La flexibilización laboral
Oscar A. Bottinelli
 

El país inicia una de las discusiones más trascendentes en materia de reforma estructural, como lo es la flexibilización laboral o el conjunto de reformas que apuntan a cambios más o menos importantes en la estructura del trabajo realizado en relación de dependencia. Antes que nada es interesante observar dos hechos. Uno, que el entonces candidato presidencial Jorge Batlle declaró en la campaña electoral que no consideraba necesaria una ley de reforma laboral (Foro de Asociación Cristiana de Dirigente de Empresas, ACDE) "El Uruguay del Siglo XXI. Qué país queremos y cómo lograrlo", setiembre de 1999, con participación de los cuatro candidatos presidenciales). Dos, que en sintonía con ello el tema no figuró en el discurso de asunción presidencial. Esa percepción sobre la importancia de una ley de reforma laboral 
determinó que el gobierno no aprovechase sus primeros 100 días para impulsar la iniciativa; es que en ese período el presidente Batlle se encontraba en la cúspide del apoyo popular y de la tolerancia del conjunto de instituciones y liderazgos de izquierda: Tabaré Vázquez, el Encuentro Progresista-Frente Amplio, el PIT-CNT y la Universidad. Sin duda era el momento adecuado para poner sobre el tapete los temas más conflictivos de la agenda gubernamental. El gobierno optó por el camino de utilizar el colchón de espacio político y de opinión para sortear la crisis económica y social, y dejar para más adelante el encare de reformas estructurales, pero, además, la reforma laboral no se encontraba en esa agenda.

La razón se encuentra en el propio discurso de Batlle en ACDE y en la argumentación manejada por muchos grandes empresarios: la flexibilización se viene dando, avanza mucho, a través de los convenios entre empresas y sindicatos. Desde este punto de vista resulta mucho más efectivo caminar hacia esa flexibilización de la mano entre empresarios y sindicatos, empresa por empresa, rama por rama, que internarse en una delicada discusión sobre una reforma global. Es que eludir internarse en una reforma global permite evitar lo que ya ha aflorado: que una discusión genérica sobre el tema lo lleva al plano ideológico, ya no se trata de buscar una solución satisfactoria para un conjunto de trabajadores y un conjunto de empresas de la bebida, del papel o de la madera, sino que pasa a ser un debate sobre los derechos de los trabajadores, el desarrollo de la protección laboral a lo largo de todo el siglo XX, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la doctrina de los laboralistas.

Esa postura no es compartida por el grueso de los empresarios pequeños y medianos, los que carecen de interlocutores colectivos válidos para lograr una flexibilización por vía de los hechos, o caso por caso. Además, cuando esa flexibilización se logra, las empresas (grandes o pequeñas) no están cubiertas del riesgo de que alguno o algunos recurran a la vía judicial, donde inexorablemente se declara la ilegalidad de dichos acuerdos, por más homologados que fueren por el Ministerio de Trabajo. Algunas de las medidas anunciadas por el ministro de Economía están plasmadas en convenios colectivos y se aplican, y hay unos cuantos casos de juicios perdidos por esas empresas ante trabajadores que individualmente o en forma grupal han recurrido a la vía judicial. Pero el otro ángulo del problema que preocupa a pequeños y medianos empresarios es que se sienten desprotegidos en la instancia judicial. La estructura de las empresas les dificulta tener sistemas probatorios, libres de todo cuestionamiento, ante la posibilidad de reclamos por impago de horas extra, incumplimiento del descanso intermedio y hasta trabajo en días de descanso. La jurisprudencia devalúa mucho las pruebas documentales, superlativiza la prueba testimonial y en los hechos invierte la carga de la prueba, al empresario cae la pesada carga de probar lo que no ocurre. Desde esta visión, dominante entre empresarios pequeños y medianos, el problema mayor está en la jurisprudencia y la doctrina laboral. No sólo consideran necesarias leyes de flexibilización laboral, sino además una normativa que los proteja de la jurisprudencia y la doctrina dominantes.

Desde el otro lado aparecen dos grandes posturas. Una es ideológica y parte del supuesto que aún el derecho laboral actual no protege adecuadamente al asalariado, que toda flexibilización tiene por único objeto maximizar los beneficios de las empresas y perjudicar a los trabajadores; es una postura que obviamente entra en el campo de la negociación imposible (como, tema paralelo, la oposición a la desmonopolización del seguro de accidentes de trabajo porque las empresas privadas pueden quebrar y ello lleva a la desprotección del trabajador; ergo: sólo cabe el seguro estatal, porque los estados no quiebran). Una segura postura no rechaza a priori la flexibilización laboral, postura que llevó precisamente a muchos sindicatos a acordar a nivel de empresas o ramas esa flexibilización, pero que desconfían de la generalización. El miedo mayor está en la extensión de la flexibilización al grueso del mercado laboral, no protegido por sindicatos, donde no es posible acordar las medidas, traducir las normas generales en medidas concretas consensuadas y, por supuesto, desde esta perspectiva, desconfían aún más de los acuerdos individuales, pues parten del supuesto de que el trabajador individual está indefenso ante las condiciones que pretenda imponer el empleador.

Y justamente esta tesis revela uno de los problemas del mercado laboral y de las negociaciones: las cuatro quintas partes de los trabajadores privados en relación de dependencia no están protegidos por convenios colectivos ni en su ámbito laboral operan organizaciones sindicales (lo cual quiere decir desde un ángulo que no están protegidos por los sindicatos, y también quiere decir desde otro ángulo que el movimiento sindical en su conjunto tampoco los representa). Además la discusión se inicia sin que haya estudios claros sobre en concreto qué piensan los trabajadores, cada uno de ellos, sobre las medidas propuestas, porque hay muchas personas que prefieren saltearse la hora de descanso y salir antes del trabajo (como ocurre con madres, estudiantes o gente con más de un empleo, particularmente si en ese trabajo no cumplen jornada completa), o que conviene más a sus necesidades el horario global semanal.

El debate está planteado y no es nada fácil. La iniciativa se lanzó con una elección poco afortunada del momento y la forma, y tampoco parece que una negociación entre cámaras empresariales y PIT-CNT en el marco del Ministerio de Trabajo sea el ámbito más adecuado. A priori parece que el mejor camino estaría en buscar de parte del gobierno un buen negociador, una persona con alta capacidad en esta técnica, y por otro lado entablar una diálogo que comprenda a los actores sociales (empresarios, sindicatos) y también a los actores políticos (los cuatro partidos con representación parlamentaria), o en su defecto una doble negociación, social por un lado y política por otro. Como ocurrió con la reforma de la seguridad social, la pericia con que se desarrollen las negociaciones es clave para el éxito o el fracaso de la iniciativa

Publicado en diario El Observador
julio 8  - 2001