El teléfono y el celular
Oscar A. Bottinelli
 

El clásico teléfono negro y pesado, con disco y cable a la pared, puede considerarse el símbolo del debate sobre la reforma del Estado que hubo en 1992, particularmente cuando el referéndum contra la Ley de Empresas Públicas. Nueve años después el símbolo se moderniza y parece ser el telefonito, ese aparato de bolsillo que sirve para molestar a toda hora y en cualquier lugar, permite a los padres una vigilancia persecutoria de sus hijos y libera los espacios de trabajo con la construcción de las oficinas virtuales. El actual debate presenta dos áreas de análisis. Una es sobre el fondo de la cuestión y otra sobre el juego político.

En cuando al fondo, los asuntos en debate 

son en principio dos: uno, si ANCEL se mantiene dentro de ANTEL como parte de la misma empresa o se desprende de la misma; dos, si esa nueva empresa abre sus puertas a la participación de socios privados en hasta un 40% de su capital. Y esa apertura de capital puede ser por dos motivaciones diferentes, no excluyentes entre sí: una es la obtención de un socio privado, una multinacional de las telecomunicaciones que aporte tecnología y know how de gestión; la otra es lograr una importante cantidad de fondos líquidos para el Estado.

El primer punto es relevante porque en definitiva hace a la pregunta, ¿la telefonía básica se sostiene por sí sola o es un servicio subsidiado y un llamador para otras áreas de negocios, como la telefonía móvil y la trasmisión de datos? En Italia se ve en estos días el lanzamiento por parte de las empresas telefónicas de paquetes de contratos que van desde tarifa plana para la telefonía básica urbana hasta tarifa plana para la telefonía fija interurbana, y en ambos casos se ofrece un minutaje nada menor de telefonía celular. El enganche contractual entre la telefonía fija y la móvil es el gran elemento de seducción en la venta. Ese camino aparece como el opuesto al que se impulsa desde el gobierno (y se consagró en la ley de Presupuesto) al separar la empresa de telefonía básica con la de telefonía celular.

El segundo punto requiere de una clarificación previa: lo que se busca es una asociación con fines de acceso a mejor tecnología o es ante todo la realización de un activo, el desprendimiento de una parte del patrimonio estatal para utilizar ese dinero en otra cosa.

En cuanto al juego político es necesario partir de algunos hechos fuertes. Por un lado, el Frente Amplio es la primera fuerza del país y representa entre el 39% y el 45% del electorado residente en el país (según tomemos las cifras de la elección parlamentaria o del balotaje presidencial). Por otro lado, la coalición de gobierno representa a la mayoría del país, se mida como se mida.

Además, unos y otros, particularmente el Frente Amplio de un lado y Batlle y Lacalle del otro, representan concepciones opuestas sobre el papel del Estado y del mercado. Un cuarto hecho es que, en forma predominante, la sociedad uruguaya es partidaria de un Estado fuerte desde el punto de vista de su actividad industrial y comercial.

La privatización de una empresa estatal es un camino de difícil aceptación por la sociedad. Ahora bien, ¿qué quiere decir privatización? Y aquí quizás está uno de los meollos del problema. Hace tres lustros largos la oposición a la privatización desde algunos sectores de izquierda comprendía tanto la enajenación del Banco República como la concesión del restaurante del Ferrocarril. Las cosas han cambiado, la izquierda como gobierno ha avanzado mucho en materia de tercerizaciones y concesiones de obra pública; la palabra "privatización" como estigma la ha reservado para la enajenación de bienes públicos. En otras palabras, en la nueva concepción frenteamplista las privatizaciones no son aceptables pero sólo hay privatización cuando se vende un activo público, no cuando hay concesión o tercerización. Y queda la duda sobre cuál es el límite en materia de asociación (tema que se verá con el caso de la refinería de La Teja). Quiere decir que un camino puede ser viable o dejar de serlo, según al menos la mitad del país considere que hay o no privatización. Por tanto, las formas que se adopten y la forma en que se presenten las soluciones pueden llegar a ser decisivas.

El juego en este momento ha llegado a este nivel. La coalición de gobierno aprobó la ley de creación de ANCEL SA y autoriza la venta del 40% del paquete accionario. El Frente Amplio y los sindicatos han desafiado con el impulso al recurso de referéndum, que todo indica tiene probabilidades altas de ser exitoso, es decir, de sobrepasar el 25% de adhesiones y llegar al referéndum, situación que puede devenir en trampa mortal para el gobierno.

El presidente Batlle ha abierto las puertas a la negociación con Vázquez con la finalidad de impedir el referéndum; para ello promete no usar la potestad de vender el 40% del paquete accionario de ANCEL SA, pero se niega a modificar la ley. El Frente Amplio no puede dejar vencer el plazo constitucional para impulsar un referéndum, a cambio exclusivamente de una promesa presidencial, exige como es lógico la derogación de la norma. Una negociación paralela entre los presidentes del EP-FA y el Partido Nacional, vista con buenos ojos y hasta auspiciada por el presidente de la República, se demuestra viable y ante el primer avance el mandatario aplica el freno a una solución que pudiere parir el eje Vázquez-Lacalle. Es que apareció la amenaza de un juego triangular; a lo largo de los trece meses de gobierno Batlle se ubicó como el gran articulador del sistema político: es él quien negocia con Vázquez y con Lacalle, no hay negociación horizontal entre ellos dos. La única vez que se le escapó ese papel de vértice, en medio de la desprolijidad del proceso presupuestal y de la pérdida de timón de la conducción económica, Lacalle y Vázquez consagraron el triunfo de los reclamos universitarios.

Se asiste a un tire y afloje donde cada protagonista quiere cosas contrapuestas. Batlle quiere poder abrir ANCEL al capital privado, frenar un plebiscito y además evitar el fantasma del juego triangular y que se le escape el papel de único gran articulador, pero quiere también preservar su figura de gran dialoguista y preservar también que de ese diálogo no salga nada, que en definitiva la izquierda no participe de las soluciones.

Vázquez pretende evitar la privatización parcial de ANCEL, mantener el papel del gran dialoguista, el de gran opositor; quiere y no quiere acordar, quiere y no quiere el referéndum. Lacalle quiere abrir ANCEL al capital privado, quiere salir del arrinconamiento al que Batlle sometió al Partido Nacional y, para ello, necesita dialogar con el Frente Amplio y no le gusta mucho ese diálogo. Como se ve, el celular va camino a ser un símbolo de todo un gran debate político sobre el Estado y sobre el accionar del sistema político.

Publicado en diario El Observador
abril 1  - 2001