamente a determinados competidores. Aún así, lo positivo es que las objeciones surgirán en las etapas previas. En el momento mismo de la subasta ya han desaparecido los obstáculos y la adjudicación no es cuestionable posteriormente. Esto no es nada menor, si se tiene en cuenta que algunos de los cuestionamientos hechos en la segunda licitación portuaria no fue a las ofertas sino a las bases de la licitación, objeciones realizadas una vez abiertas las ofertas, con precios a la vista.

Ese es un tema. El otro tiene que ver con qué pasa a posteriori con las privatizaciones. Aunque el verbo privatizar da lugar a interpretaciones diferentes y hasta opuestas, sin entrar en polémicas ni darle al término valoración alguna, ni positiva ni negativa, en este artículo se usa en su acepción más amplia, como toda forma de participación privada, ya fuere en régimen de enajenación, concesión, arriendo de servicio o de obra, o cualquiera de los mecanismos de tercerización.

Lo que ocurre a posteriori de las privatizaciones cabe analizarlos en el contexto nacional. Como surge con claridad de los estudios de opinión, la sociedad uruguaya es fuertemente estatista y tiene importantes resistencias a todo lo que suene a privatización. Sin embargo, la misma opinión ha sido favorable a asociaciones, concesiones o tercerizaciones cuando las mismas han redundado en un fortalecimiento de la propiedad estatal o en un claro e inequívoco mejoramiento de servicios. Por ello es muy importante para los impactos sobre la opinión pública lo que ocurra con las privatizaciones, lo que ellas logren, los resultados que se presenten.

Los empresarios pueden actuar para sí como buscadores de maximización de ganancias, u operar con un sentido más colectivo de defensa de intereses empresarios, es decir, actuar en defensa de una concepción global de la sociedad en que haya un lugar para las empresas y la iniciativa privada. Lo cual supone por supuesto una postura ideológica y, dicho en lenguaje marxista, una conciencia de clase. Por eso, lo que haga el consorcio uruguayo-belga ganador de la subasta, la forma en que desarrolle la terminal de contenedores, los resultados que puedan visualizarse como desarrollo portuario son de gran importancia para las futuras subastas, concesiones y licitaciones que tiene previsto realizar el gobierno; pero es de fundamental importancia con la diplomacia que actúe en relación a los elementos conflictivos que inicialmente siempre hay en el proceso de transferencia de un servicio del Estado a una empresa privada.

La opinión pública uruguaya es estatista por razones muy profundas y no como un capricho circunstancial. Puede decirse que ese estatismo es parte del ser nacional, con fuertes anclajes en la nostalgia del pasado mítico, del Maracaná político y social. Pero como ocurre con todos los sentimientos, los hechos los refuerzan o debilitan. Y los primeros impactos que genera una empresa privada que acaba de tomar un servicio público, calan hondo. En Argentina las empresas telefónicas privadas iniciaron su gestión con fenomenales incrementos tarifarios y, aunque ahora las tarifas han disminuido, esa baja es más importante para el empresario, y particularmente para el exportador-importador, que para el hombre común; el acceso a un servicio telefónico para los hogares en el país de enfrente es mucho más caro que aquí. La gestión que Iberia realizó de Aerolíneas Argentinas fue un flaco favor a las privatizaciones como concepción. Aquí en Uruguay no fue demasiado diferente lo ocurrido con Pluna-Varig. En el mejor de los casos por una formidable impericia gerencial de Varig, en el peor de los casos por una acción de vaciamiento, lo cierto es que la gestión de Pluna ha dejado insatisfecho a todos los uruguayos, en primer lugar al gobierno.

La opinión pública montevideana considera que está tan sucia la parte de Montevideo cuya limpieza está en manos privadas como la que está en manos municipales (a diferencia de Maldonado-Punta del Este, en que la concesión a privados generó un impacto muy favorable en la opinión pública de ese conjunto urbano). Y aunque la vieja Compañía del Gas nunca fue de propiedad estatal, sino una empresa sin dueños administrada por el Estado, la aparición de Gaseba fue vista por la mayoría de la opinión pública como una experiencia de privatización. Y el comienzo fue duro. Por un lado el sindicato del Gas es uno de los más combativos. Pero por otro los nuevos ejecutivos franceses actuaron con la misma diplomacia que los colonizadores franceses en Indochina. El mal comienzo no ayudó demasiado a la empresa, aunque el daño fue mitigado en parte por la actitud intransigente del sindicato. Es probable que Gaseba tenga un fuerte cambio de imagen a partir de la aparición del gas natural, pero hoy es considerada por sus usuarios como más burocrática, menos eficiente y con peor atención al cliente que UTE. El último caso polémico es el de Uragua, en el departamento de Maldonado, que desembarcó con un fuerte aumento de tarifas. Hay estatistas por principios y más allá de todo resultado. Hay privatistas también por ideología y también más allá de resultados. Pero hay un gran segmento de opinión pública a la que importan las conductas y los resultados. Y para quienes consideran que las privatizaciones son positivas, para quienes impulsan la iniciativa privada por sobre la gestión estatal, es una oportunidad muy importante este nuevo envión privatizador para convencer a la gente. Y ello ocurre con modos de actuar y con resultados.
 

 

Publicado en diario El Observador
agosto 5  - 2001