Lo que dejó Chico Tazo
Oscar A. Bottinelli
 

A mediados de la década de 1950 Uruguay alcanzó uno de los puntos más altos en materia de beneficios jubilatorios y pensionarios: 50 años de edad y 30 de trabajo como causal jubilatoria normal para el sexo masculino; cinco años menos en cada caso para el femenino. Como las decisiones políticas en general fueron fruto de las inspiraciones ideológicas y no de los cálculos aritméticos, algo comenzó a fallar en el sistema, como que si todos los derechohabientes accedían a la jubilación no había máquinacapaz de emitir los billetes de banco a la velocidad requerida. Surgió así uno de los dos grandes pilares del clientelismo: el trámite jubilatorio (el otro fue el de los nombramientos de funcionarios públicos), trámite que no corría solo sino a empujones 
políticos (y también a empujones de dinero, impulsados por una máquina de gestores y funcionarios de las cajas). Pero muchos candidatos empujando a la vez dieron al sistema una celeridad exagerada para la capacidad financiera, y así surgió uno de los inventos criollos más originales: el "pronto despacho". ¿Qué fue? Una orden de disposición exclusiva de cada uno de los cinco directores de cada una de las tres cajas (Industria y Comercio, Civil y Escolar, y Rural y Doméstica), elemento imprescindible para que el trámite deviniese en jubilación; por consiguiente, en cada caja el número de pasividades aprobadas tuvo necesariamente que ser múltiplo de cinco. El embudo en que devino el régimen previsional no sólo generó un puntal del clientelismo, sino también una formidable frustración ciudadana.

Por esa época alcanzó su cenit el único gran caudillo popular surgido al margen o quizás más bien al costado de los partidos políticos: Benito Nardone, conocido por su apodo "Chicotazo" o "Chico Tazo". Fundador de la Liga Federal de Acción Ruralista, inventor de la audición radial diaria, mezcla de informativo de mercado y prédica político-gremial, generó una formidable audiencia que devino en activa base militante. Cada vez más cerca de la política, tomó la frustración jubilatoria y planteó la solución: sustituir las malqueridas y desfinanciadas cajas de jubilaciones por algo sinónimo de dinero en caja: un banco, el Banco de Previsión Social. Así nació este nombre, incorporado al proyecto de reforma constitucional que en 1958 impulsó la coalición político-gremial triunfante, la del caudillo blanco Luis Alberto de Herrera y el líder ruralista de origen colorado Benito Nardone. La idea volvió en el proyecto de reforma herrero-ruralista de 1962 y nuevamente en el de todo el Partido Nacional de 1966. Cuando medio partido blanco pacta con casi todo el Partido Colorado un proyecto conjunto, que se plebiscitó con el color naranja y originó la Constitución actual, en medio del acuerdo entró el famoso banco, que se estrenó el mismísimo 1° de marzo de 1967, junto con la restauración de la figura presidencial.

En un país partidocéntrico, en que los partidos ocupan el centro del funcionamiento político y aun societal, cada vez que el sistema político necesita revalidarse apela a complementos corporativos. Las antiguas cajas de Asignaciones Familiares primero, los dispersos y crecientes seguros de enfermedad después, las cajas de compensación por desocupación en actividades zafrales (barracas de lana, industria frigorífica), fueron todas instituciones de conducción tripartita: gobierno, empleadores y asalariados. La forma, pues, de santificar a este flamante Banco de Previsión Social fue darle una integración mixta con siete miembros: el proyecto blanco preveía tres de origen político, dos en representación de los asalariados en actividad, uno por los empleadores y otro por los pasivos, y además exigía cinco votos para la adopción de resoluciones. El acuerdo naranja limó el predominio corporativo y mantuvo la hegemonía partidaria: otorgó la mayoría al sistema político (cuatro en siete) e igualó la representación de los tres órdenes; tampoco eliminó la exigencia de mayoría calificada.

Pero el proyecto blanco preveía un procedimiento viable: los tres representantes corporativos los designaba el Poder Ejecutivo de ternas propuestas por las organizaciones más representativas de cada orden. La reforma naranja fue más allá y estableció lo complicado: la elección directa de los tres miembros, y por las dudas, un régimen supletorio: que el Directorio del BPS funcionase sólo con los cuatro miembros políticos y, en tal caso, dada la alta probabilidad de empate, con el otorgamiento de voto desnivelador al presidente. Así funcionó el BPS desde su creación hasta comienzos de los noventa (con la interrupción de su sustitución por la Dirección General de la Seguridad Social durante parte del período militar). Bajo la Presidencia de Lacalle se procedió a la plena integración del Directorio y para evitar elecciones de singular complejidad se pasó a designar en forma directa a los representantes de los asalariados y de los empleadores y a realizar comicios para la elección del representante de los pasivos. Ahora, tras idas y vueltas, divorcios y matrimonios cruzados de la tríada política, se acaba de dictar una ley que en inequívoco romance establece: se convoca a elecciones para los tres órdenes, pero si en alguno de ellos se presentase una sola lista, sus candidatos pasan a ser designados por el Poder Ejecutivo. La ley contradice expresamente el texto constitucional, pero como se trata de una disposición transitoria, hay una vieja teoría, bastante aceptada, según la cual las disposiciones transitorias son derogables o modificables por la ley ordinaria. Despejada o no discutida la constitucionalidad, se pone en marcha el mecanismo: lista única de asalariados (presentada por el PIT-CNT), varias listas de organizaciones de jubilados y pensionistas, dos listas de empleadores. Como la ley es clara hasta la obviedad, implica elecciones en el orden de los pasivos, designación directa en el orden de los asalariados, elecciones en el orden de los empleadores. El presidente Batlle opta por la designación directa del representante de los empleadores, y para ello elige el candidato de una de las dos listas. El presidente y no el Poder Ejecutivo, porque el ministro del ramo anunció que no firma, no renuncia ni el presidente le pidió la renuncia. A este criterio se opone el Encuentro Progresista-Frente Amplio y el Partido Nacional y amenaza desatar una crisis política que no sólo estaba fuera de previsiones, sino por algo lateral.

Todo este relato tiene como finalidad presentar en pocos trazos al carbón cómo el sistema político se las ha ingeniado por casi medio siglo para enredarse en los aspectos formales de la conducción del sistema previsional, y hasta desatar crisis inoportunas por lo innecesarias.

Publicado en diario El Observador
marzo 11  - 2001