El breve lapso de gobierno
Oscar A. Bottinelli
 

Cuando se aprobó la reforma constitucional hace casi cuatro años, uno de los efectos previstos fue el acortamiento del tiempo útil de gobierno. Se pasó de un régimen de elección única y fija (un "election day") que prevaleció seis décadas, al sistema recién estrenado de cuatro elecciones en cincuenta y cuatro semanas de punta a punta. El presidente de la República asumió el primero de marzo, pero las diez primeras semanas del estreno gubernativo se superpuso con la última campaña electoral o conjunto de campañas electorales donde se dirimieron los señoríos feudales (de feudos bastante empobrecidos, por cierto). Ahora bien, hasta cuándo va a durar el tiempo útil de gobierno, el tiempo efectivo de gobierno, cuyo comienzo hay que ubicarlo a mediados de mayo, con un largo precalentamiento en los tres meses de verano y un lento estreno de dos meses y medio más. Para los más optimistas la ley marca el momento de comienzo de la primera campaña electoral, en marzo de 2004, fecha en que comienza la posibilidad de propaganda electoral directa hacia las elecciones preliminares, que en realidad es la primera vuelta presidencial y municipal y la etapa pre-calificatoria parlamentaria. Pero ese optimismo choca con otra disposición constitucional: los directores de entes autónomos y servicios descentralizados que aspiren a cargos senatoriales o de diputado deberán renunciar un año antes de los comicios legislativos, vale decir, la dimisión debe efectivizarse el 31 de octubre de 2003. Si se repite algo parecido a lo ocurrido el año pasado, una catarata de renuncias en esa fecha señala el inequívoco comienzo de la campaña electoral. Una campaña que con altos y bajos, con suspensos y respiros, no para al menos hasta el 28 de noviembre de 2004, trece meses después.

Resulta que el 31 de octubre de 2003 es dentro de menos de tres años y el nuevo gobierno todavía no se ha instalado la mayoría de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, con la excepción de los bancos Central y República, la red de consejos de ANEP y la presidencia (sólo la presidencia) de Antel. Cuando finalmente asuman estos nuevos directorios muchos de los titulares lo harán para cumplir un breve contrato de algo así como la mitad de un periodo normal, porque no va a ser mucho más de dos meses y medio que van a estar en el cargo todos aquellos que mañana ingresarán para en octubre de 2003 renunciar para aspirar a un cargo legislativo, como en general esta categoría de dirigentes ya lo hizo sin éxito el año pasado. Un resumen de cifras da este resultado: hace doce meses se eligió el Parlamento y once al presidente de la República, y queda sin instalar buena parte del gobierno, cuando restan menos de tres años para el inicio de la próxima campaña electoral. Como tiempo útil de gobierno para un quinquenio no es mucho, y más bien cabe definirlo como  el breve lapso útil de gobierno.

En contra de este razonamiento se puede argüir que cinco de los presidentes de los entes más importantes ya están en funciones, o porque fueron designados previamente como Antel o los bancos Central y República, o porque continúan los mismos, como Banco Hipotecario y Ute. Y a mayor abundamiento puede decirse que cada vez más la decisión se centra en la acción cotidiana y en el diseño estratégico de los presidentes, que los directorios han perdido buena parte de su poder, salvo cuando el presidente se enfrenta a la mayoría del Directorio (como en algún lado ocurrió no hace mucho) o cuando el presidente se enfrenta al staff gerencial, el cual es respaldado por la mayoría de los directores (como también ocurrió). Salvo en esos casos anormales y excepcionales, la norma es que manden los presidentes. El problema de este razonamiento es que si efectivamente es así, si es irrelevante a la marcha de un gobierno que el conjunto de los directorios tarde un año en asumir, entonces ¿para qué existen esos directorios colegiados?. O la conducción es pluripersonal y es ejercida por un órgano unipersonal, o la conducción es unipersonal y el órgano es unipersonal. Lo que no cuaja es una conducción unipersonal en el contexto de un directorio pluripersonal. Porque si la función que se le asigna es recortar las potestades de ese presidente, el temor siempre existente al desborde de poder, entonces lo que cabe hablar es de órganos de contralor y no de directorios.

El problema no es de este gobierno. Un rápido pantallazo de los anteriores seis gobiernos constitucionales da este resultado: en solo dos oportunidades asumieron plenamente todos los entes autónomos en los dos primeros meses del mandato presidencial (cuando el retorno al ejecutivo unipersonal en 1967 y cuando el también retorno al régimen constitucional en 1985, es decir, con Gestido y la primera administración Sanguinetti), lo que sugiere a priori que tiene que ocurrir algún cambio de tipo institucional para que las designaciones se precipiten. Pero a priori no quiere decir siempre, porque en esta oportunidad ocurrió un cambio institucional importante y no varió el ritmo de nombramientos. Más aún, desde la administración Sanguinetti, y en parte en la de Lacalle, se instauró el mecanismo de los nombramientos a cuentagotas, lo que también alarga el proceso. Para completar la información: el segundo colegiado blanco hizo las designaciones bien avanzado el primer año y Bordaberry las hizo en el segundo año, ya ocurrido el Pacto de Boizo Lanza, como un paso significativo del acceso militar a funciones políticas.

Parece conveniente dejar planteado que el país tiene que ir definiendo algunas cosas básicas:

Una. Si la conducción de las empresas del Estado y organismos autónomos y descentralizados requiere la confianza política del gobierno o en cambio son conducciones de tipo técnico o empresario y por tanto relativamente inmune a los cambios de gobierno. Si es lo primero nada obsta a que se designen en cualquier momento, pero eso no es lo que ocurre en la actualidad. Si es lo segundo parece conveniente que las conducciones se instalen simultáneamente con el nuevo gobierno y aprovechen todo el tiempo útil posible, antes que sobrevenga la siguiente campaña electoral.

Dos. Más allá de leyes reglamentarias de campañas electorales, de eficacia relativa, son otros hechos los que precipitan y dilatan el comienzo de las mismas. Uno de ellos, sin exagerar su importancia, es el momento en que los actores políticos deben tomar decisiones de permanencia o abandono de cargos. La disposición que obliga a los directores de entes a renunciar un año antes para disputar escaños legislativos, lejos de ser una limitante para las candidaturas es un precipitante de la toma de decisiones de tipo electoral y, por tanto, de arranque de la propia campaña.

Tres. Si basta con nombrar a los presidentes habría que ver el sentido de tener tres o cinco miembros sentados en los directorios, y si alguna función cumplen estos órganos tri o pentanominales, entonces no es suficiente con la designación de los presidentes.

En cualquiera de los tres temas es válido sostener una u otra alternativa. Lo que si es conveniente que las opciones que se elijan sean coherentes y se apliquen con coherencia.

Publicado en diario El Observador
noviembre 05  - 2000