Lecciones de una crisis
Oscar A. Bottinelli

Estados Unidos afronta una seria crisis política originada oblicuamente por un sistema electoral anticuado, que fue perdiendo los fundamentos que le dio razón de ser, pero mucho más acentuadamente por deficiencias procesales y organizacionales que mellan la confianza en la cristalinidad de los resultados electorales. Y en este aspecto la crisis arroja algunas lecciones que el país debe tomar en cuenta.

En cuanto al sistema electoral Estados Unidos hace mucho que lo discute, particularmente cada vez que aparece el riesgo de la elección de un presidente que no fuere el candidato más votado según el voto popular, como ocurrió dos veces en el siglo pasado y posiblemente una vez a mediados de éste, cuando la elección de Kennedy sobre Nixon (el tema no es claro y existen diferentes conclusiones académicas, pero una muy recibida es la que atribuye a Nixon más votos populares que a Kennedy, según los cómputos del Estado de Alabama). La razón del sistema de elección indirecta con voto de los Estados en bloque y más o menos en proporción a su población es un producto de dos elementos: por un lado el federalismo y consecuentemente el principio territorial en primacía sobre el principio político, pero por otro lado la coincidencia de intereses entre ambos partidos (federalistas y democrático-republicanos) en proteger su hegemonía exclusiva y excluyente al interior de los estados de su dominio, para lo cual necesitaban formas de representación monopólicas. Así surgió la elección por lista cerrada y bloqueada (general ticket, generalizado entre 1832 y 1836 y aplicado hoy en 49 de los 51 distritos electorales) y la aplicación del principio mayoritario extremo (la lista más votada obtiene la totalidad de los escaños de delegado al colegio electoral). Pero la elección indirecta ha dejado de serla, en tanto ya los votantes no sufragan por listas de delegados, electores o compromisarios, sino directamente por los candidatos presidenciales: en más de dos tercios de los distritos electorales el votante emite su voto (escribe la boleta, aprieta el botón) sobre el nombre del candidato presidencial. Procedimiento técnicamente incorrecto, cuando en verdad no vota a ningún candidato presidencial sino a una lista de delegados, cuyos nombres no aparecen en el momento de votar. Aquí sí que es aplicable aquella frase de Juan Vicente Chiarino: el voto es tan secreto que el votante no sabe por cuáles compromisarios vota. Este cambio de procedimiento, de transformación del voto indirecto en voto directo, sumado a los procesos de consolidación de la nacionalidad norteamericana, la pérdida de identidad de los estados, la fuerte migración interna (de norte a sur, de este a oeste) y más la fuerte migración externa, han hecho perder el sustento teórico al sistema electoral de elección del presidente por un colegio electoral a su vez elegido por un sistema mayoritario extremo. Ello hace que no sean 180 mil los votos de diferencia entre uno y otro candidato, sino apenas más de trescientos ubicados en el estado de Florida. La elección presidencial de todo Estados Unidos quedó reducida al estado de Florida, que a su vez quedó reducida al condado de West Palm Beach. Me hace acordar a aquella vieja definición de un viajero de principios de siglo que decía que Uruguay es una ciudad (Montevideo), Montevideo es una calle (18 de Julio) y 18 de Julio es una vereda, la de los números impares.

Pero las deficiencias o la obsolescencia del sistema electoral deviene en crisis cuando surgen dos problemas. El primero de ello es la debilidad en las garantías del procedimiento electoral, producto por un lado de los formalismos poco rígidos del derecho sajón (al menos en comparación con la tradición románica) y por la incorporación de tecnologías sin la debida contrapartida de rigurosas conclusiones sobre sus riesgos. En West Palm Beach, como en otros lados (porque el problema no es un de un solo lugar ni los perjuicios seguramente no fueron solamente para Gore, sino que en otros lados debieron ser para Bush), la botonera era extremadamente confusa, algo así como en esos cajeros automáticos que cuando queremos hacer un depósito la flecha marca un botón pero en realidad el que funciona para depósitos es el de arriba o el de abajo. Y lo que es de gran importancia es que entre el acto en que el elector emite su voto y el documento donde el se contabiliza hay una intermediación. El registro del voto queda en una tarjeta perforada, que no perfora el elector. Este aprieta un botón que a su vez perfora una tarjeta, el votante no ve donde es que la tarjeta se perfora. Por tanto, los procedimientos de recuento presentan un vicio importante: el objeto de contraste no es un documento primario, que no existe, sino un documento secundario. Cuando lo que se marca es una hoja de papel el votante pone una cruz, marca o tacha al lado o debajo exactamente del nombre del candidato; puede equivocarse, pero el error es evidente para quien lo quiera ver: él puede controlar que efectivamente la boleta indique lo que quiso indicar. En Uruguay el procedimiento es más inequívoco, pues se introduce una hoja que se identifica por un número, un color asociado con un partido, generalmente la fotografía del candidato principal, el nombre del partido, el nombre del grupo político y a mayor abundamiento todos y cada uno de los nombres y apellidos de todos los candidatos a todos los cargos. Que es burocrático no hay duda, pero que ofrece todas las garantías para que nadie se equivoque también es claro. Por eso hay que tener mucho cuidado, y los Estados Unidos dan una lección por defecto, cuando se reacciona frente a esas listas ordinales de votantes escrituradas a mano, el sobre con la tirilla, los conteos y reconteos de sobre, tirillas y hojas, las cuatro actas, el doble candado y la hoja de votación sábana. Es que en todo ese procedimiento digno del español renacentista o de la Roma de los césares, ahí están las garantías.

La otra lección tiene que ver con la necesidad de autoridades electorales independientes, respetadas por todos, que otorguen garantías a todos los actores. La garantía está en la confiabilidad, y la mayor confiabilidad está en que, en el error o en el acierto, esas autoridades sean designadas con la conformidad y el apoyo de la totalidad del sistema político. Uruguay pese a todas sus garantías, que no las tiene Estados Unidos, y a sus tres cuartos de siglo de historia electoral sin controversias fundadas, no puede darse el lujo de ir a una elección reñida con una Corte Electoral que no guarde la confianza de uno de los actores principales, o de medio país. Mucho menos puede ir a elecciones reñidas con procedimientos de designación de la Corte, o de no designación, que por ese mero hecho levante suspicacias de uno de los actores. Esta otra lección aparece justo en estos días casi como una clase particular de lo que no hay que hacer.

Publicado en diario El Observador
noviembre 12  - 2000