Políticos o no políticos
Oscar A. Bottinelli

Cuando este gobierno cumpla un año, y resten dos y medio para el inicio de la siguiente campaña electoral, quedarán integrados los nuevos directorios de la totalidad de los entes autónomos y servicios descentralizados. Recién entonces terminará la etapa de instalación del nuevo gobierno. El cronograma del periodo queda pues de la siguiente manera: doce meses de instalación, treinta y dos de tiempo íntegro de gobierno y dieciséis de campaña electoral; en porcentajes, la instalación lleva el 20% del periodo, la siguiente campaña electoral el 27% por lo que de todo un lustro queda exclusivamente un 53% dedicado pura y exclusivamente a un gobierno debidamente instalado. Es posible que apenas tome posesión el último directorio descentralizado, comience la danza de nombres para el primer recambio ministerial que muchos esperan en carteras clave para el otoño venidero.

Pero este retraso en la puesta en marcha no es un problema de morosidad en la toma de decisiones, sino una decisión en sí misma, producto de dos elementos. La postergación de casi todos los nombramientos para después de las elecciones municipales se explica cuando aparecen en las flamantes autoridades nueve candidatos recientes a intendentes municipales. Y no es casual que cuando el presupuesto virtualmente culmina su aprobación entonces se procede a completar el elenco político-administrativo. Es pues un concepto de premio. Y este concepto aparece aún más claro cuando a los aspirantes a intendente se suman también candidatos no electos a diputado y legisladores salientes. Los currículos, publicados detalladamente por El Observador el pasado jueves, revelan que la mayoría de los presidentes cuentan con experiencia empresaria, o la tenencia de una fuerte formación técnica, o el pasaje por cargos de alta responsabilidad política (la mayoría, pero no todos); en cambio, esos antecedentes se ven poco en quienes van a ocupar cargos de vocales o vicepresidentes, donde predomina la trayectoria político-partidaria o político-electoral. Sin necesidad de un análisis detenido surge con claridad: Uno, la mayoría del directorio en cada organismo corresponde al Partido Colorado y la minoría al Partido Nacional (tres y dos en los cuerpos de cinco miembros; dos y uno en los de tres; dos y dos, único empate, en el BPS). Dos, no hay participación de partidos políticos ajenos al bloque gobernante. Tres, en cada partido hay un respeto casi matemático (en el Partido Nacional es exactamente matemático) a los resultados de las elecciones de octubre para el prorrateo de los cargos entre los sectores políticos nacionales. Cuatro, a diferencia de los dos gobiernos anteriores, el partido del presidente lleva la totalidad de las presidencias.

Este breve paneo permite observar la existencia de varios temas de discusión sobre la composición de las direcciones de los entes autónomos y servicios descentralizados:

Uno. Cuál es la naturaleza de los cargos, si son de carácter político o de carácter técnico

Dos. En caso de ser técnicos, quien ejerce la conducción política (porque toda conducción, pública o privada, supone la aplicación de una política, y esa política implica valores e ideas; no existen soluciones técnicas abstractas, desprendidas de algún contenido político). Y en caso de ser políticos, cuál debe ser la idoneidad requerida.

Tres. Si estas funciones están directamente asociadas a la gestión de gobierno y su instalación debe realizarse en paralelo con la puesta en marcha del respectivo gobierno, o si no hay razones para que sean sincrónicas. En tal caso, si deben coincidir el largo de la duración de los mandatos, o puede haber diferentes soluciones para los distintos organismos.

Cuatro. Puede sostenerse la hipótesis que los cargos sean técnicos, o técnico-político, se exija para los mismos idoneidades claramente diferentes y hasta incompatibles con lo político-electoral, o para ser más precios, que el perfil de los individuos más aptos para dichas funciones no coincida con el perfil necesario para la obtención de captación electoral. En esta hipótesis, entonces surgen dos preguntas: la primera es si es posible la existencia de un escalafón político para quienes demuestren destrezas para el desempeño electoral y otro escalafón para quienes presenten aptitudes para la gestión de administración; la segunda es si el primer escalafón se compadece con la escasez de cargos para los cuales se adaptan las destrezas electorales.

Si se entiende que los cargos político-electorales son y deben ser pocos, surge una pregunta adicional: cómo se logra el profesionalismo político si quienes ingresan a esa profesión tienen una probabilidad extremadamente elevada de sufrir la desocupación y ver truncada su carrera a poco de andar. O cabe la otra alternativa: desestimular el profesionalismo político. En tal caso surge otra pregunta: ello se considera positivo o negativo, o qué tipo de personas puede atraer la política como ocupación de ratos libres, o en una formulación diferentes, quiénes pueden acceder a la política si no es de ratos libres sino una ocupación full-time, pero por escaso tiempo. En tal caso, debe ser una persona cuyo pasaje por la política le permita interrumpir y luego reanudar una actividad profesional, laboral o empresaria; o sus ingresos no dependan de una importante dedicación horaria; o, hipótesis nada descabellada, atraiga a individuos que sientan que el pasaje ocasional por la actividad política es una oportunidad rentable, una especie de despegue, ya fuere por la obtención de importantes réditos económicos (lícitos o ilícitos) o por el enriquecimiento del currículo que podría suponer la ocupación de cargos públicos electivos.

Estas reflexiones apuntan a un intento de ordenar la discusión. Al menos a plantear que no sólo debe analizarse en particular cómo seleccionar a quienes van a dirigir la administración en determinados niveles, sino en forma más genérica pensar cuál es el modelo que cada uno considera mejor, más eficiente y más representativo para la provisión del personal político. Porque no hay estado que funcione sin personal político, independientemente de la forma de reclutamiento, y con independencia aún de si ese reclutamiento es por elección o por otra vía. En sistemas electivos competitivos, que en general son denominados regímenes democráticos, la responsabilidad última de la selección del personal político es del conjunto de la ciudadanía. El defecto mayor es que a si a uno no le gusta el personal seleccionado, no puede echarle la culpa a otro, al menos sin mirarse al espejo. Porque el personal político es en última instancia el reflejo de lo que un pueblo quiso.

Publicado en diario El Observador
diciembre 17  - 2000