Los sueldos del Estado
Oscar A. Bottinelli
 

La Presidencia de la República difundió días pasados una lista parcial de los sueldos más importantes de diferentes reparticiones públicas. Sin duda la lista es parcial, no aparecen las retribuciones del grueso del funcionariado, precisamente las más bajas, y no hay promedios que permitan comparaciones entre organismos. De allí pues, algunas críticas de gremios de funcionarios.

Pero la jugada del Edificio Libertad corrió el velo a uno de los secretos de Estado mejor guardados: cuánto ganan los funcionarios públicos, esta vez, algunos. Un secreto producto de varias cosas, una de las cuales sin duda es la falta general de acceso a la información pública, no por un problema necesariamente de ocultamiento, sino de obsolescencia en las técnicas de gestión, proceso y almacenamiento de datos; dificultad de acceso no sólo para el común de la gente, sino también para los propios legisladores. No sólo es difícil conocer las retribuciones de los funcionarios, sino también de los gastos y las inversiones del Estado, y hasta los propios datos nada menos que del Instituto Nacional de Estadísticas.

El secreto también se explica porque desde muy larga data una infinita variedad de sectores públicos nunca quiso que se supiesen sus retribuciones. Puede recordarse a vía de ejemplo los funcionarios del Poder Legislativo, de las ex-cajas de jubilaciones, de las desaparecidas cajas de compensaciones por desocupación, de asignaciones familiares y de seguros por enfermedad, de las oficinas pasadas y actuales de recaudación impositiva, del servicio exterior, de Salto Grande, y de los mil y un recovecos del Estado y de la paraestatalidad. Un tercer ingrediente es que el conocimiento cabal de cuanto gana un funcionario no pocas veces es tarea de eruditos: descifrar lo que percibe en términos monetarios y no monetarios, con la suma de sueldos más varios tipos de compensaciones, más otros tipos de extraordinarios, más beneficios en especie (tratamientos dentales, reducciones de tarifas, tasas de crédito preferenciales).

El puntapié presidencial puso a rodar una pelota que, si sigue corriendo y nadie la detiene, lleva al cabal conocimiento de cuánto gana, sumando todo lo sumable, cada uno de quienes reciben retribuciones por servicios personales del Estado en su acepción más amplia: administración central, entes autónomos, servicios descentralizados, los otros poderes gubernativos, los gobiernos departamentales en todas sus ramas, las entidades paraestatales, las empresas privadas de propiedad o con participación estatal, en fin, todo lo que de alguna manera surge del Estado y que a título de comodín de trabajo, llamaremos reparticiones estatales.

De lo poco que ha divulgado la Presidencia de la República, de lo que agregaron algunos sindicatos y de otro tanto que se sabe o conocen los entendidos, surgen algunas primeras impresiones significativas, que conviene enumerar:

Una. Hay una fuerte diferencia entre las reparticiones estatales, al punto que la misma función en una de ellas puede estar retribuida cinco o diez veces más que en otra. No es lo mismo poner un sello en un papel en un escritorio de un banco que poner un sello parecido (seguramente más viejo y carcomido) en un papel en un viejo mostrador de Salud Pública

Dos. En una misma repartición el sueldo más alto puede estar cinco u ocho veces por encima del promedio, y consecuentemente unas quince o veinte veces por sobre el sueldo más bajo. Y en otra repartición el sueldo más alto está dos o tres veces por encima del promedio y cinco o seis veces por sobre el más bajo.

Tres. Hay reparticiones que ocultan por exceso y otras por pudor a desnudar la miseria

Cuatro. A priori no hay una lógica general, o la misma es extremadamente críptica, como que es lo mismo ser grado 5 con dedicación total que lavador de coches en el Banco de Seguros.

Seis. La única igualdad o proporcionalidad de retribución que hay es en los cargos claramente políticos: los electivos, los de responsabilidad política y los de particular confianza

Siete. La proporcionalidad antedicha lleva como consecuencia a la ruptura de los conceptos básicos de toda estructura funcional, como que el presidente de una empresa estatal, que claramente se ha transformado en el Chief Executive Officer de la misma, gana generalmente menos que el alto staff ejecutivo, y en algunos casos menos que mandos medios (el presidente del Banco República debe ganar más o menos como un gerente de sucursal)

Ocho. Casi ningún sueldo de los más elevados del Estado es producto primario y directo de la actividad política (puede ser un producto secundario, pero no es el personal política, la clase política la que aparece con las mayores retribuciones).

Visto este pantallazo, viene el análisis, que no es tan sencillo. Primero que todo porque se cruzan muchas lógicas en la determinación de las escalas salariales. Por ejemplo, en la vida real del Uruguay del último medio siglo, dos elementos provocaron importantes desniveles salariales: la proximidad de algún funcionariado a las dirigencias políticas (sustituida durante algo más de una década por la cercanía a jefaturas y superioridades militares) y la existencia de sindicatos fuertes, cohesionados, con capacidad de presión y habilidad de negociación. Un segundo asunto es si es válido o no el principio de a igual función igual remuneración, que es un axioma, y como tal indiscutible y sin necesidad de demostración, tan indiscutible como inaplicado, porque por ejemplo no es fácil distinguir qué quiere decir igual función entre una empresa de seguros, una inspección impositiva y un hospital.

Un tercer aspecto es que el Estado no es un único empleador, sino que una cosa es por ejemplo la administración central y otra completamente distinta una empresa pública de telecomunicaciones o bancaria, las cuales coexisten y cada vez más empiezan a competir en algún área, grande o chica, con empresas privadas del mismo ramo. Entonces aquí viene una pregunta ¿la igualdad de función con igualdad de remuneración de los empleados de un banco del Estado, debe hacerse con los funcionarios de Salud Pública o con los de la banca privada? No es un tema menor. Y un cuarto aspecto es que en varios lados la única posibilidad de captar altos ejecutivos fue salir a competir con la actividad privada con ofertas salariales acordes, o en otros casos también la empresa público se vio en la disyuntiva de igualar sus retribuciones a la actividad privada o sufrir la fuga de sus técnicos (como le ocurrió a Antel); las empresas estatales sintieron en las planillas de sueldos las reglas del mercado, y afrontaron la disyuntiva de asumir las reglas del mercado o imposibilitarse de cumplir sus funciones con la capacidad técnica o gerencial indispensable.

Estos son apenas unos apuntes iniciales en borrador de un tema harto complejo y poco debatido en globalidad. Lo importante es que si la pelota comenzó a rodar, se instale en el país un debate omnicomprensivo.

Publicado en diario El Observador
octubre 15  - 2000