Economía y opinión pública
Oscar A. Bottinelli
 

En estos días han cobrado gran auge los análisis económicos ante los temores suscitados por las crisis económica y política argentina y las incertidumbres políticas y cambiarias de Brasil. En general los análisis ponen énfasis en las variables macro y microeconómicas y en la variable política, entendida como el funcionamiento cupular del sistema político. El gran ausente es la opinión pública.

Para impedir algunas confusiones: tener en cuenta la opinión pública no es necesariamente ni guiarse por encuestas ni siquiera manejar o leer ninguna encuesta. Es tener en cuenta a la población como un elemento actuante colectivo. ¿Cómo actúa la población? En muchas dimensiones: una, que sí es tenida en cuenta por los economistas, es en su calidad de consumidora;otra es como electora,  que 

aparece analizado como un telón de fondo en el que se reflejan los actores políticos; una tercera es en tanto conjunto de grupos de presión y una cuarta es en forma pasiva, en tanto opinión, que como tal interactúa con las dirigencias políticas, sociales y en general con todos los institutos de intermediación de la sociedad civil.

La política contemporánea, al menos la de las últimas ocho décadas, no es un juego de elites desprendidas de las ciudadanías. Existe una tendencia a ver la política internacional o nacional como el juego de tres, cuatro o cinco grandes señores, que por sí y ante sí acuerdan, disienten, pactan, resuelven, confrontan, o como una masa profesional de algunos centenares de actores, que actúan por sí y ante sí. Pero la relación de las elites y la ciudadanía es muy compleja y fluida. Por un lado las dirigencias políticas son un reflejo de la gente, ejercen una representación fiduciaria, exponen las formas de pensar y sentir, la cosmovisión, los ideales y valores de porciones de la sociedad, y en tanto tales, su acción queda condicionada por lo que representan. Por otro lado son guía de la gente, el segmento especializado en lo político y lo público que, a posteriori de haber obtenido la confianza y transformarse en referente, asume posiciones, las transmite al segmento que representan y los convoca. Es, pues, un juego de doble vuelta: las dirigencias que toman posiciones y realizan una acción de convencimiento sobre los segmentos de poblaciones afines, y la gente que influye con su penar y sentir sobre las dirigencias. Esta ciudadanía influye en forma directa por dos grandes vías: una es a través de la micropolítica, del contacto directo y personal de los actores políticos con los ciudadanos, y la otra es como opinión pública, como colectivo, que es lo que miden y detectan las encuestas.

La labor de un dirigente político en relación a la ciudadanía que representa es harto difícil. Si toma una posición pasiva, de leer las encuestas y seguir estrictamente el sentir y el pensar de la gente, puede terminar en la inacción, en la no conducción, en generar un vacío de liderazgo. Si su pensamiento va muy lejos de la comprensión de la gente y queda muy distante de ese pensar y sentir, puede transformarse en un profeta, en un visionario, en un precursor, en alguien que deja una huella hacia el futuro, pero que tampoco ejerce conducción en el presente. El liderazgo consiste en la justa y difícil combinación del adelantamiento al futuro en la medida exacta para que la gente pueda seguir ese liderazgo, a partir del pensar y el sentir presente. Hay, pues, dos formas de inacción: el estar más acá del liderazgo, muy pegado al sentir presente de la gente, y el estar más allá del liderazgo, en una actitud profética que carece de convocatoria actual. Todo esto pretende decir que los dirigentes políticos tienen siempre un margen propio de acción, pero que ese margen es limitado y debe ser administrado con cuidado. La pretensión de muchos intelectuales (tanto economistas como politólogos) es considerar ilimitada la capacidad de decisión de las elites políticas en relación a la gente, y por tanto concluir que es un mero tema de voluntad personal el apoyar o dejar de apoyar planes o elencos.

Esto es, por supuesto, una especie de definición teórica del funcionamiento de las poliarquías, es decir de los regímenes que con mayor o menor precisión se llaman democracias, pero es válido para todo tipo de sistema político. Siempre o casi siempre el gobernante ejerce alguna forma de representación simbólica. A veces se tiende a simplificar y decir: la necesidad de contar con la opinión pública es una limitante de las democracias, por eso las grandes reformas sólo se pueden hacer bajo regímenes de fuerza. Ese aserto tiene un algo de verdad, de verificable, siempre y cuando se lo limite. No hay dictadura ni régimen de fuerza que pueda gobernar ilimitadamente, ni mucho menos realizar cambios en la dirección ni velocidad que fuere si no cuenta con un apoyo sustancial de opinión pública. Por supuesto que no significa que requiera el apoyo del 50.01% para hacer algo y dejar de hacerlo si detecta un sostén de tan sólo el 49.99%; eso sería un abuso de las matemáticas. Tampoco en una democracia se pueden realizar reformas profundas de manera indefinida si la mitad más uno impone sistemáticamente sus soluciones a la mitad menos uno, al menos sin conducir a la fragmentación nacional. Más allá de porcentajes, lo que se quiere decir es que el apoyo tiene que ser sólido, fuerte y grande. Por algo es que los regímenes de fuerza destinan recursos formidables a la seducción de la opinión pública: a realizar actos y movilizaciones populares a mediados de siglo, a la publicidad masiva en el presente. En mayor o menor grado, guste o no, Hitler, Mussolini y Pinochet contaron en sus momentos iniciales con importante apoyo de opinión pública. Lo que la fuerza logra es impedir la capacidad de bloqueo de quienes disienten; la gran diferencia con los regímenes poliárquicos es asfixiar la oposición; su dialéctica es tener en su favor la fuerza espiritual de parte de la opinión pública y usar la fuerza de las armas para neutralizar a la otra parte de la opinión pública, pero sólo con armas y cero de apoyo popular nadie gobierna demasiado tiempo.

Todo plan económico es un plan político y como tal un plan aplicable a la gente y que requiere el consenso, explícito o tácito, de esa gente. La factibilidad de toda política está en su aceptación por la sociedad. Cada sociedad tiene sus límites de tolerancia a lo presente y a los cambios, y tiene también sus ritmos de aceptación de los cambios. Lo que la crisis argentina demuestra es que los planes políticos, y los planes económicos, son esto, necesitan del ejercicio de liderazgo, de esa sabia combinación de ir por delante de la gente, trazarle un camino a esa gente, pero no pretender ir tan demasiado adelante que la gente no pueda seguir ni entender. Cuanto más profunda es una crisis, mayor es la necesidad de ese sabio equilibrio de parte de los gobernantes.

Publicado en diario El Observador
abril 22  - 2001