El pre-referéndum del 18
Oscar A. Bottinelli
 

El domingo venidero se realiza el séptimo acto de adhesión a un recurso de referéndum contra leyes nacionales, instituto creado por la Constitución de 1997 y sistema de actos de adhesión (o de votación unilateral) creados por la ley de 1989. Una vez más se verificará la incongruencia existente en nuestro país en materia de promoción de actos plebiscitario-referendarios. Para reformar la constitución o impugnar leyes departamentales (los denominados decretos de juntas departamentales) la ciudadanía expresa su voluntad mediante firmas, las que son verificadas

 y controladas por la Corte Electoral. Para impugnar una ley nacional no son válidas las firmas, pues se ha sostenido que la Corte Electoral no está capacitada para controlar y verificar firmas. Hay que confesar que uno no sale de su estupor al no poder entender cuál es la diferencia entre una firma estampada en materia constitucional y una estampada en materia legal; sería algo así como si los bancos dijesen que pueden verificar las firmas de cheques en pesos pero no están capacitados para verificar la validez de las firmas estampadas en cheques en dólares. Para acentuar la desprolijidad, la nueva ley reglamentaria del recurso, siempre remisa al uso de la firma, impuso en dos oportunidades la utilización de la impresión digital.

De los seis actos de adhesión a referéndum celebrados, dos lo fueron contra la Ley de Empresas Públicas en 1992, otros dos en 1998 contra la ley de Nuevo Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional y los dos restantes en 1998-1999 contra el artículo 29 de la Ley de Inversiones (nuevos plazos de caducidad y prescripción de las obligaciones laborales). Uno de los actos, contra la Ley de Empresas Pública, superó la barrera exigida (25% del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional, que equivale a poco más del 27% del electorado residente en el país) al lograr la adhesión del 32% de los empadronados. Los cinco restantes resultaron fallidos en distinta magnitud. En los tres que el Frente Amplio se comprometió con el mismo, es decir, que no sólo manifestó una adhesión declarativa, sino que acompañó con exhortaciones ciertas a participar, la concurrencia osciló entre el 16% y el 23% (la primera convocatoria contra la Ley de Empresas Públicas y las dos en relación al Marco Regulatorio). En las otras dos, en que la presencia política fue escasa, la asistencia osciló en torno al 10%.

En esta oportunidad el Encuentro Progresista-Frente Amplio puso algo de carne en el asador, no toda: Tabaré Vázquez centró en esta convocatoria el discurso conmemorativo de la fundación del Frente Amplio, los 30 años; hay indicios de cierta actividad de la estructura frenteamplista y en particular de sus principales sectores. Por otra parte, por primera vez aparecen fisuras: por un lado desde el seregnismo, tanto el líder histórico del Frente Amplio como el ex intendente capitalino Alberto Rosselli, principal figura de la Corriente Seregnista, han publicitado su decisión de no adherir al recurso; además, una figura prominente del Partido Socialista, como el actual viceintendente capitalino Ernesto de los Campos, ha calificado de inconveniente este acto votacional en particular (sin perjuicio de añadir que acatará la decisión y concurrirá a las urnas).

La izquierda encara un desafío contra la política del presidente Batlle, o más genéricamente contra la macropolítica reformadora del Estado, desreguladora y aperturista de la economía aplicada desde 11 años atrás, política a la que califica de "neoliberal". Desde el propio interés de la izquierda hay elementos a favor y en contra de haber elegido esta instancia para confrontar la política del gobierno.

Como elementos favorables a la oportunidad de la convocatoria cabe mencionar:

Uno. Aunque el juicio de la población sobre el desempeño del presidente Batlle es relativamente bueno, ha crecido sustancialmente el nivel de desaprobación, que al cierre de enero llega al 39%, si concurren tres de cada cuatro desaprobantes se pasa la barrera, se alcanza el éxito.

Dos. A esta altura parece una norma que cada vez que se privatiza un servicio, la empresa concesionaria se transforma (al menos en el arranque) en el mejor vocero antiprivatizador (se han dado pocos casos de buen manejo de la opinión pública). En esta oportunidad el caso es el de la empresa Uragua, abastecedora de agua potable en el departamento de Maldonado, con un importante incremento de las facturas y fallas importantes en el suministro del servicio.

Tres. Aunque aún no ha impactado sobre los consumidores, puede ser usado en la propaganda el sustancial incremento de la tarifa telefónica urbana que afecta de manera fuerte a los usuarios comerciales y, en una medida algo menor pero significativa, a los hogares.

Cuatro. La persistencia de la recesión económica y en particular del alto nivel de desempleo.

Como elementos desfavorables cabe citar:

Uno. La baja capacidad de movilización tanto de la izquierda política como la de la izquierda social (lo cual no quiere decir baja capacidad de convocatoria). No es lo mismo obtener la adhesión en una consulta obligatoria que motivar a la gente a concurrir

Dos. A concurrir en un domingo de febrero.

Tres. Las dificultades para convencer al propio electorado de izquierda que es importante impedir una sociedad mixta para potenciar una terminal de contenedores en el puerto y evitar la inversión de capitales privados en el transporte ferroviario.

A ello hay que agregar otro factor, que además de lo que incida o no en la convocatoria, puede significarle al Frente Amplio costos políticos. Desde su propia fundación, pero en particular a partir de la salida institucional, el FA se propuso penetrar fuertemente en el medio rural, particularmente a nivel de pequeños y medianos productores, y más aún entre los lecheros; al punto de designar a un importante gremialista lechero como su director en colonización. Hoy las gremiales de productores lecheros defienden las modificaciones a la ley de Conaprole que se introdujeron en la ley de urgencia, que entre otras cosas combate la injerencia política en la cooperativa, vía delegados del gobierno nacional y de la Intendencia de Montevideo, modificaciones que se pretenden anular con el referéndum.

Los próximos siete días serán muy importantes para el logro de unos con la motivación a concurrir y de otros para desmotivar.

Independientemente de la voluntad con que se tomó inicialmente el tema, el 18 pasa a ser un momento importante en el devenir político: un éxito en la convocatoria significa un importante freno a un proceso de 11 años y en particular para una administración que postergó para el año 2001 el encarar nuevas reformas y desregulaciones; un fracaso en la convocatoria sin duda genera el efecto contrario, da un gran envión al gobierno y al menos dificulta (quizás no impida, pero sí dificulta) la elección para la izquierda de un nuevo escenario de confrontación votacional.

Publicado en diario El Observador
febrero 11  - 2001